Envía carta a Fox; es la tercera del año

Clero: intereses impiden esclarecer el caso Posadas

Prevalecen negligencias y falta de transparencia en las autoridades a cargo del desahogo de pruebas, afirma

ANGELES CRUZ, GUSTAVO CASTILLO Y TRIUNFO ELIZALDE

A diez años de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) está plagada de intereses encaminados a ocultar la verdad, y puso en entredicho la labor de quienes han dirigido a la dependencia, incluidos los funcionarios del actual gobierno

En una carta enviada el 13 de mayo al presidente Vicente Fox Quesada, los jerarcas de la Iglesia católica señalaron que hasta ahora no han tenido respuesta satisfactoria a sus reiteradas peticiones para que se avance en el esclarecimiento del crimen y, por el contrario, ha prevalecido una actitud negligente, inefectiva y nada transparente de las autoridades a cargo del desahogo de pruebas.

A lo largo de este tiempo, señalan, las procuradurías de los dos gobiernos anteriores, y ''desafortunadamente también del actual, no han querido o no han podido investigar a fondo y de manera consistente para llegar a la definición de los autores materiales e intelectuales del homicidio de Posadas Ocampo'', ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993.

Los obispos plantearon una serie de preguntas con las cuales la CEM sugiere la posibilidad de que desde el más alto nivel de gobierno haya existido responsabilidad en la muerte del cardenal Posadas: ''¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la procuraduría, enviados desde México a investigar el homicidio, salieron antes de que éste fuera cometido? ¿Por qué no se investiga a los altos funcionarios de la PGR que llegaron al aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el homicidio? ¿Por qué no se investigan las presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas Ocampo en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?

También cuestionaron que aún no se indague sobre ''el vuelo militar que sacó de Guadalajara a El Chapo Guzmán después del homicidio, así como las intervenciones telefónicas a varios representantes de la Iglesia católica", en particular al obispo muerto.

La misiva fechada el 13 de mayo también denuncia que se ha obstaculizado la labor de coadyuvancia del abogado José Antonio Ortega y el diputado local de Jalisco, Fernando Guzmán, al grado de que en el último año se les ha negado el acceso al expediente y han sido víctimas de presiones y amenazas. Señalaron, incluso, la responsabilidad que en estos hechos ha tenido la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien tiene a su cargo la indagatoria.

El texto, dado a conocer ayer por la CEM, es el tercero que en este año envía a la administración foxista para pedir información sobre las indagatorias del crimen. La directiva del organismo resalta que del primero obtuvo una decepcionante respuesta por parte del procurador Rafael Macedo de la Concha, mientras del segundo -con fecha primero de abril-, apenas ayer contestó la subprocuradora Lima.

También rechazaron las "torpes y absurdas acusaciones" de quienes señalan a la Iglesia de tener otro tipo de intereses en su demanda de que se esclarezca el homicidio del cardenal Posadas.

Apuntan que a pesar del paso del tiempo la Iglesia católica no olvidará su pena e indignación, y ni siquiera la prescripción de los delitos logrará que dejen de exigir la aplicación de la justicia.

En tanto, Lima Malvido respondió la carta que el pasado primero de abril la CEM entregó al presidente Vicente Fox. En ella reconoció que ha ''tenido serias presiones de terceros'' en el trabajo de investigación del caso, y que éstas han sido con el ''permanente afán de lograr una falsa percepción en la sociedad, para descalificar" su "labor institucional''.

La funcionaria precisó que "a pesar de las provocaciones y adversidades'' ha tenido el ''debido cuidado de actuar bajo el principio constitucional de imparcialidad y total transparencia'', y pidió a los obispos ''confianza en las instituciones'' y que se ''sumen al esfuerzo'' de la indagatoria.

Los codyuvantes

Ortega Sánchez, quien representa a la esposa de Pedro Pérez Hernández, chofer de Posadas que murió en el tiroteo, señaló que en las nuevas investigaciones existen elementos que demuestran que efectivos militares y agentes de la Policía Judicial Federal ejecutaron al prelado, ''pero no hay voluntad política del procurador Rafael Macedo de la Concha para resolver el caso e incluso, se encubre al ex procurador Jorge Carpizo''.

El litigante, quien ha sido uno de los promotores de la teoría del complot gubernamental para asesinar a Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993, fue citado a comparecer ayer ante el Ministerio Público Federal por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), como parte de la investigación en la que se presume existió un intento de secuestro en el que supuestamente se utilizó un auto de su propiedad.