Orlando Delgado Selley

Las elecciones y el IPAB

esde que a finales de 1998 las bancadas del PAN y el PRI, bajo la conducción de los entonces responsables de la Secretaría de Hacienda, encontraron una forma de resolver el espinoso problema del Fobaproa, quedaron importantes cuestiones pendientes. El informe del auditor canadiense Mackey, presentado en ese mismo año, señaló que un conjunto de créditos que fueron cedidos al Fobaproa no podían ser aceptados, por lo que los bancos involucrados tenían que sustituirlos por otros créditos. Cinco años después, durante la revisión de la cuenta pública de 2000 y 2001 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en préstamos que alcanzan un monto de 45 millones de pesos, por lo que no podían ser cubiertos por el IPAB.

El gobierno federal de inmediato se inconformó, no por las irregularidades detectadas, sino porque, según dijo, el único autorizado para auditar las operaciones que están en el balance del IPAB es el propio IPAB. La controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia en favor de la ASF. Moviéndose con rapidez, ahora en otro frente, una parte de la bancada del PRI intentó dar un albazo legislativo para evitar que se regresaran los 45 mil millones de créditos a los cuatro bancos involucrados: Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, precisamente los más fuertes.

Según la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en diciembre de 2002 Banamex controlaba 25.44 por ciento del activo total del sistema bancario, Bancomer alcanzó 24.82, Bital 9.5 y Banorte 3.48, lo que significa que esos cuatro bancos controlan más de las tres quintas partes de los bancos antes mexicanos.

Así, como hace cinco años, otra vez el PRI y una parte relevante del PAN, junto con la cúpula económica del gobierno, han unido esfuerzos para que los acuerdos y compromisos con los viejos banqueros y, por supuesto, con los beneficiarios finales del rescate bancario, los bancos extranjeros que han comprado prácticamente todo el sistema bancario, se cumplan al pie de la letra. No se trata de minucias. Los responsables formales de auditar la cuenta pública lo han hecho y han encontrado irregularidades. Sostener la pertinencia de este dictamen es fundamental en un régimen de división de poderes y en el ejercicio de un presupuesto que demanda anualmente más de 40 mil millones de pesos simplemente para evitar que el pasivo total no crezca en términos reales.

El rescate bancario, cuyo valor asciende a 825 mil millones de pesos documentados en una serie de pagarés, está cerca de su vencimiento. Estos pagarés, utilizados para llevar a cabo el intercambio entre cartera de crédito y aportaciones frescas de capital, fueron emitidos para resolver la crisis bancaria sin que se destinaran recursos líquidos en 1995, cuando las finanzas públicas y la economía nacional entera enfrentaban una crisis que implicaba, entre otros problemas, una agudización de la incapacidad de pago de todos los acreditados. La vida de esos pagarés es de 10 años, lo que lleva a que en dos tendrán que ser pagados con recursos públicos o intercambiados por nuevos papeles, lo que presupuestalmente no es lo mismo, pero es igual.

Resolver en este momento lo que corresponde a un poco más de la vigésima parte de ese monto afectaría significativamente las finanzas públicas de este año, las del próximo, y lo haría duramente en 2005. Es evidente que el asunto pudiera reventar pronto, por lo que a los responsables verdaderos de la solución del Fobaproa les interesa que se maquillen los 45 mil millones, convirtiéndolos en 500 millones, aceptados como regreso de cartera a los bancos mencionados de modo que, como con los gobiernos del PRI, se acepte lo planteado por la ASF, manteniendo inalterado lo sustancial.

La renovación de este acuerdo es relevante en tiempos electorales. Ratifica el interés que anima al gobierno federal, a una parte trascendente del PAN y, como siempre, a los jefes del priísmo: primero están los banqueros, luego los banqueros y en tercer lugar los banqueros. La gente no importa. Dedicar recursos a defender las condiciones de vida de los pobres, es populismo, según dicen. Pero más allá del adjetivo está un asunto crucial: la responsabilidad del Estado y de los gobiernos en turno. Por ello no es casual la impresionante aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas, elegir por quién votar, qué partido se constituya como mayoritario, no es difícil. Si se piensa primero en los banqueros, el PAN y el PRI son la opción.

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