Legisladores nacionalistas vascos denuncian "injerencia" en la Cámara

Ordena el Tribunal Supremo disolver el grupo parlamentario de Batasuna

Que magistrados expliquen a los niños la prohibición de carteles pacifistas: padres de familia

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 21 de mayo. El Tribunal Supremo español consolidó este miércoles la proscripción de la coalición independentista vasca Batasuna por su presunta vinculación con el grupo armado ETA, al ordenar hoy al Parlamento vasco regional que "disuelva sin demora" al grupo abertzale para que éste se intregre en el grupo mixto "sin perjuicio" de sus siete legisladores.

Parlamentarios nacionalistas vascos afirmaron que la orden del tribunal es una "injerencia" en el funcionamiento y reglamento interno de la Cámara, y un ataque a "los derechos fundamentales y a las bases del sistema democrático".

A cuatro días de las elecciones municipales y autonómicas en este país, el Tribunal Supremo español exigió la inmediata disolución del grupo parlamentario Socialistak Abertzaleak (SA), formado por los siete diputados y dirigentes de la izquierda separatista vasca que son: Arnaldo Otegi, Jone Gorizelaia, Antton Morcillo, Joseba Álvarez, Jon Salaberría, Araitz Zubimendi y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, quien se encuentra prófugo porque existe una orden de aprehensión en su contra, acusado de estar involucrado en atentados de ETA.

Los jueces del tribunal fueron los mismos que refrendaron el pasado 27 de marzo la proscripción de Batasuna, que por primera vez desde la reinstauración de la democración en este país no participará en las elecciones, y que representaba a 10 por ciento del electorado vasco, lo que significa más de 200 mil personas. El proceso de proscripción fue posible gracias a la nueva ley de partidos políticos aprobada en solitario por el derechista Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El Tribunal Supremo advirtió al presidente del Parlamento vasco, el nacionalista moderado Juan María Atutxa, que la exigencia de disolver el grupo parlamentario de Batasuna debe acatarse "sin demora" y que en caso contrario estaríamos ante "un grave atentado al estado de derecho". El órgano judicial nombró ya a tres personas del aparato público para que "liquiden" el patrimonio de la coalición disuelta, que sería destinado a "obras sociales" y a la ayuda de las "víctimas del terrorismo" etarra.

El ministro del Interior español, Angel Acebes, expresó que la medida "demuestra que el estado de derecho de nuevo ha funcionado correctamente y sin someterse a las burlas y a los intentos de ETA por defraudarle". Agregó que "a partir de esta resolución el Parlamento vasco tiene que cumplir; no le queda otra salida, ya que todos los poderes públicos estamos sometidos al imperio de la ley; quien determina su aplicación es el Poder Judicial y por lo tanto tiene los instrumentos para obligar a que se ejecute lo juzgado".

Sin embargo, el vicepresidente del Parlamento y presidente del partido nacionalista Eusko Alkartasuna (EA), Gorka Knorr, explicó que dado que "no existe previsión reglamentaria alguna para llevar a cabo la disolución de un grupo parlamentario" y que el "reglamento del Parlamento vasco no considera la posibilidad de disolver a un grupo parlamentario constituido en su seno", su grupo -mayoría en la Cámara- "no propiciará" la disolución del grupo abertzale.

Knorr añadió que el Tribunal Supremo "debe entender que el Parlamento vasco no son las cortes franquistas, y que no nos vamos a hacer harakiri porque somos demócratas y vamos a defender la democracia con todas sus consecuencias".

El presidente vasco, Juan José Ibarretxe, afirmó que "a Madrid no le preocupa la proscripción de Batasuna ni los votos nulos a las plataformas de la izquierda abertzale", sino los que obtendrá su coalición (Partido Nacionalista Vasco-EA). El lehendakari reclamó a la sociedad vasca que el próximo domingo se convierta en "una marea humana que quiera solucionar las cosas y no una marea negra como la que trajo la gestión del PP de la catástrofe del Prestige", que también afectó sensiblemente a las costas vascas, además de las gallegas, asturianas, francesas y portuguesas.

En cuanto a la prohibición, anunciada el martes, de que carteles y calcomanías de "no a la guerra" sean retirados de los locales electorales y sus "inmediaciones" durante los comicios del domingo próximo, la Asociación de Padres de Alumnos expresó en un comunicado que la prohibición también deberá obligar a que los magistrados y los representantes del gobierno de Aznar "den una explicación a los niños sobre las razones por las que ordena que se descuelguen unos carteles en favor de la paz, en los que profesores y alumnos han empleado esfuerzo y entusiasmo".