Acuerdan 10 secretarías y PGR combatir el uso electoral de programas sociales

El sufragio no se intercambia por servicios: Creel

ALONSO URRUTIA

Al encabezar la firma de las bases de colaboración de 10 secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) para no utilizar programas sociales con fines electorales, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, sostuvo que "el voto no se vende" a cambio de bienes o servicios públicos. Esos derechos deben ser defendidos por todos y estas libertades garantizadas desde cualquier frente, pero en primer lugar por el gobierno, expuso.

Subrayó que al concretar este acuerdo, el Poder Ejecutivo pretende ser fuente de equidad en la contienda y evitar que se distorsione la competencia, para que el ciudadano permanezca informado sobre el uso de los recursos públicos y tenga garantizado ejercer su voto con libertad.

Se pretende impulsar una prevención de delitos electorales y al mismo tiempo que los grupos sociales beneficiarios de las políticas públicas las reciban sin condicionamiento alguno, agregó Creel.

En su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, subrayó la importancia del acuerdo para la consolidación de la democracia, preservar la legalidad y eliminar riesgos de corporativismo y clientelismo electorales. "Cuando prevalece la no legalidad ponemos en riesgo la sustentabilidad de nuestras comunidades y limitamos la capacidad de ejercicio del gobierno, que diezma el capital social del país."

A su vez, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, destacó que cuando los recursos públicos se transforman en un instrumento político de determinados actores, para obtener ventajas electorales, "no sólo se trasgrede el estado de derecho y se genera corrupción, sino que también se vulneran las reglas de equidad del juego democrático".

A la ceremonia realizada en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación acudieron los titulares de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Agricultura, Javier Usabiaga; de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger; de Economía, Fernando Canales; de la Función Pública, Eduardo Romero, así como el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, y dirigentes partidistas.

Todos ellos atestiguaron la firma del acuerdo con la PGR y en especial con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuyo objetivo central es eliminar la utilización de recursos públicos para fines proselitistas.

Creel dijo que aun cuando existen candados legales para evitar abusos y desigualdad, el gobierno busca "ir más allá de sus obligaciones para garantizar la buena marcha de las elecciones y propiciar un ambiente de entendimiento entre las fuerzas políticas, que pueda verse reflejado después de los comicios".

Se busca que los programas sociales fluyan sin distingo de preferencias políticas o ideológicas y que al final de cuentas el voto sea realmente libre. El convenio pretende alentar la denuncia sobre posibles desvíos de recursos por parte de funcionarios federales con fines electorales y para ello se buscará facilitar el esquema de denuncias ante la Fepade, además de divulgarse en medios de comunicación que existe esa posibilidad.

A su vez, Vázquez Mota subrayó que las bases de colaboración tienen una enorme importancia para consolidar la democracia mexicana, para terminar de una vez con la lectura tolerante de las desviaciones y con el uso del poder para manipular o reconducir el voto. Destacó que la transparencia en los programas públicos es un instrumento central para restaurar la confianza social en el gobierno, pues lo que genera irritación es la persistencia de zonas de discrecionalidad, terreno fértil para corporativismo y clientelismo.