Exhorta a la PGJE a tomar medidas contra 3 agentes del MP, 3 judiciales y una perito

Admite la Coddehum anomalías en acción penal contra tres presuntos homicidas en Guerrero

JESUS SAAVEDRA Y LUIS A. BOFFIL CORRESPONSALES

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) emitió la recomendación 014/2003 dirigida a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) contra tres agentes del Ministerio Público, tres judiciales y un perito, quienes supuestamente violaron las garantías constitucionales de tres implicados en el homicidio del empresario Javier Ibáñez Sandoval.

Hace un año aproximadamente, la PGJE presentó a media docena de personas presuntamente relacionadas en el asesinato de Ibáñez Sandoval, incluido el presunto autor material del crimen, Valentín Acevedo Ocampo, alias La Medusa.

La PGJE involucró además a Víctor González Benítez, Antonio Rodríguez Retana y Julio Adame Trujillo como cómplices de Acevedo Ocampo.

Estos tres interpusieron una queja ante la Coddehum por considerar que se violentaron sus derechos humanos. Después de una investigación, la comisión determinó que hubo inconsistencias e irregularidades durante el ejercicio de la acción penal contra los presuntos homicidas.

En su recomendación 014/2003, el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández, pide al titular de la PGJE, Jesús Ramírez Guerrero, "se tomen medidas" contra los agentes ministeriales Jesús Miranda Rodríguez, Joaquín Díaz Terrero y Martín Jiménez Juárez; los judiciales José Guadalupe Herrera Sánchez, Javier Villalobos Martínez -quien se encuentra preso en Acapulco por estar involucrado en el robo a una joyería- y Salvador Chávez Casarrubias, y contra la perito Margarita Farías Campos.

"Que en su momento se determinen y se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan, en virtud de haber faltado a los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones", recomienda.

Las faltas en que incurrieron los tres primeros servidores públicos, de acuerdo con la Coddehum, fueron haber detenido a estas tres personas "sin ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad correspondiente"; emitir y ordenar la detención argumentando un caso de "urgencia"; por resentir su detención ilegal y omitir poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a los quejosos, y por allanamiento de morada, detención arbitraria y retención ilegal".

Recomendaciones a la alcaldesa de Mérida

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) emitió tres recomendaciones a la alcaldesa de Mérida, la panista Ana Rosa Payán Cervera, que son favorables a los comerciantes del mercado Lucas de Gálvez, la principal central de abasto del estado, con 60 años de antigüedad.

El conflicto data del año pasado, cuando la presidenta municipal anunció la demolición del mercado para construir una moderna central de abasto. Los locatarios se negaron porque, explicaron, tendrían pérdidas económicas y "la preferencia sería para los ambulantes".

Los locatarios, dirigidos por el priísta René Velázquez Franco, argumentaron que la alcaldesa se comprometió a respetar el fallo y, por tanto, recular en la pretendida demolición del mercado, ya que acarrearía grandes perjuicios a la economía de los comerciantes.

Debido a que los principales argumentos de la autoridad fueron los deficientes servicios con que opera dicho centro comercial, la Codhey recomienda a la funcionaria "dar cabal cumplimiento a la ley orgánica" de los municipios del estado, y de Mérida en particular, con la intención de "agilizar" la prestación del servicio de limpia y recolección de basura, así como de mantenimiento del mercado.

También, tomar las medidas administrativas y operativas "necesarias para que el suministro de agua potable sea regular y eficiente. Se pide también realizar los estudios para la reubicación de los contenedores de basura o en su defecto dotarlos de mecanismos de seguridad que impidan la proliferación de malos olores y fauna nociva."