Temen que los terrenos desocupados se entreguen a empresas trasnacionales

No al desalojo en Montes Azules: ONG

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 29 de mayo. Quince organizaciones civiles y de derechos humanos manifestaron su rechazo a que sean desalojados los poblados asentados en la reserva de la biosfera de Montes Azules.

En un comunicado de prensa divulgado esta noche, manifestaron su certeza de que el desalojo que pretenden realizar los gobiernos federal y estatal "no es para restituir las tierras ocupadas a la comunidad lacandona ni para proteger la biodiversidad", sino "para cumplir las exigencias del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y satisfacer a empresas trasnacionales interesadas en explotar" los recursos naturales de la zona.

"Cada día es más claro que los gobiernos federal y estatal coinciden en su postura de conservación sin los pueblos indígenas, pero sí a favor de empresas trasnacionales, lo que contraviene el discurso de las autoridades en cuanto a su política hacia los pueblos indígenas", agregaron las organizaciones, entre las cuales se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García.

Los organismos exigieron también el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, y el respeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Aseguraron que el gobierno ha iniciado una campaña para desalojar los 42 poblados asentados en Montes Azules y cuestionaron los planes de "reubicación" de las comunidades asentadas en el área. "Estamos convencidos de que la causa histórica de la acción es la entrega a corporaciones extranjeras de esta porción del territorio nacional, como en este caso lo evidencian los enormes letreros de la armadora Ford Motor Company y del organismo local Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC -del ex director de la reserva, Javier de la Maza-, desplegados a manera de mojoneras en el límite sureste de la zona de despeje; uno de los cuales fue ya plantado precisamente a orillas de la tierra de donde fueron desalojados los habitantes de Lucio Cabañas", aseveraron.

Recordaron que el 19 de diciembre pasado, ante la presión del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Ignacio Campillo García, 27 indígenas choles que vivían en Lucio Cabañas -conocido también como Arroyo San Pablo- salieron de la zona, con la promesa de que les darían tierras en otra parte. Sin embargo, cansados de esperar durante cinco meses lo ofrecido, el pasado lunes decidieron romper negociaciones con la Profepa y por su cuenta se trasladaron al municipio de Marqués de Comillas, y dijeron que el gobierno los "engañó, al no cumplir su palabra".

Aseguraron que el suyo es un ejemplo para que los demás poblados asentados en Montes Azules no acepten la reubicación, porque "seguramente también los dejará tirados el gobierno, como a nosotros".