El gobierno protege a Banamex porque ahí está la ruta del dinero de Amigos de Fox: PRI

Frenan intención de Hacienda de hacer auditorías light a bancos

Pretendía que sólo asumieran 500 millones de los 45 mil millones detectados por la ASF

Tras recibir fuertes críticas de legisladores, la dependencia informó que no se alcanzaron acuerdos

ANTONIO CASTELLANOS ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La Secretaría de Hacienda dio marcha atrás a su pretensión de realizar ''auditorías definitivas'' a Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte porque ''no se alcanzaron los acuerdos'' entre las autoridades financieras, el Congreso de la Unión, los bancos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las autoridades hacendarias dieron a conocer su decisión en un comunicado divulgado ayer por la tarde.

Su determinación fue inmediata tras las fuertes críticas que recibió de algunos legisladores y funcionarios del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que se oponían al esquema de auditorías impulsado por Hacienda, el cual en la práctica constituía un beneficio para los banqueros. Se pretendía que sólo fueran regresados a las instituciones bancarias créditos por 500 millones de pesos, cantidad abrumadoramente menor a los 45 mil millones de operaciones irregulares detectadas por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2001.

Como informó La Jornada el fin de semana pasado, en los últimos días hubo desavenencias entre los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en torno a un punto de acuerdo que fue turnado a la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda a someter a consideración de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) la celebración de un convenio con los banqueros para realizar auditorías definitivas.

Desde entonces algunos diputados votaron en contra, otros se abstuvieron y no firmaron el punto de acuerdo, mientras la administración del IPAB externó su oposición al acuerdo y manifestó que en caso de ser aprobado no avalaría los pagarés.

Según la información que se obtuvo, el convenio pretendía proteger a los banqueros para que sólo asumieran 500 millones de los 45 mil millones de pesos en créditos irregulares que están en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que fueron detectados por la ASF.

''Amigos de Fox, en Banamex''

El enfrentamiento entre funcionarios de Hacienda, del IPAB y el Poder Legislativo en torno de la devolución a cuatro bancos de créditos por 45 mil millones de pesos que fueron traspasados irregularmente al rescate bancario se profundizó después de que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, advirtió que no admitirá un acuerdo para eximir de responsabilidad a las instituciones financieras involucradas en estas operaciones.

La oposición del gobierno federal a revisar los créditos transferidos irregularmente al Fobaproa durante el rescate iniciado en 1995, en especial los de Banamex, que representan 35 mil millones de pesos, tiene una razón: llevan a la ruta del dinero de los Amigos de Fox, afirmó el diputado priísta Víctor Roberto Infante González, integrante de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Posponen la sesión de la junta de gobierno del IPAB

Ante el rechazo de integrantes del Poder Legislativo para avalar la intención de la Secretaría de Hacienda de dar carpetazo a la revisión estricta de estas operaciones y sólo regresar a los bancos involucrados (Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte) créditos por unos 500 millones de pesos, en lugar de los 45 mil millones identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se pospuso la reunión de la junta de gobierno.

El encuentro estaba programado para hoy miércoles y se trasladó a mañana jueves, en un esfuerzo de las autoridades hacendarias por lograr la aprobación del acuerdo que permitiría esconder los créditos que irregularmente enviaron los banqueros al Fobaproa. Se trata de financiamientos sin garantía, autopréstamos o préstamos otorgados entre los propios funcionarios bancarios, así como intereses moratorios. Estas transacciones estaban prohibidas en las reglas de operación del Fobaproa.

La sesión de la junta de gobierno del IPAB pospuesta sin previo aviso para el jueves está originalmente convocada para discutir temas generales, además de la propuesta de la Secretaría de Hacienda de no regresar a los bancos los créditos irregulares por 45 mil millones de pesos que fueron cargados al rescate bancario. Esta discusión podría ser desahogada en el punto de "varios", proceso que se empantanará porque los funcionarios de la administración del IPAB, encabezados por el secretario ejecutivo Julio César Méndez, se oponen a firmar los pagarés.

De aprobarse esta operación, impediría reducir a largo plazo el costo fiscal de 640 mil 816 millones de pesos que se tendrá que canalizar en los próximos años a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para sostener el saneamiento financiero. Hasta este momento sigue el jaloneo entre Hacienda, el IPAB, los bancos involucrados y el Congreso sobre la devolución de los créditos irregulares.

El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, reconoció la semana pasada, durante la entrega de premios de economía que otorga Banamex, que el intercambio de pagarés es un tema importante para el país, y aceptó que la deuda del IPAB creció por los intereses que devenga. De acuerdo con el último informe anual del instituto, al 31 de diciembre de 2002 los pasivos totales se situaron en 804 mil 123 millones de pesos, lo que mostró un incremento de 2.1 por ciento en términos nominales, respecto a la cifra presentada al cierre de 2001.

Sin embargo, Gil Díaz no precisó en esa oportunidad si la dependencia a su cargo o el gobierno federal propondrán que se reconozca como deuda pública precisamente para disminuir su costo. Simplemente expuso que podría ser el Congreso de la Unión el que adopte una decisión en tal sentido.

Desde finales de abril, el diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín impulsa en el Congreso un acuerdo para que los bancos desistan de los amparos que interpusieron para evitar la revisión, a cambio de que el Poder Legislativo realice una auditoría light.

Tal pretensión fue rechazada por la ASF. Su titular, Arturo González de Aragón, remitió el 29 de abril un oficio al diputado Manuel Galán Jiménez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el que expone:

"Esta entidad de fiscalización Superior de la Federación considera que bajo ninguna circunstancia el convenio que llegara a celebrarse (con los bancos) puede condicionar o limitar las facultades constitucionales que tienen en la materia la Cámara de Diputados, su entidad de fiscalización superior y las autoridades competentes, por lo que deben preservarse los principios señalados y los bienes jurídicos tutelados por la legislación aplicable en este tema, cuyo ejercicio y observancia son obligatorios y por lo mismo irrenunciables."

La respuesta del auditor cerró el paso a la pretensión de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quienes el 28 de abril le dirigieron un escrito en el que planteaban que ''con el propósito de culminar el proceso de auditorías'' a los bancos, debería atenderse la propuesta del diputado Ramírez Marín de hacer una revisión a cambio de que los bancos se desistieran del amparo interpuesto.

La comisión de vigilancia ''sugirió'' en ese escrito del 28 de abril que las auditorías a los bancos se sujetaran a las siguientes condiciones: ''que sean de gestión fiduciaria; auditorías de legalidad, auditoría de identidad, auditorías de existencia y auditorías de legitimidad''. Esas opciones, de acuerdo con expertos, no van al fondo del problema sobre el traspaso irregular de 45 mil millones de pesos al Fobaproa que fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2001, divulgada el mes pasado.