Crece el riesgo si recibe todos los casos que la PGR no quiere investigar, advierten

Temen ONG fracaso de fiscalía especial

VICTOR BALLINAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, el Centro Fray Francisco de Vitoria, la agrupación Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, Sin Fronteras y el Foro Migraciones destacaron que se debe precisar el mandato de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, porque el riesgo de que continúe recibiendo todos los casos que la Procuraduría General de la República (PGR) no quiere investigar es que al final su resultado sea que no sirva de nada.

Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, expuso que la fiscalía está tomando las investigaciones y los casos que la PGR no quiere. Dijo que el asunto de los maestros asesinados (se acusa a ex líderes magisteriales) y el de Aguas Blancas "deben ser indagados por la procuraduría" para que la fiscalía acelere los trabajos que ya tiene.

Por su parte, Graciela Mijares, de la organización Uníos y ex guerrillera de la Liga 23 de Septiembre, manifestó su preocupación porque la fiscalía no realizó investigaciones de fondo, y aunque tiene facultades, "sólo está bateando" la pelota. "Es indignante esta actuación porque todos sabemos cómo ha sido el control del Estado sobre las agrupaciones sindicales y, sobre todo, de los dirigentes charros. Es vergonzoso que no se pueda saber ni obtener información de los grupos paramilitares que existen al cobijo y servicio del movimiento obrero oficial."

Mijares destacó que en la agrupación Uníos, junto con ex compañeros de guerrilla, se busca realizar una coordinación amplia y empujar para pelear juntos sin distingos de organizaciones, con el objetivo de que la PGR pueda investigar.

Por su parte, Arturo Requesens, académico de la Universidad de la Ciudad de México y abogado de ACAT, comentó que si se analiza jurídicamente la competencia de la fiscalía, es amplia, tanto que podría conocer cualquier tipo de crimen político cometido de manera directa o indirecta por servidores públicos.

Insistió en que "no hay límite en el tiempo y en el espacio, por lo cual es conveniente que se precise su mandato, porque si no se va a saturar y hay casos que deben ser investigados por la PGR".

Manifestó su extrañeza porque en el caso de los maestros asesinados la fiscalía dijo que no es su competencia, pero de acuerdo con su mandato tiene la obligación de investigar y no lo hizo.

Christian Rojas, del Foro Migraciones, señaló que el hecho de que la fiscalía haya tomado el caso de los maestros "mina profundamente la credibilidad sobre sus resultados, es un retroceso", pues se había planteado no sólo investigar la verdad jurídica, sino conocer lo que realmente ocurrió, y cada vez hay evidencias de que se pisa más el terreno de la impunidad.

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, consideró que la dependencia que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, en su carácter de extraordinaria, no se debería volver ordinaria y retomar todo asunto que la PGR no quiere.

"Es preocupante que la procuraduría haya determinado que no hay elementos para fincar responsabilidad a Elba Esther Gordillo y Carlos Jonguitud, porque es su función investigarlos, además de que no quedan claras las razones que aduce para que no se procediera en su contra."