Carece el órgano de la infraestructura suficiente, señala González Alcántara

Prevé el TSJDF más trabajo con las reformas penales

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró que al entrar en vigor este viernes las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, se prevé un incremento en el trabajo tanto para las agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia capitalina, como para los juzgados penales de primera instancia.

El órgano judicial logró abatir en los últimos años el rezago, pero no deja de preocupar el incremento de las cargas de trabajo de entre 15 y 20 por ciento que se registró a partir de que entró en vigor el Código Penal en noviembre pasado y que se prevé aumentará con la última reforma.

"Para poder mantener el ritmo, según las estadísticas y los pronósticos que nos señalan, tendríamos que aumentar casi 20 juzgados penales (adicionales a los 66 que existen actualmente), y nosotros no tenemos la infraestructura ni los recursos humanos y materiales para poder hacer frente a eso", reconoció el magistrado.

No se trata, explicó, de que las penas más duras contra el delito de robo haga que las víctimas se decidan a denunciar pues dichas reformas aumentan el número de delitos pero "no facilitan la presentación de una denuncia".

Lo que se necesita contra la cultura de la no denuncia, apuntó, es una reforma administrativa que agilice el trámite para la presentación de las denuncias.

"Cuando nosotros no podemos proporcionar la rapidez en el trámite de una denuncia y la persona que va a denunciar el robo de cualquier bien: una autoparte de su auto, la bolsa, una cartera, una pluma que le fue sustraída en el Metro, se pregunta: "ƑCuánto tiempo voy a tardar en presentar la denuncia?, si voy a tardar seis, ocho o 10 horas y me van a citar varias veces, etcétera, entra en juego el peso del costo que representa para la persona poder recuperar el bien o poder alcanzar la sanción al responsable".

González Alcántara presidió ayer el pleno del TSJDF que impuso la toga y birrete a los seis magistrados cuyo nombramiento ratificó el pasado 29 de abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Concepción Ornelas Clemente, Lino Pedro Bolaños Cayetano y Raúl Campos Rábago, del ámbito penal, y Marta Albarrán Montaño, Isela Solís Sandoval y Edgar Elías Aznar, del civil.

En el acto anunció también que a partir del 19 de mayo comenzarán a operar dos nuevas salas, una penal y una civil, ante la necesidad de agilizar la revisión de las resoluciones de primera instancia.

El magistrado refirió que el incremento de los asuntos se observa, por ejemplo, en los juzgados de turno para recibir las consignaciones, pues mientras que en esta época, el año pasado, lo normal era recibir entre 12 y 15 asuntos, ahora se reciben entre 20 y 23.

Respecto de las reformas y adiciones al artículo 556 del Código de Procedimientos Penales, donde se establece que el juez podrá negar el beneficio de la libertad caucional a petición del Ministerio Público, el funcionario explicó que los jueces tendrán que razonar y resolver conforme a derecho.

Tratándose de delito no grave, señaló, corresponde al Ministerio Público aportar los elementos al juez según lo establecido en la reforma, cuando el detenido ha sido condenado anteriormente por delito grave, por representar un riesgo para el ofendido o para la sociedad, o cuando haya sido condenado en sentencia ejecutoria o esté bajo proceso penal por un delito doloso del mismo género.