Emilio Pradilla Cobos

Daños colaterales del megadistribuidor

Durante el tiempo que llevan las obras del distribuidor de San Antonio, y sobre todo en los últimos días, cuando se aceleraron los trabajos para que pueda ser inaugurado por el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, los automovilistas y peatones que transitan por la zona de obras, así como residentes y usuarios, han padecido el impacto negativo de la construcción. El mandatario capitalino habla de molestias causadas por la obra, y los estrategas militares dirían que son sus daños colaterales.

El cambio de sentido a las vías o su cierre por las obras o el movimiento de maquinaria, mal informados a los conductores, han causado embotellamientos constantes en la zona; los trabajos en el complejo trazo del distribuidor, que en varios puntos se desarrolla sobre calles estrechas, interfiere el acceso de los residentes a sus estacionamientos o viviendas, sobre todo en la noche, obligándolos a perder tiempo mientras esperan el desplazamiento de las máquinas. No se formaron vías peatonales alternas, señaladas y protegidas, y los peatones tienen que transitar entre tierra, materiales de construcción y trabajadores, con riesgo de accidentes, agresiones verbales u otras molestias. El trabajo con maquinaria pesada y potentes faros de iluminación perturba la vida diurna y el descanso nocturno de los residentes y trabajadores, con ruido ensordecedor constante, y exceso de luz en las áreas de trabajo o descanso. En muchos puntos o tramos, los puentes y accesos se desarrollan sobre los inmuebles o a escasos centímetros de su fachada, por lo que los efectos nocivos temporales y la pérdida permanente de iluminación y ventilación causarán daños grave y duradero a la salud y la tranquilidad de los vecinos.

Otro daño colateral no resuelto por el gobierno local y los contratistas ha sido el impacto sobre la actividad económica de la zona. Diversos negocios, sobre todo comerciales y de servicios, han cerrado parcial o totalmente por la obstrucción del acceso; sus empleados y mercancías sufren daño por la masa de polvo flotante o sobre el suelo, lo que también afecta los enseres y la salud de los residentes. Los resultados han sido: pérdidas económicas para las empresas o negocios, y desaparición de puestos de trabajo, en un momento de recesión económica, lo que agrava el efecto negativo.

La obra, diseñada y construida al vapor, dados los tiempos electorales y la búsqueda de popularidad rápida, y la restricción presupuestal en nombre de una austeridad mal entendida, no previó ninguno de estos daños, o sus promotores los menospreciaron. Aunque no se hayan reportado accidentes graves y los vecinos y usuarios hayan soportado estoicamente los daños, el Gobierno del DF y las constructoras han afectado los derechos de los residentes y trabajadores a una calidad de vida digna y a la preservación de su patrimonio; y el derecho al trabajo y a la actividad empresarial de los trabajadores y empresarios de la zona. En una sociedad que respete el estado de derecho, empresarios, trabajadores, residentes y transeúntes deben gozar de una adecuada protección contra estos daños colaterales, o de una compensación justa de las pérdidas sufridas. Los anunciados incentivos para los empresarios no cubren el daño sufrido por los demás actores, ni compensan la magnitud de las pérdidas de éstos o de los demás afectados.

Es pronto para saber cuál será el impacto negativo que se causará sobre los precios y usos del suelo en la zona; lo que ya se observa, que luego se agudizará, es la desvalorización del patrimonio habitacional, pues la zona dejará de ser adecuada para la vivienda por el aumento de la contaminación atmosférica y del ruido generado por los vehículos que transiten por el distribuidor, las luces de los autos en pisos superiores, y el deterioro de las condiciones sociales y de seguridad bajo los puentes, que serán usados por delincuentes, teporochos, personas sin casa y ambulantes.

Prevenimos sobre estos hechos, pues era evidente que por la densidad inmobiliaria y vial de la trama urbana donde se localizaba la obra, era imposible que se evitarán, pero la publicidad oficial insistió en negarlos. Podemos afirmar, sin lugar a duda, que esta situación se repetirá a lo largo del trazo de los segundos pisos en Periférico y Viaducto -sobre todo en esta vía por su estrechez-, sus distribuidores y obras complementarias. Aunque los vecinos del megadistribuidor han mostrado una paciencia digna de mejor causa, acostumbrados al autoritarismo del régimen político mexicano y los pocos medios de defensa con que cuentan los mexicanos, creemos que si el jefe de Gobierno insiste en continuar su antiurbano proyecto, debería al menos plantear a los contratistas medidas de protección y seguridad para los transeúntes y los vecinos, tomar precauciones estrictas para evitar estos daños, y resarcir las pérdidas laborales, económicas y en la vida cotidiana de quienes los padecen; es un derecho inalienable de los ciudadanos.