Tienen prioridad las denuncias por robo

A la baja, el rezago en órdenes de aprehensión: fiscal Guillén Alcalá

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La actual administración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró un rezago de alrededor de 17 mil 990 órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes, cifra que se logró reducir a 12 mil 401 en sólo un año.

El titular de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la dependencia, Jorge Alberto Guillén Alcalá, estimó que actualmente, con el rezago y la carga diaria de trabajo, un agente de la Policía Judicial adscrito al área tiene en promedio hasta 40 casos para darles cumplimiento.

Admitió que a delitos que anteriormente no eran considerados relevantes, como algunos genéricos de robo, que con las actuales reformas penales son considerados graves, no se les daba tanta importancia como a un homicidio.

De hecho, refirió que 30 por ciento de las órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes se refieren a robos, seguidas de homicidios, que representan 16 por ciento; el fraude está en tercer lugar, con 15 por ciento, y lesiones, con 8 por ciento, en cuarto lugar. Ahora, anunció, existe la disposición de dar prioridad a las órdenes judiciales relacionadas con robos, "por ser un reclamo de la sociedad".

El funcionario informó que el año pasado la PGJDF recibió un total de ocho mil 561 órdenes judiciales, cinco mil 630 de aprehensión y dos mil 931 de reaprehensión, y se cumplieron ocho mil 123 de las primeras y cuatro mil 78 de las segundas; es decir, que se están "sacando los casos del día" más otros rezagados, con lo cual se prevé bajar el rezago a menos de nueve mil órdenes para fin de año.

Por otra parte, el procurador Bernardo Bátiz rectificó ayer una declaración relacionada con la posible reforma que posibilitara integrar el Ministerio Público al Poder Judicial; aclaró que, como órgano del Ejecutivo local, se ha buscado mejorar el servicio de las agencias ministeriales impulsando algunas reformas y analizando otras cuya aplicación sea para dicho propósito.

"El Ministerio Público tiene funciones muy importantes de investigación y persecución de los delitos y, antes de pensar en un sistema donde sea ante un juez frente al cual se acredite plenamente tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad de los indiciados, se requeriría un profundo análisis y un cambio constitucional", puntualizó.