Jaime Martínez Veloz

Fox entrega Baja California a las trasnacionales

La cesión de territorio mexicano a corporativos energéticos de Estados Unidos acaba de sufrir un golpe serio, cuando en San Diego la jueza federal estadunidense, Irma González, falló en contra de dos plantas eléctricas, construidas en territorio bajacaliforniano, que exportarían energía a ese país. La razón del fallo es la ausencia de estudios de impacto ambiental sobre los reales efectos negativos que ocasionará la operación contaminante de las plantas en ambos lados de la frontera.

Las plantas La Rosita, de Intergen, y la planta de Mexicali, de Sempra, obtuvieron permisos de exportación eléctrica a Estados Unidos. El proceso de obtención de esos permisos se caracterizó por la discrecionalidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que hizo una interpretación sui generis de reglamentos y leyes secundarias, que violentaron el mandato constitucional que establece que la nación es rectora de la política energética mexicana.

Con simulaciones se autorizó construir esas plantas en México, en la frontera de California, cuya economía sufre los efectos de la despiadada desregulación de su mercado energético, suceso traducido en tarifas eléctricas crecientes, usuarios defraudados, corporaciones abusivas y entorno ambiental dañado.

El gran negocio consistía en aprovechar la crisis energética californiana inducida por los corporativos, así como la mediocre regulación ambiental mexicana para construir aquí lo que la ley de Estados Unidos prohíbe en California por sus terribles efectos contaminantes. Es decir, se utilizaría el suelo mexicano como zona de "amortiguamiento" y tiradero tóxico en que se transforman los polígonos territoriales donde opera el tipo de plantas a las que la CRE otorgó permiso sobre permiso para burlar la legislación nacional.

El fallo judicial en contra de esas plantas eléctricas, construidas en Baja California para no incomodar a los estadunidenses, puede echar a perder el negocio a los corporativos trasnacionales, porque estarían impedidos de comprar la electricidad enviada desde México.

Las plantas trasnacionales en territorio mexicano son parte de la estrategia compartida del gobierno mexicano con los corporativos privados para convertir a Baja California en un tiradero o cuarto de máquinas, a la manera de la covacha o cuarto de trebejos donde se guardan desechos y desperdicios. Baja California es un estado de importante vocación turística en las zonas seleccionadas por otro corporativo, Marathon Oil, para instalar regasificadores enormes que provean energía al mercado californiano.

En el colmo del surrealismo, la CRE otorgó permiso a la Marathon Oil para instalar una planta de almacenamiento de gas natural y una de energía eléctrica, un día después del dictamen de la jueza estadunidense contra las dos otras plantas. Llama la atención la persistencia de la CRE, a pesar de que al ser afectadas las plantas por el fallo judicial en Estados Unidos se afecta también el proyecto de la gasera. La gasera proveería de combustible a las otras plantas ahora impugnadas por la jueza. Con el fallo judicial contra las plantas eléctricas se afecta la gasera en Playas de Tijuana.

En Baja California es imprescindible mantener la guardia y la defensa del patrimonio y vida de los ciudadanos afectados por la gasera. La comunidad bajacaliforniana, y en menor medida la autoridad, ya han definido su oposición ante el proyecto, a pesar de lo cual la CRE otorgó su beneplácito. Es importante que nuestros gobernantes manifiesten su firme rechazo a la gasera, obedeciendo al sentir ciudadano. Al momento, la oposición de la autoridad municipal ha sido de dientes para afuera: es necesario que pasen de las palabras a los hechos.

No está de más recordar que el uso del suelo en la zona "seleccionada" por la gasera es de vocación habitacional y turístico, sin espacio para proyectos como el de dichas instalaciones, de las que ya las autoridades judiciales estadunidenses confirmaron los altos niveles de contaminación.

Por ningún motivo debemos permitir que un simple cambio de uso del suelo sea la llave para burlar la determinación social. Desde el nivel federal del gobierno se propicia la conversión de Baja California en un sucio contenedor de proyectos riesgosos y contaminantes; socializarán los costos, peligros y pérdidas entre los bajacalifornianos y privatizarán las ganancias al reducido grupo de corporativos trasnacionales, todo a costa de la vida y patrimonio de los ciudadanos.

[email protected]