Socialistas e Izquierda Unida, a la caza de ese voto

Activismo político de gays y lesbianas contra José María Aznar

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 15 de mayo. "Vota Rosa: No votes al Partido Popular", es el lema de la inédita campaña que han puesto en marcha los colectivos de gays y lesbianas en España, que por primera vez desde la reinstauración de la democracia en este país hacen gala de un activismo político crítico y furibundo ante el gobierno del derechista José María Aznar.

Los homosexuales, que acusan al gobernante Partido Popular y a Aznar de "homofóbicos y totalitarios", son después de los jóvenes el colectivo más disputado por los partidos políticos de cara a los comicios municipales del próximo 25 de mayo.

Más de 2 millones de españoles son homosexuales y, como en todos los colectivos, los hay de derecha, socialistas, comunistas, republicanos o apolíticos.

Sin embargo, en los próximos comicios en que se decidirá el futuro político de los ayuntamientos de todo el país y de 13 co-munidades autónomas, este sector de la po-blación será crucial en los resultados electorales, máxime cuando las principales plataformas, organizaciones y asociaciones de gays y lesbianas promueven abiertamente que no se vote al Partido Popular.

Los homosexuales, hartos de promesas incumplidas y de declaraciones homofóbicas de sus gobernantes, han creado una sólida red organizativa desde la que reclaman sin cesar el reconocimiento de sus de-rechos y la regulación jurídica que harían más llevadera su vida ante situaciones cotidianas, como el pago de impuestos, las herencias o las separaciones, entre otras.

Esta lucha, que en otros países europeos (como Holanda o los países nórdicos) supera con creces a la existente en España, ha sido boicoteada persistentemente por el partido del presidente español.

Un ejemplo de esta actitud quedó patente en la reciente aprobación en el Parlamento vasco de la ley de parejas de hecho y de la legislación que permite la adopción de ni-ños a los homosexuales, en la que el único partido que votó en contra fue el Popular.

Esta formación política, de profundas raíces católicas, asume a rajatabla los criterios de la Conferencia Episcopal Española y, por tanto, del Vaticano, sobre la homosexualidad, a la que consideran todavía como una "enfermedad".

Pero la animadversión del colectivo de gays y lesbianas contra el Partido Popular y Aznar también nace de las reiteradas declaraciones de la esposa del presidente, Ana Botella, quien ha sostenido que a una "pa-reja de homosexuales no se le puede considerar una familia" y que, por tanto, no se debe regular la ley que equipararía los derechos y obligaciones de este colectivo.

Cabe destacar que Botella concurre a es-tos comicios como la tercera en la lista del Partido Popular para el ayuntamiento de Madrid; de alcanzar el triunfo, se convertiría en la consejera de Asuntos Sociales y, por ende, en la responsable de poner en marcha los programas de información y apoyo para el colectivo de gays y lesbianas en la capital del país.

Por tanto, no extrañó a nadie que en la única visita "electoralista" que hizo Botella a una de las sedes de este colectivo derivó en un acto de repulsa a su ideario político, en el que decenas de personas la acusaron de "hipócrita", "fascista", "totalitaria" y "homofóbica", mientras que sus guardaespaldas empujaban e incluso insultaban a los manifestantes; a uno de ellos, de origen latinoamericano, le espetaron entre empujones que si no le gustaba "vete a votar a tu país".

La organización de homosexuales calificó la visita de la esposa de Aznar de "electoralista" e insistió en "rechazar los insultos que fueron vertidos, si bien defendemos el derecho de expresión y manifestación de cualquier persona, siempre que se produzca dentro de cauces pacíficos".

El Partido Socialista Obrero Español, que ha incorporado a sus listas electorales a un destacado líder del colectivo, e Izquierda Unida, la coalición que defiende con más firmeza y nitidez los reclamos de los homosexuales, aspiran a llevarse los votos de este sector de la sociedad española de 2 millones de personas, que sería determinante para el reparto del poder en cientos de pueblos y en 13 comunidades autónomas.