No se trata de borrón y cuenta nueva, dice Carstens

Hacienda busca dar seguridad jurídica ante auditorías bancarias

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Sobre las auditorías definitivas a Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte, que recibieron 45 mil millones de pesos en forma presuntamente ilegal durante el rescate bancario, la Secretaría de Hacienda ''no puede presentar nada'' a la junta de gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ''porque no hemos recibido nada formalmente de la Cámara de Diputados'', manifestó el subsecretario de esta dependencia, Agustín Carstens Carstens.

Entrevistado momentos antes de la clausura de la 13 Convención Nacional de Aseguradores, el funcionario precisó: ''Buscamos términos de referencia claros para la realización de esas auditorías y que los bancos sientan seguridad jurídica''.

-ƑSe trata de llegar a una solución de borrón y cuenta nueva? -se le interrogó.

-No, no se trata de llegar a una solución de borrón y cuenta nueva. Lo que estamos buscando, a través de los diputados, es un procedimiento para llegar a un acuerdo con los bancos y concebir una solución al artículo quinto transitorio de la ley del IPAB para que la banca y el sistema financiero se dediquen por entero a su negocio de captar y prestar dinero.

Agustín Carstens reconoció, como informó La Jornada, que ''no se alcanzó ningún acuerdo entre las partes involucradas'', esto es, entre las autoridades financieras, el Congreso de la Unión, los bancos y la Auditoría Superior de la Federación (ASP), para la realización de estas auditorías -previstas por la ley del IPAB como condición para que este organismo asuma como propias las obligaciones que estuvieron a cargo del desaparecido Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

El subsecretario de Hacienda puntualizó: ''Lo que se ha buscado es que se pueda convocar a las partes más importantes a que se establezcan las condiciones para que se llegue a una solución conforme al espíritu del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, pero hay un rango de aplicación''.

Este artículo quinto transitorio de la ley -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, y reformada por decreto el primero de junio de 2001- establece que ''el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados tomarán todas las medidas para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley''.

Estipula: ''En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el Instituto (para la Protección del Ahorro Bancario), mediante resolución de la junta de gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos, a satisfacción del instituto. En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo de la garantía o instrumento de pago respectivo''.

La ASF encontró, en la revisión de la Cuenta Pública 2001, que estos cuatro bancos transfirieron al programa de capitalización y compra de cartera, créditos irregulares por 45 mil millones de pesos.