Agustín Carstens se comprometió ante legisladores a no presentar el convenio priísta

Tras la decisión de la SHCP se abre la posibilidad de regresar créditos a bancos

Los detractores sólo declaran, pero no plantean acciones concretas: Ramírez Marín

ROBERTO GARDUÑO

Agustín Carstens, subsecretario de Hacienda, informó que no presentará en la reunión de la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el convenio impulsado por el PRI en la Cámara de Diputados para auditar Banamex, Bancomer, Bital y Banorte. De esta forma, sin esa propuesta de por medio, quedó abierta la posibilidad de que esos bancos regresen al erario los 45 mil millones de pesos que recibieron de forma ilegal durante el rescate bancario, como los estableció el análisis de la Cuenta Pública de 2001 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ante la creciente oposición al convenio por lo que se le considera una serie de auditorías light que acotarían las facultades del órgano fiscalizador del Congreso Federal, y determinaría que en un futuro ya no se pueda auditar a esos bancos, resta esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al recurso de revisión de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal para no someter al escrutinio la cuentas de Banamex, y el resultado de dos amparos, el primero promovido por los banqueros para evitar que un grupo de despachos contables entreguen a la Cámara de Diputados el resultado de las auditorías efectuadas a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, y el promovido por la Secretaría de Hacienda contra las observaciones de la ASF, donde se encontró el desembolso ilegal por 45 mil millones de pesos.

De resultar favorables los fallos del Poder Judicial, el Congreso, por medio de su ente fiscalizador, podría iniciar auditorías sin límites a los bancos y los 45 mil millones de pesos ilegales en manos de éstos deberán regresar al erario público.

Incluso las auditorías elaboradas por distintos despachos contratados por la misma Cámara de Diputados serían entregadas al órgano legislativo.

El lunes por la noche en el salón Guadalajara del Club de Industriales, el subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el director general de la Banca de la SHCP, Luis Mancera Arrigunaga (primo del ex director del Fobaproa, Javier Arrigunaga), se reunieron con el senador del PRD Jesús Ortega, el diputado José Antonio Magallanes y su asesor Mario Di Costanzo. Durante la cena, Carstens se comprometió a no presentar el convenio ante la junta de gobierno del IPAB, porque "no hay condiciones de votar éste, ni ningún otro".

Además les dijo que la reunión de la junta de gobierno no se realizaría hoy, sino que, por acuerdo con los tres vocales del IPAB (Carlos Isoard, Adalberto Palma y Héctor Tinoco), se diferirá hasta mañana.

El convenio se truncó y su contenido fue reprobado en la Cámara de Diputados. El documento impulsado por el legislador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín contenía cinco tipos de auditorías: gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, existencia y legitimidad.

Diputados del PRI y del PRD se desligaron del contenido del convenio. Roberto Infante, del PRI, advirtió que de aprobarse en la junta de gobierno del IPAB, los bancos obtendrían "impunidad" porque en el punto tres del capítulo segundo los resultados se considerarían finales y definitivos y "ya no sería posible realizar nuevas revisiones a las cuentas de Banamex y Bancomer, que son los principales deudores al erario público".

También Lorena Beauregard, legisladora del tricolor, cuestionó las limitaciones que contiene el convenio, porque "el Congreso se estaría amarrando las manos para actuar contra los bancos que defraudaron a millones de mexicanos; tan sólo hay que recordar que con las observaciones de la ASF se puede aplicar el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que a la letra dice: 'en caso de que la auditoría reporte irregularidades se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica'".

José Antonio Magallanes, diputado perredista, demandó el cumplimiento de la ley, porque en el mismo artículo quinto transitorio se estipula que las auditorías deben incluir los términos de referencia aprobadas por la junta de gobierno del IPAB y se aplicarán las recomendaciones y observaciones realizadas por el auditor superior de la Federación en sus revisiones de las cuentas públicas de los años 2000 y 2001, sobre todo las relativas a los intereses moratorios y a los procesos de capitalización de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte.

A esas críticas, que determinaron la promesa del subsecretario Agustín Carstens de no presentar el convenio en la junta de gobierno del IPAB, se sumó que el mismo documento, en su artículo quinto, interfiere con el trabajo de la ASF, porque señala lo siguiente. "La Auditoría Superior vigilará todo el proceso y en su caso solventará y modificará las observaciones y sus acciones respectivas, informando a la Comisión de Vigilancia de los resultados de su revisión".

Una vez que el convenio no se presente y no se realicen las auditorías promovidas por el priísmo, las observaciones de la ASF en torno a la devolución de los 45 mil millones de pesos podrán solventarse. No obstante, aún deberá transcurrir un tiempo indefinido hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte un fallo sobre la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal para que no se audite a Banamex, y se den a conocer las resoluciones de los dos amparos, el primero, de los bancos y el segundo de la SHCP contra las observaciones del órgano fiscalizador.

Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín aceptó que existen serias dudas sobre el contenido del documento, y anunció que en la Comisión Especial del IPAB "estamos trabajando en la elaboración de un punto de acuerdo más amplio que el que presentamos el 30 de abril".

-¿A qué atribuye la negativa del PRD, PAN e integrantes de la bancada del PRI?

-Creo que lo primero que les molesta es que un diputado del PRI haya tomado la responsabilidad de trabajar para que se logre realizar las auditorías de los bancos. Creo que tienen muy mala información y seguramente ni siquiera conocen a profundidad el tema. No conozco que ninguno de estos diputados haya logrado o promovido una acción concreta con respecto al tema IPAB-Fobaproa; eso sí, han hecho muchas declaraciones, pero una acción concreta, ninguna. El punto de acuerdo que nosotros promovimos ya tiene un éxito, ya es un éxito, ha logrado mover al IPAB para que en lugar de quedarse contemplando y esperando cómodamente la resolución del juez, busque la manera de realizar las auditorías. Es falso que sean auditorías light.

Por la noche, en San Lázaro, el diputado Ramírez Marín reconoció que el convenio no se ajustó a las necesidades de realizar una auditoría a fondo sobre los enormes intereses moratorios y los procesos de capitalización de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte.