El listado se obtuvo del Registro Nacional de Población, según las pesquisas

Identifica el IFE al presunto autor de la venta del padrón electoral

ALONSO URRRUTIA

La Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral (IFE) identificó ayer a Juan López Bedolla, quien laboró en Vanguardia en Informática -empresa que daba servicio al Registro Nacional de Población-, como el principal responsable de la venta del padrón, junto con las empresas Bases de Datos Especializados y Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, propiedad de Jorge López García, instancias que adquirieron en 400 mil pesos la base de datos del listado electoral.

Al dar a conocer las conclusiones de las pesquisas que realizó, el contralor interno del IFE, Mario Espínola, subrayó que todos los datos que tienen de la comercialización ilegal del padrón hacen suponer que la información se obtuvo del Registro Nacional de Población (Renapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación, aunque fue cauto en no deslindar a la dependencia de cualquier responsabilidad en las actividades ilegales.

Espínola sostuvo igualmente que en su consideración la empresa estadunidense ChoicePoint, responsable de la venta definitiva del padrón al Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, no tenía responsabilidad legal, pues hay una cláusula del contrato en el que solicitan a la empresa mexicana que garantice la legalidad de la obtención del padrón. De igual forma, ChoicePoint ofreció al IFE que si le es demostrado que la información es ilegal la retiraría del mercado.

Por la tarde, al conocer el informe del IFE, la Secretaría de Gobernación se apresuró a negar toda vinculación con la venta ilícita del padrón: "en la presente administración no ha tenido ninguna relación contractual el Registro Nacional de Población y la prestadora de Servicios Vanguardia en Informática, por lo que ni el señor Juan López Bedolla ni ningún otro empleado de esa empresa han tenido acceso a las bases de datos del padrón electoral".

En cuatro párrafos, la dependencia exculpó a la actual administración de cualquier vínculo con la venta del padrón electoral. Insistió en que colaborarán en las indagatorias para esclarecer los hechos y llegar a deslindar las responsabilidades correspondientes, aunque los contratos de las empresas mexicanas con ChoicePoint se efectuaron en marzo de 2001 y julio de 2002, según la investigación del IFE, a pesar de que la base de datos corresponde a 1999.

Hacia el mediodía, al rendir su informe final de las pesquisas del IFE, Espínola concluyó que todo hace suponer que la información salió del Renapo, pues el IFE firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación en 1999 relativo a la entrega de la información del padrón para la elaboración de la cédula de identidad.

En ese tiempo, López Bedoya -quien se encuentra prófugo- laboraba para la empresa Vanguardia en Informática, empresa que proveía de servicios al Renapo, lo cual le permitió obtener la base de datos del padrón electoral que el IFE había entregado producto del convenio y venderlo en 400 mil pesos.

Espínola precisó que las empresas mexicanas Bases de Datos Especializados y Soluciones Mercadológicas en Base de Datos fueron las responsables de vender en 250 mil dólares el padrón a ChoicePoint. Según el reporte, Jorge López García, director general de Bases de Datos Especializados, e Ismael Vaca Ramírez, quien fungía como gerente de sistemas de la empresa, adquirieron la información de López Bedolla en un disco duro.

El contralor explicó que ninguno de los involucrados guarda relación alguna con el IFE, por lo que se puede asegurar que el padrón electoral no fue extraído del organismo. Explicó que la empresa mexicana adquirió de manera ilícita la base de datos del padrón original, misma que posteriormente vendió.

Más adelante, Espínola indicó que según las declaraciones del propietario de la empresa, ésta habría tenido que cerrar por una enfermedad que padeció, pero volvió a abrir en 2002 tan sólo para concretar la venta de la actualización de los datos entregados, mismos que adquirió en 190 mil pesos y los vendió en 85 mil dólares.

Cuestionado sobre la responsabilidad de los funcionarios de la empresa, Espínola aseveró que "cualquier persona que compra cosas en efectivo y dice que no se enteró de lo que compró hasta después, que confiaba en que era bueno, pues no se le puede creer, sobre todo cuando es una persona que tiene muchos años en esto.

"ƑUna persona que cierra una empresa porque dice que se encuentra enferma? Tampoco me suena lógico. Cuando uno se encuentra enfermo y piensa que va a terminar muy mal, la empresa automáticamente se cierra. Está uno preocupado por la enfermad y no en cerrar empresas. La verdad es que creo que cerraron la empresa y para acabar la operación abrieron una nueva compañía para la nueva operación (Soluciones Mercadológicas en Base de Datos), misma que sirvió para documentar la actualización."

Durante la rueda de prensa, Espínola exculpó a la Secretaría de Gobernación argumentando que esta base de datos pudo haber salido de otros lados (partidos políticos, institutos estatales electorales o el propio Registro Federal Electoral), "pues cuando alguien se quiere robar algo lo va a hacer".

El contralor señaló que creía difícil que ChoicePoint pudiera estar involucrada en trámites ilegales por varias razones: existe una cláusula en el contrato en la que la empresa mexicana asegura que la base de datos es de dominio público y por eso es legal; que ChoicePoint es una empresa de primera línea que cotiza en la bolsa de valores y que tiene en la credibilidad ante sus clientes una de sus principales ventajas, por lo que no le es conveniente un escándalo de esos, y porque ha colaborado con el IFE en todo momento.

Indicó que el ofrecimiento de retirar del mercado esta base datos si hay comprobación de ilegalidad es un asunto que conviene a todos, pues si no el IFE tendría que promover un largo litigio legal.

Espínola concluyó que las investigaciones del instituto han llegado a su fin, pero que mantendrán la colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, responsable de las investigaciones penales, y que confían que aprehenderá a López Bedolla y a los demás que estén involucrados en esta venta ilegal.