El gobierno y legisladores del tricolor pretenden que sean asumidos como deuda pública

Complot para legalizar pagarés Fobaproa por $200 mil millones

Denuncian diputados del PRI y PAN que se quiso aprobar un acuerdo mediante el cual se liberaba a los bancos de una nueva auditoría Estas instituciones continuarían el pago de débitos "dudosos"

ENRIQUE MENDEZ

Diputados federales del PAN y PRI denunciaron que hay un "complot" del gobierno federal -incluido el presidente Vicente Fox, "por omisión"; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)- y legisladores del tricolor para dar forma legal a los pagarés del Fobaproa por 200 mil millones de pesos en poder de Banamex y Bancomer, los cuales están pendientes de ser auditados, y se pretende que sean asumidos como deuda pública.

Asimismo, el secretario de la Comisión de Vigilancia, el petista José Narro Céspedes, explicó que la pretensión de los bancos es que se les sigan suministrando recursos del erario para destinarlos a cubrir una deuda que es de carácter público, y que ese dinero no pueda ser auditable.

El diputado panista Sergio Vaca Betancourt y el priísta Víctor Infante revelaron que en la última sesión ordinaria del 30 de abril pasado se pretendió aprobar un punto de acuerdo para que los bancos firmaran un convenio con el IPAB, en el cual se comprometían a desistirse de los amparos promovidos contra la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que, en realidad busca liberarlos de las observaciones realizadas por el auditor.

Narro Céspedes explicó que con dichos convenios los bancos podrían seguir recibiendo recursos del IPAB para pagar "deuda de dudosa calidad o que no esté bien justificada, préstamos que no se otorgaron correctamente y operaciones irregulares".

Vaca Betancourt sostuvo que en el complot también está involucrado el presidente Fox, "por omisión", y señaló que como mandatario su obligación es cuidar el interés nacional y no el de particulares.

Recordó que la tarde del 30 de abril, mediante el vicecoordinador de la bancada priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, Hacienda trató de que se aprobara un modelo de convenio entre el IPAB y los bancos para "burlar la obligación legal de realizar auditorías a las operaciones del Fobaproa".

Incluso, a esa propuesta respondió el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, quien en un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Vigilancia, Manuel Galán Jiménez, con copia a los integrantes de esa instancia legislativa, advirtió que "bajo ninguna circunstancia el convenio que llegara a celebrarse puede condicionar o limitar las facultades constitucionales que tienen en la materia la Cámara de Diputados, su entidad de fiscalización superior y las autoridades competentes".

José Narro resaltó que a Banamex y Bancomer se les han entregado recursos públicos y, por lo tanto, es obligación del Congreso auditar su manejo. "Es facultad del Legislativo vigilar el buen uso de ese dinero. No vamos a permitir esos convenios, porque son ilegales y pretenden acotar las atribuciones del Congreso."

Vaca Betancourt entregó además copias de una moción suspensiva para que se retirara la propuesta de Ramírez Marín, en la cual denunció que con los convenios se pretendía asegurar que sólo esos dos bancos fueran beneficiados y "garantizar impunidad plena a los principales responsables de este desastre que ha dañado la economía nacional y que tienen nombres y apellidos, ente ellos Francisco Gil Díaz, Jonathan Davis, Guillermo Ortiz y Héctor Tinoco", entre otros.