Silvia Gómez Tagle

Comercio de la información, un riesgo nacional

Hace un mes, para consternación de algunos funcionarios públicos y de muchos mexicanos, se difundió la noticia de que el gobierno de Estados Unidos compró los registros del padrón electoral y de las licencias de conducir del Distrito Federal a una empresa mexicana que vende datos desde 2001, quien los vendió a Choice Point, que a su vez los vendió al gobierno estadunidese. Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fedape), María de los Angeles Fromow, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) "solicitará información y asistencia jurídica al gobierno de Estados Unidos", pero aclaró que dado que fue una empresa privada la que adquirió y vendió la base de datos del padrón electoral no se le podrá solicitar información al respecto (La Jornada, 16 de abril, pág. 10).

Además de la dirección de cada ciudadano, el Instituto Federal Electoral (IFE) es la única institución de México que cuenta con un banco de imágenes, las cuales tienen capacidad de cotejar para evitar que una misma persona obtenga dos credenciales o más, y de huellas dactilares. Ni siquiera la PGR dispone de las huellas digitales de los ciudadanos de este país. Cabe aclarar que el listado nominal del padrón no contiene números de teléfono o de pasaporte.

La ley electoral garantiza el resguardo de los datos proporcionados por los ciudadanos en el momento de inscribirse en el padrón electoral y señala que serán confidenciales, excepto cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el IFE fuera parte. Sin embargo, el mismo artículo permite a los miembros de los consejos general, locales y distritales, así como a las comisiones de vigilancia tener acceso a dicha información. El artículo 160 señala: "Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos fuente y base del padrón". A fin de cuentas, esta normatividad permite el acceso al expediente a cuando menos 4 mil funcionarios partidistas y electorales. Copias del padrón son entregadas a los partidos políticos "para su uso exclusivo y no podrán destinarse a finalidad u objeto distinto al de revisión del padrón electoral."

Desde 1997 hay varios antecedentes en el uso indebido de la información del padrón electoral. En 1998 se presentó una denuncia por uso de datos del padrón electoral que dio lugar a una investigación de la Fepade, que posteriormente fue suspendida. La reserva en la indagatoria se basó en la imposibilidad de "obtener pruebas documentales", así como en la imposibilidad económica y legal para pagar 40 mil dólares a la empresa estadounidense, que es lo que cobraba para permitirle el acceso al 20 por ciento de su base de datos, lo cual era indispensable para "cruzar datos" y corroborar el uso indebido o no de documentación oficial.

Recientemente el IFE multó con 2.5 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México por el uso indebido de la copia del listado nominal que le fue entregado, toda vez que facilitó esos datos a la agrupación política Movimiento de Acción Republicana, cuando ésta intentó convertirse en partido político.

A pesar de que probablemente tengan razón, tanto el subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación, Francisco Paoli Bolio, como los consejeros electorales Jesús Cantú y Mauricio Merino y el coordinador general del programa de Observación Electoral de la ONU, Nguyen Huu Dong, cuando afirman que la venta del padrón electoral no dañará la elección federal del 6 de julio próximo: "... no veo que hubiera responsabilidad alguna de las autoridades; de tal manera que si no están manchadas en principio, el proceso electoral puede desarrollarse con independencia" (Reforma, 17 de abril, pág. 14 A).

Se considera que en el caso de la venta de datos a ChoicePoint, como en ocasiones anteriores, será muy difícil castigar a los responsables dada la falta de legislación en la materia. Según los especialistas hay intereses económicos de por medio, por lo que ni el gobierno ni las grandes empresas -principalmente bancarias- han querido regular el destino de la información de bases de datos personales.

Por la importancia del manejo ilegal de las bases de datos personales de las instituciones públicas o privadas, tanto el IFE, responsable de resguardar la información del padrón, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, los legisladores y los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de dar seguimiento a estos hechos delictivos, así como resolver las contradicciones que existen en la legislación y que permite que prevalezca la impunidad en delitos tan graves como los reseñados que ponen en riesgo la seguridad nacional y personal de los mexicanos.

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