México D.F. Domingo 11 de mayo de 2003
Cada minuto 54 familias son víctimas de robo, plantea un estudio del BID
La violencia en América Latina, cinco veces mayor que en el resto del mundo
Aumento de pobreza y desigualdad disparan los índices delictivos en la región
JOSE GALAN
En América Latina ocurren por lo menos 140 mil homicidios al año. Los mayores factores de riesgo se ubican en el consumo de alcohol y la portación de armas de fuego entre hombres jóvenes. Pero también la creciente deficiencia en el sector educativo es factor subyacente en el incremento del nivel de violencia en la región, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Bajo esas cifras, cada ciudadano latinoamericano pierde el equivalente a casi tres días anuales de vida saludable a causa de la violencia; 28 millones de familias son objeto de robo o hurto en un año; es decir, 54 familias cada minuto, aproximadamente una por segundo. La violencia, según estos indicadores, es cinco veces más alta en la región que en el resto del mundo.
De acuerdo con cifras del BID, la violencia sobre bienes y personas representa una destrucción y transferencia de recursos de aproximadamente 14.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) latinoamericano; esto es, 168 mil millones de dólares, mientras que en capital humano se pierde 1.9 por ciento del PIB, equivalente al gasto en educación primaria en la región. En capital se pierde anualmente 4.8 por ciento del PIB; o sea, la mitad de la inversión privada. Las transferencias de recursos entre víctimas y criminales alcanzan 2.1 por ciento del PIB, porcentaje superior al efecto distributivo de todas las finanzas públicas.
Según el BID, una brecha de un año de educación se asocia estadísticamente con un aumento de la tasa de homicidios; es decir, 14 mil anualmente. También sostiene que el aumento de la pobreza y de la desigualdad en América Latina en la década de los 80 pudo haber generado un mayor índice de agresiones que, de acuerdo con estimaciones, alcanzó más de 30 mil asesinatos al año.
Bajo los términos de epidemiología social se puede identificar el consumo de alcohol y la deficiencia educativa y de capital social, así como a las enfermedades mentales, entre los factores que, tomados en su conjunto -aun sin incorporar los efectos de las drogas y la violencia política-, podrían explicar el exceso de violencia en la región y su ascenso en años recientes.
Para el BID -con base en un documento generado por la Red de Centros de Investigación-, hay políticas simples "muy eficaces" en el área de vigilancia y seguimiento de los hechos: el control del consumo de alcohol y otras drogas; restricciones al uso, tenencia y tráfico de armas de fuego, y adecuada atención de urgencias en los servicios de salud, que permitirían reducir sustancialmente tanto la incidencia de la violencia como sus costos.
Pero también se debe combinar la lucha contra la impunidad y por la eficacia de los aparatos judiciales y policiales con mayor flexibilización, para que los individuos y sus asociaciones puedan ejercer mayor prevención y control de los comportamientos violentos. Añade que la reconstrucción del tejido social y la acumulación de capital social son las inversiones más importantes para cimentar en América Latina una convivencia ciudadana más pacífica.
En la región, el principal instrumento para agredir mortalmente es el arma de fuego, con un promedio cercano a 80 por ciento y una importancia creciente. En todos los sitios donde fue estudiada, la violencia homicida se presentó con mayor intensidad en hombres jóvenes, de bajos recursos económicos y de poca educación. Es más, las muertes por homicidio intencional ocurren con mayor frecuencia entre la población joven, de manera especial en los grupos de edad de entre 15 y 34 años. La mayoría de las víctimas son hombres, mientras que las tasas entre mujeres son más bajas, aunque comparativamente bastante más elevadas que a escala internacional.
Insiste en que las armas y el alcohol son elementos fuertemente asociados con hechos de violencia. La mayoría de los homicidios se registra con armas de fuego y sólo una parte inferior a 15 por ciento con armas punzocortantes.
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