Ya se negocia en la OMC la liberación de servicios, advierten expertos

La trasnacionalización, grave riesgo para la educación superior en México

La instalación de instituciones extranjeras podría convertirse en una invasión cultural

Se desconoce el grado de penetración por lagunas legales y permisividad de autoridades

JOSE GALAN

La trasnacionalización de la educación superior en México es un hecho, aunque se desconoce su grado de penetración debido a la existencia de lagunas legales y la permisividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirman investigadores y expertos en la materia. Advierten que ya se negocia en la Organización Mundial de Comercio (OMC) la liberalización de los servicios educativos, y consideran que este hecho es "peligroso" por la modificación del perfil de la educación nacional que esta apertura conllevaría.

Inclusive, como considera Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Centro Sobre Estudios de la Universidad (CESU) de la UNAM, este proceso de trasnacionalización de la educación superior afecta negativamente "el bien público de las universidades", en el contexto de la comercialización global de la educación superior, es decir, su exportación e importación como mercancía.

Carece México de un registro de la oferta de universidades extranjeras

Para Javier Mendoza, responsable de estudios, investigaciones y proyectos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el país carece de un registro oficial de las ofertas de las universidades extranjeras, "y mucho menos de la seriedad de las mismas".

Este proceso de trasnacionalización ha sido caracterizado por Sylvie Didou, experta en educación del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, como el establecimiento de franquicias, consorcios y alianzas de universidades extranjeras con instituciones mexicanas, ofreciendo sobre todo cursos de licenciatura o posgrado, sin que hasta ahora haya una política de Estado que las regule.

"Los costos de este proceso de globalización en la educación serán susceptibles de ser medidos a mediano plazo, ya que en México superar 20 por ciento de cobertura entre los jóvenes en edad de cursar la educación superior (de 18 a 24 años) ha sido una estrategia de formación de elites nacionales, de estabilización social y de responsabilidad estatal", sostiene.

En la actualidad la globalización de la educación se discute en el contexto del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), administrado por la OMC, que busca la progresiva liberación de varios sectores, incluyendo la educación. Es una negociación compleja, porque involucra, sobre todo, las definiciones asumidas en acuerdos multilaterales como la Unión Europea, el Mercado Común del Sur (Mercosur) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), signado entre México, Estados Unidos y Canadá, advierte Rodríguez Gómez, quien también es miembro del Observatorio Ciudadano de la Educación.

Los modos de "suministro" tipificados por el GATS son: suministro transfronterizo, que en educación superior serían ejemplos la enseñanza a distancia y la universidad virtual; consumo en el extranjero, por ejemplo, el envío y recepción de estudiantes de un país a otro; presencia comercial o el establecimiento en un país de instituciones filiales o franquicias de otras extranjeras, así como alianzas comerciales con instituciones del país receptor, y la presencia de personas, que implica la residencia temporal de académicos extranjeros para trabajar en instituciones nacionales o en filiales. Sin embargo, las discusiones en el interior de los mecanismos de liberalización de la educación no han podido llegar a acuerdos importantes, lo que ha generado reacciones.

Rodríguez Gómez advierte sobre una de ellas: el impacto que podría tener en México la Declaración Conjunta de la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá, el Consejo Americano de Educación, la Asociación Europea de Universidades y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que juntas suman más de 4 mil instituciones, y que plantea el compromiso de "reducir obstáculos" al comercio internacional de la educación superior mediante la realización de convenios y acuerdos fuera de un régimen de política de comercio", es decir, fuera del GATS.

Ante la liberalización de los servicios educativos que se negocia en la OMC, México corre el peligro de que instituciones extranjeras se instalen en el país con una invasión cultural que modificaría prácticamente todo el perfil de la educación nacional, advierte Javier Mendoza.

Aclara que no se trata de cerrar las puertas a ofertas extranjeras, pero sí se requiere definir una clara política en el país para fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior y, de manera especial, la de carácter público, para evitar que "en aras de intereses económicos de otros países se establezcan instituciones con fines de lucro".

Agrega que hay "lagunas legales" en la propia normatividad de las secretarías de Educación Pública (SEP), Relaciones Exteriores (SRE) e inclusive en la de Economía, que abren la puerta para la llegada de instituciones internacionales "patito" dispuestas a lucrar con el afán de superación de jóvenes y adultos sin estar obligadas a cumplir con los requisitos de calidad, pertenencia, experiencia y tradición que caracterizan a la universidad pública y privada del país.

Sylvie Didou, en su documento "La trasnacionalización de la educación superior", publicado en el número de invierno de la Revista de la Educación Superior, editada por la ANUIES, afirma que si bien es común encontrar en los diarios dominicales publicidad de universidades extranjeras en México, ni la SEP, la ANUIES o la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES) aseguran su registro sistemático, "lo que impide dar cuenta de su extensión real o de sus facetas".

Desinterés del sector oficial

Advierte que hasta la fecha la SEP no ha expresado oficialmente posición alguna respecto de la trasnacionalización de la educación superior, "sea porque escapa a su ámbito de competencia, sea porque está interpretada como educación privada, o porque su importancia cuantitativa es todavía limitada", y considera que, independientemente de sus causas, "la ausencia de reacciones oficiales denota no sólo cierto desinterés para el fenómeno sino una profunda ambigüedad".

Considera que en un país en el cual apenas se encuentran inscritos en educación superior 20 por ciento de los jóvenes, y en donde la demanda sobrepasa la oferta, toda contribución a la ampliación del cupo es bienvenida, lo que a su juicio explica "el escaso control gubernamental del sistema privado de educación superior (religioso, mercantil, corporativo, trasnacional)".

Las fallas de supervisión, aunadas al desarrollo de un subsector trasnacional, son susceptibles de tener costos políticos a mediano plazo en el ámbito de la formación de elites y de estabilización social, además de la responsabilidad estatal en materia de educación como servicio público.

Sylvie Didou advierte: cuando la trasnacionalización aparezca como una tendencia relevante de cambio en un contexto de no regulación, será cuanto más susceptible de volverse un soporte de conflictos políticos e ideológicos ante la falta de acción pública anticipada al respecto.

Por lo pronto, la ANUIES comenzó a realizar un estudio sobre los riesgos de este proceso de "trasnacionalización", anuncia Javier Mendoza, quien revela una de las inquietudes de la asociación: que la oferta emergente del mercado nos llegue a "imponer" modelos educativos en México.