52 tienen órdenes de captura vigente, según expedientes de las 59 denuncias sobre el conflicto

Ligados a denuncias penales, 300 pobladores de Atenco y Texcoco

Autoridades federales y mexiquenses ratifican que archivarán 44 averiguaciones Un hecho, la entrega el viernes de vehículos, alcaldía y Casa de Cultura, si se cumplen los acuerdos: abogados

JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSAL

Texcoco, Mex., 20 de mayo. Al abrirse los expedientes de las 59 denuncias penales que se iniciaron durante la lucha campesina contra la construcción del aeropuerto alterno a la ciudad de México, se conoció que por lo menos 300 campesinos y habitantes de San Salvador Atenco y Texcoco se encuentran involucrados en las denuncias penales, de los cuales más de 50 tienen una orden de aprehensión vigente.

Este martes, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y representantes de la Secretaría de Gobernación y gobierno mexiquense ratificaron a los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que 44 averiguaciones previas en su contra (36 del fuero común y ocho del fuero federal) se declararán en reserva, una vez que el próximo viernes sean entregados los vehículos e instalaciones del palacio municipal y Casa de Cultura que los labriegos mantienen en su poder.

Además se acordó que siete averiguaciones previas más del fuero común por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo se consignarán ante un juez para iniciar un proceso penal, porque derivadas de éstas existen 52 órdenes de aprehensión contra los campesinos.

En estas últimas averiguaciones el compromiso de las autoridades es que en un plazo no mayor a 40 días, a partir del próximo viernes, los procesos penales se resuelvan en favor de los ejidatarios, señaló el director adjunto de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Jorge Torres Castillo.

Asimismo ocho averiguaciones previas más, entre las cuales se incluyen dos por el robo de urnas durante el proceso electoral del pasado 9 de marzo, cuando los campesinos impidieron la realización de elecciones municipales, quedarán pendientes por el momento para que en los próximos días se determine su reserva o, en su caso, la consignación.

Al mediodía de este martes, los integrantes del FPDT, con machetes enfundados, arribaron a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia con sede en Texcoco. Ahí, además de Jorge Torres Castillo, el subprocurador, José Andrés Mendiola Valdez, y el subsecretario regional del gobierno mexiquense, José Salinas Navarro, se reunieron con los labriegos y sus abogados, Leonel Rivero y Damián Camacho.

La PGJEM les dio a conocer cada uno de los expedientes de averiguaciones previas y los nombres de quienes están involucrados y quienes cuentan con órdenes de aprehensión.

Los abogados revisaron los expedientes y acordaron con las autoridades que 44 denuncias penales (36 del fuero común y ocho del fuero federal) se vayan a reserva, siete serán consignadas y ocho quedarán pendientes a resolver en los próximos días si se irán a reserva o consignación.

Los abogados y labriegos se comprometieron a recibir en San Salvador Atenco, este miércoles, a agentes del Ministerio Público para que realicen un inventario de los vehículos y las instalaciones públicas que mantienen en resguardo desde su lucha contra la construcción del aeropuerto.

Leonel Rivero señaló que "es un hecho que se entreguen el próximo viernes los vehículos y las instalaciones del palacio municipal y Casa de Cultura, a menos de que alguna de las partes incumpla los acuerdos establecidos".

Sin embargo, Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT, aclaró que el acuerdo es entregar las instalaciones físicas del palacio municipal y Casa de Cultura, "no de que el ayuntamiento vuelva a sus funciones".

Agregó que tampoco se permitirá el ingreso de la Policía Municipal, hasta ver cumplidas las demandas de libertad plena e indemnización a la familia de José Enrique Espinoza Juárez, el campesino muerto por los golpes de los policías estatales durante la lucha campesina.

Entre los nombres de los campesinos que tienen órdenes de aprehensión destacan sus dirigentes: Ignacio del Valle Medina, Jesús Adán Espinoza, Jorge Flores Ibarra, América del Valle, Martha Pérez, David Pájaro, Felipe Alvarez, Santiago Rodríguez, Luis Alberto Corredor Velázquez, entre otros.

Leonel Rivero explicó que todos los que tienen orden de aprehensión, una vez que se consignen las siete denuncias, se presentarán a rendir su declaración preparatoria, se pedirá su libertad bajo caución, "pero aquí existe el compromiso de los gobiernos federal y estatal para aportar los elementos de prueba necesario para que se dicte auto de libertad".

Aclaró que además en los cuatro procesos penales en curso, en los que están involucrados nueve campesinos por los enfrentamientos del pasado 11 de julio, se buscará el desvanecimiento de pruebas para que así se pueda obtener la libertad absoluta de los ejidatarios.

También se destacó que este jueves se discutirá la indemnización de la familia de José Enrique Espinoza Juárez, toda vez que las autoridades rechazaron la creación de un fideicomiso por un monto superior a un millón de pesos y a cambio ofreció otorgar una beca escolar de 2 mil 500 pesos mensuales a cada uno de los dos hijos y un empleo de base en el gobierno mexiquense a Socorro Merino, esposa de la víctima.