Carlos Manzo, integrante del CCU, inició huelga de hambre en Tehuantepec

Con violencia extrema rompen bloqueo que exigía la liberación de un indígena zapoteco

El Prodh demanda al gobierno de Murat evitar la ingobernabilidad en Unión Hidalgo

ROSA ROJAS

En tanto Carlos Manzo, zapoteco integrante del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU), cumplía -a las cuatro de la tarde de ayer- 24 horas de ayuno en demanda de su liberación -está recluido en el penal de Tehuantepec, Oaxaca-, paralelamente un operativo policiaco desalojó "con extrema violencia y sin mediar diálogo alguno" un bloqueo que, con la misma exigencia habían instalado por tiempo indefinido decenas de miembros y simpatizantes del CCU sobre la carretera transístmica, a la altura de La Venta, cerca del municipio de Unión Hidalgo.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hizo circular un documento urgente en el que afirma que Manzo "está siendo procesado por delitos que no cometió", y solicita la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la comunidad y en el Centro de Rehabilitación Social de Tehuantepec, para evitar que se susciten acciones que vulneren sus garantías básicas.

El Prodh afirma que la detención de Manzo, realizada el día 14, sucedió en el contexto de un conflicto originado por la petición que el CCU hizo a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del estado para que se realizara una auditoría al ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, "misma que a pesar de haber sido ordenada, hasta el momento no se ha llevado a cabo".

Asimismo, el CCU denunció que durante una manifestación pacífica que llevaban a cabo el pasado 13 de febrero contra el retraso en la realización de la auditoría, obtuvieron como única respuesta que las autoridades municipales dispararan en contra de los manifestantes, resultando privada de la vida una persona y heridas 10 más con arma de fuego.

El Prodh solicita al gobernador de Oaxaca, José Murat; al procurador general de Justicia del estado, Jorge Santibáñez Franco; al presidente de la Gran Comisión Permanente del Congreso del estado, Juan Ramón Díaz Pimentel, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la urgente adopción de medidas para resguardar la vida e integridad tanto de Manzo como de los integrantes del CCU, y la investigación de los hechos violentos ocurridos en el municipio.

Manzo está acusado de privación ilegal de la libertad y robo calificado. Integrantes del CCU aseveraron que los acusadores "son empleados del desconocido presidente municipal Armando Sánchez Ruiz, y que los cargos son falsos". Detallaron que el violento desalojo del bloqueo fue encabezado por el subprocurador de Justicia para el Istmo, Wilfrido Almaraz, y participaron elementos de las policías Preventiva, Judicial estatal, municipales de Juchitán y de Unión Hidalgo, así como Antimotines.

Señalaron que los policías "rociaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, desalojaron el plantón golpeando inclusive a ancianos y mujeres, subieron a una camioneta a seis jóvenes amenazándolos y golpeándolos, varios son hijos de integrantes del CCU que ya tienen órdenes de aprehensión y que han estado participando en el movimiento, finalmente se llevaron a Luis Alberto Marín".

El expediente contra integrantes del CCU es el 193/03, radicado en el juzgado primero de lo penal en Juchitán, y en él están acusados, además de Manzo, Juanita Ulloa, Soledad Mijangos, Antonio López, Pablo Altamirano hijo, un señor Pastelin, Rafael Sánchez Morgan, Francisco de la Rosa Morales, Francisco de la Rosa Gómez, Luis Alberto Marín, Franco López Santos, Jesús Vázquez Ramírez, Leticia Zárate Regalado, Raúl López Cartas, Héctor Ordaz y Sofía Olhovich.

El Prodh menciona que luego de los hechos violentos del 13 de febrero, el presidente municipal y una parte de los miembros del cabildo se ausentaron del municipio de Unión Hidalgo, sin que hasta el momento se sepa su paradero.

El organismo indica al gobernador Murat que "tales acontecimientos provocan que en este momento se viva en el municipio una situación de preocupante tensión e ingobernabilidad, lo cual en opinión de este centro de derechos humanos podría desatar consecuencias irreparables si su gobierno no adopta a la mayor brevedad, con carácter urgente" la investigación pronta y expedita de los hechos; la adopción de medidas necesarias para resguardar la vida y la integridad de Manzo, David Sánchez Alonso, Ausencio Rodríguez Orozco, Sofía Olhovich, Romel Giovanni Matus Matus, dirigentes, y demás miembros del CCU.