Intentan eludir la revisión que disminuiría en $45 mil millones el costo del rescate

Bancos investigados por irregularidades insisten en ampararse ante auditorías

La ABM se abstendrá de actuar gremialmente y no opinará sobre la decisión de Hacienda

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Frente al fracaso de la Secretaría de Hacienda en evitar una investigación a fondo del programa de saneamiento financiero, los bancos involucrados decidieron continuar por el camino legal para obtener un amparo que evite el arqueo exigido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los pasivos derivados del programa de capitalización y compra de cartera del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en el que participaron cuatro instituciones (Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y Bital) durante el rescate financiero iniciado en 1995, llegaron a 208 mil 409 millones de pesos al 31 de diciembre de 2002. El incremento de uno por ciento con respecto a 2001 fue resultado de la capitalización de intereses generados por los pagarés que conforman este programa.

El miércoles por la tarde, la Secretaría de Hacienda informó que no existían las condiciones para que presentara en la reunión de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que se realizará hoy jueves, un punto de acuerdo promovido por legisladores para realizar auditorías definitivas a las operaciones de esos cuatro bancos. La propuesta que eventualmente iba a presentar Hacienda favorecía a los banqueros.

Después de conocida la postura de las autoridades hacendarias, los bancos involucrados en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera expusieron su decisión de continuar con el proceso legal para obtener la protección de la justicia federal ante la decisión de la ASF de recomendar al IPAB que no fueran cambiados los pagarés hasta en tanto no fuera realizada una revisión a fondo de operaciones por 45 mil millones de pesos que calificó de irregulares.

La Asociación de Banqueros de México (ABM) expresó ayer que el tema de las revisiones demandadas por la ASF no sería tratado ''de manera gremial'', por lo que no expresaría una opinión respecto a la decisión de Hacienda.

La Jornada buscó la opinión sobre este tema de los cuatro bancos involucrados. Banamex, filial del estadunidense Citigroup, fue el único que no respondió la solicitud de este diario. Los tres restantes indicaron que continuarán con el proceso legal para obtener un amparo contra la acción demandada por la ASF para que sean auditados.

Pasivos de los cuatro bancos

De acuerdo con el Informe anual 2002 del IPAB, mediante la firma de contratos de comisión mercantil, el instituto canaliza los recursos necesarios para el pago de las obligaciones por las que debe responder. A través de este mecanismo, durante el año pasado se transfirieron recursos por 37 mil 594 millones de pesos, además de 65 millones de dólares.

En diciembre de 2002 el IPAB asumió de manera directa algunas de las obligaciones a cargo de Banco Unión y Banco Obrero. Realizó pagos por 834 millones de pesos y, así, se redujo la parte pasiva en 56.2 por ciento en términos reales.

De los 208 mil 409 millones de pesos que representa de capitalización y compra de cartera del Fobaproa, BBVA Bancomer concentra 89 mil 698 millones de pesos; es seguido por Banamex, con 76 mil 519; Banorte y Bital tienen 11 mil 880 y 28 mil 311 millones de pesos, respectivamente.