Reducir litigios en juzgados federales, entre las metas

Ordena la Sedena respeto a los derechos de soldados

Busca Vega García fomentar "cultura de la legalidad"

JESUS ARANDA

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Gerardo Clemente Vega García, emitió un acuerdo dirigido a todos los mandos del Ejército Mexicano para fomentar una "cultura de la legalidad" que garantice el respeto a los derechos humanos y garantías individuales de los soldados.

Un punto central del documento es que toda petición que remita el personal a su superior deberá tener una respuesta "fundada y motivada" en la legislación federal y en la ley castrense, lo que se traducirá en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de quienes forman parte del Ejército y la Fuerza Aérea.

Fuentes militares precisaron que la medida busca sentar las bases para reducir de manera significativa los litigios que enfrenta la Sedena ante juzgados federales por cuestiones administrativas, así como las denuncias que son interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La idea es garantizar la vigencia de los derechos humanos en las fuerzas armadas y "evitar conflictos" que muchas veces no tienen razón de ser y, al llegar a los tribunales federales, se complican más "sólo porque una decisión no se fundamentó ni se motivó como debe ser".

Se espera que la decisión impacte directamente en los órganos de justicia del Ejército y en la carga de trabajo de la Procuraduría Militar, ya que ésta actúa con la representación legal del secretario de la Defensa en todos los litigios en los que está involucrada la dependencia.

Entre los objetivos planteados por Vega García destacan fomentar una cultura de legalidad y de respeto a los derechos y garantías individuales del personal militar, así como garantizar la seguridad jurídica del personal para evitar en lo posible la interposición de demandas de amparo en tribunales federales o quejas ante el ombudsman nacional.

Esta medida fue calificada de "altamente positiva" por funcionarios de Sedena, quienes añadieron que todo militar tiene derecho de acudir ante la instancia legal correspondiente cuando la respuesta a una petición determinada "no esté debidamente fundada y motivada".

En el documento se reconoce que es "relativamente fácil" que las autoridades castrenses incurran en violaciones de procedimiento o en errores en la integración de determinados asuntos -como ocurre en juicios administrativos por pensiones, retiros o incluso en casos de deserción-, por lo que es fundamental que todo acto de autoridad esté fundado y motivado para evitar complicaciones legales. Aceptaron que una gran parte de los litigios que enfrenta la dependencia son por decisiones de los mandos en los que no se siguió el procedimiento establecido y, por ende, concluyeron ante los tribunales federales.

La orden tiene fundamento constitucional, el artículo 15, en el que se precisa que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, algo que había dejado de ser práctica común en el ámbito castrense.

La decisión del alto mando obedece también a que a partir de la presente administración, el número de litigios en los que está involucrado el Ejército aumentó.

Sin embargo, fuentes militares rechazaron que esto sea producto de que en las fuerzas armadas haya más conflictos entre la autoridad y los soldados; más bien, dijeron, es producto de una nueva realidad en la que la ciudadanía confía cada vez más en los tribunales para defenderse.

De ahora en adelante, cada vez que un soldado solicite a su superior un permiso determinado, vacaciones, o bien que sea objeto de una sanción administrativa, como son los arrestos, el mando deberá tener cuidado de fundar y motivar su respuesta, para que no haya dudas sobre su decisión pero también para que en caso de que el asunto trascienda a los tribunales federales, la Sedena cuente con las herramientas legales necesarias para defender con éxito la postura institucional.