Empresas del ramo consideraron que la medida "violaba el principio de legalidad"

Deroga Cofetel acuerdo para entregar informes sobre usuarios de teléfono

VICTOR CARDOSO

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) decidió derogar el acuerdo mediante el cual se obligaba a las empresas del ramo a proporcionar información confidencial de los usuarios del servicio telefónico.

Ante las críticas que provocó el acuerdo emitido el pasado 8 de mayo con el "único objetivo de agilizar y facilitar la integración de expedientes e investigaciones de las instituciones de procuración de justicia, de acuerdo con las atribuciones que les han sido encomendadas en el marco legal aplicable", el organismo regulador informó ayer que "decidió dejar sin efecto dicho acuerdo y continuará colaborando con las instancias de procuración de justicia en el análisis del tema de referencia para, en su caso, adoptar las medidas que procedan, de conformidad con lo que señalan la Constitución federal y las demás disposiciones legales aplicables".

Asimismo, reiteró su compromiso en la búsqueda de vías de simplificación administrativa, que redunden en agilidad y eficiencia en la atención de asuntos de su competencia.

Ayer, el representante jurídico de Teléfonos de México (Telmex), Javier Mondragón Alarcón, y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDT) impugnaron la constitucionalidad de la medida y expusieron que se vulneran diversas disposiciones sobre la privacidad de las comunicaciones establecidas en diversas leyes vigentes.

Mondragón Alarcón afirmó que las empresas mexicanas de telecomunicaciones no tienen por qué entregar datos de esa naturaleza, si no es por orden de un juez.

En tanto, el secretario del consejo del IDT, Eduardo Sánchez, dijo que ese organismo buscaría la revocación del acuerdo emitido por la Cofetel, porque contravenía los artículos 16 constitucional y 49 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y viola el principio de legalidad.

El representante jurídico y de regulación de Telmex recordó que la privacidad en las comunicaciones está garantizada y elevada a rango constitucional desde la época en que operaban las postas de correo. Esa misma privacidad, agregó, está contenida en la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde se prohíbe a las empresas del ramo, oficinas de correos y telégrafos proporcionar información o datos relativos a la explotación de las compañías, las mercancías y la competencia postal y telegráfica, a menos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las autorice.

También, agregó, la Ley Federal de Telecomunicaciones dice que la información transmitida por medio de redes y servicios de comunicaciones será confidencial, salvo aquella que por su propia naturaleza sea pública o cuando medie orden de la autoridad competente.

La resolución de la Cofetel, explicó, representaba un "problema grave de confidencialidad". En el caso concreto de Telmex, "tenemos como prioridad proteger a los usuarios, y no vamos a hacer nada que agravie o atente contra sus derechos".

Consideró que la Cofetel ponía a las empresas en una posición incómoda porque elimina el papel "amortiguador" de la autoridad administrativa (SCT o Cofetel) encargada de determinar si la solicitud de información por parte del Ministerio Público estaba fundamentada y existe motivación suficiente para entregar datos sobre las comunicaciones de los usuarios.

Por su parte, el IDT -en un comunicado- había señalado que "si bien entendemos las razones y motivos de la Cofetel para establecer medidas que contribuyan al combate de la delincuencia organizada y a la persecución de delitos, no se justifica que se pretenda vulnerar el orden jurídico. Este tipo de medidas inconstitucionales, por el contrario, nos afectan a todos y vulneran el estado de derecho".

Por tal motivo manifestó su preocupación sobre esa medida, pues lejos de remediar el mal "generaba riesgos mayores para los gobernados, en particular para los usuarios del sistema telefónico nacional", y se pronunció por la revocación del acuerdo para restablecer el orden jurídico.

Consideró que el acuerdo de la Cofetel "viola el principio de legalidad", pues ese órgano sólo puede realizar aquellos actos que expresamente le hayan sido conferidos.

En ese sentido el secretario del consejo del IDT, Eduardo Sánchez, informó que los integrantes de ese organismo buscarían reunirse con las autoridades competentes para que se derogue el acuerdo que, eso sí, forma parte de las atribuciones de Cofetel.