De casi 300 denuncias, se ha ejercido acción penal contra 152 servidores públicos

100 funcionarios y particulares, acusados por la Secretaría de la Función Pública

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La Secretaría de la Función Pública (ex Contraloría) tiene en curso más de 100 procesos penales contra funcionarios y particulares que cometieron actos de corrupción y estima que la mayor parte de estos casos se resolverán en el presente año. La dependencia ha aportado las pruebas legales ante las autoridades judiciales y está colaborando con ellas en las investigaciones.

Las pruebas legales aportadas por la secretaría fueron obtenidas en auditorías a diversas instancias gubernamentales, así como en operativos especiales de usuarios simulados o denuncias, según establecen informes de la dependencia, e indican que los procesos penales acusan principalmente actos de corrupción en las áreas de compra, en la distribución de insumos gubernamentales, así como en el tráfico de servicios, falsificación de documentos oficiales, utilización fraudulenta de recursos públicos y violación a la ley de adquisiciones.

Los 100 procesos legales que se siguen son parte de los 278 que en esta administración ha iniciado esta secretaría, de los cuales a la fecha tiene 152 indiciados y se han logrado 99 órdenes de aprehensión. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se trata de funcionarios menores que, en contubernio con particulares, cometieron ilícitos.

La estadística de la dependencia indica que en este gobierno, funcionarios públicos y particulares han desviado más de 3 mil 519 millones de pesos y casi 261 millones de dólares en acciones ilícitas, por lo que además de las 278 denuncias legales, se ha sancionado a 9 mil 220 servidores públicos, se han aplicado 3 mil 470 amonestaciones, pero también se ha destituido a mil 330 funcionarios y a otros 3 mil 480 se les ha inhabilitado.

También la dependencia ha logrado el aseguramiento de mercancía con la que se traficaba; identificado bandas de falsificadores de documentos oficiales y hasta detectado actos de extorsión en los servicios de salud. Según señala la Secretaría de la Función Pública, un aspecto fundamental en la aportación de pruebas de corrupción ha sido el programa del "usuario simulado". Este y casi mil 619 verificaciones y 55 operativos, han permitido sorprender en flagrancia a servidores públicos en actos de corrupción, a los que se les han fincado responsabilidades administrativas y económicas, además de haber sido denunciados penalmente.

Reconoce la dependencia que la mayor parte de las sanciones y de los procesos legales en desarrollo se han generado por denuncias ciudadanas en vez de las auditorías practicadas, pues el sistema de quejas ha aportado información suficiente para emprender estas determinaciones y revisar la situación de algunos servicios públicos.

De esta forma, el balance que da la dependencia es la presentación de casi tres centenas de denuncias contra servidores públicos y particulares por montos de 3 mil 519 millones de pesos y 260 millones 924 mil dólares. De ellas, se ha ejercido acción penal en contra de 152 indiciados; se han obsequiado 99 órdenes de aprehensión y se ha decretado formal prisión a 76 individuos. Se condenó a 53 responsables de la comisión de delitos, con penas de prisión de tres meses a nueve años y multas que ascienden a 754 mil pesos. La reparación del daño llega a los 249 millones de pesos y se decretó el decomiso de 990 mil dólares.

La información puntualiza sin embargo que en la mayoría de los casos los responsables disfrutan de libertad bajo fianza, independientemente de que se les haya librado orden de aprehensión y auto de formal prisión, porque los cargos se definen como no graves.