Alejandro Nadal

Para quién trabaja el Presidente

En las recientes semanas el Presidente de la República ha estado muy ocupado estorbando las auditorías sobre operaciones del Fobaproa. Mientras la economía desfallece, a Fox parece interesarle más evitar que el Congreso cumpla con el mandato constitucional de verificar la cuenta pública.

En la revisión de la cuenta pública para los años 2000 y 2001, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por más de 45 mil millones de pesos y recomendó descontar ese monto a cuatro bancos (Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital) beneficiados por operaciones con el Fobaproa a través del programa de capitalización y compra de cartera.

En marzo pasado la ASF recomendó al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) realizar un análisis detallado de las operaciones con varios bancos, entre ellos el Banco Nacional de México (Banamex). La ASF considera que esas operaciones incluyen créditos en litigio que están calificados con un grado de riesgo que los hace irrecuperables, además de contener intereses moratorios. Esas operaciones forman parte de los 34 mil millones de pesos transferidos al Fobaproa.

En marzo pasado, dentro de la revisión de la cuenta pública de 2000, la ASF ordenó al IPAB emprender "acciones correctivas" en el caso de Banamex por considerar que se asumieron indebidamente esas obligaciones. El objeto de esas acciones correctivas es descontar 5 mil millones de pesos del pagaré que el Fobaproa entregó a Banamex.

Pero el Ejecutivo, tan vigilante de la buena marcha de las instituciones y la legalidad, promovió una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados alegando que la ASF estaría usurpando atribuciones del IPAB. Según la asesoría jurídica de Fox, sólo este último estaría capacitado para decidir si esa deuda se regresa a Banamex o no. Por esa razón, la Presidencia recurrió al amparo y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender las recomendaciones al IPAB respecto a los créditos ilegales que Banamex metió en el Fobaproa.

La SCJN decidió no suspender la recomendación al IPAB para que se regresen los créditos irregulares. La corte parece sostener que la ASF no ha invadido atribuciones del IPAB y por eso se declara improcedente el amparo promovido por el Presidente.

Insatisfecha, el área jurídica de la Presidencia promovió un recurso de reclamación contra la negativa. El reclamo ha sido turnado para que se revise la decisión anterior y el asunto debe llegar al pleno de la corte.

Es cierto que según el artículo 5 transitorio de la ley del IPAB, el instituto debe realizar las auditorías sobre las operaciones del Fobaproa. Pero la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF) otorga a la auditoría la facultad de revisar el ejercicio de la cuenta pública, determinar daños y perjuicios, fincar responsabilidades resarcitorias o penales y hasta determinar sanciones. A pesar de todo, según Presidencia, la ASF no puede hacer recomendaciones al IPAB.

El endeble alegato del Ejecutivo es que como la ley del IPAB faculta al instituto a realizar esas auditorías, la ASF no tiene injerencia en el asunto. El presidente Fox olvida que la función de la ASF es precisamente revisar meticulosamente la cuenta pública, independientemente de la gestión contable y financiera de las entidades que utilizan los recursos del erario. El razonamiento de Presidencia anularía las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización de la cuenta pública y la ASF ni tendría razón de existir. Es evidente que no hay conflicto entre la ley del IPAB y la LFSF. Se trata de momentos y entidades distintas en la gestión de los recursos públicos.

Los pasivos brutos del IPAB ascienden a 825 mil millones de pesos y el costo fiscal del rescate bancario es extraordinario: el pago de intereses con recursos del presupuesto federal asciende cada año a 22 mil millones de pesos y sólo alcanza a pagar una parte del servicio de la deuda del IPAB-Fobaproa.

La deuda interna continúa su expansión vertiginosa y los requerimientos financieros del sector público imponen una camisa de fuerza a la política fiscal. La política macroeconómica sigue sin rumbo, pero la Presidencia se preocupa más por encubrir operaciones ilegales del Fobaproa. ƑPor qué el Ejecutivo se opone con tanto ahínco a esas auditorías que podrían ahorrar algo de recursos públicos?

Quedan dos hipótesis. El Presidente y su círculo cercano podrían estar comprometidos en los créditos cuya revisión quiere impedirse. O sus amigos en Banamex le están cobrando la factura y, en los hechos, lo obligan a trabajar para sus intereses. O quizás ambas hipótesis son correctas.