Es una clara evidencia de que persiste esta práctica, asevera Emilio Alvarez Icaza

Emite la CDHDF recomendación por caso de tortura en el Reclusorio Norte

Pide formular denuncia ante el MP contra un custodio e investigar a varios funcionarios

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Al presentar la segunda recomendación del año, por un caso de tortura, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, señaló que se desconoce la dimensión real de este tipo de tratos crueles y degradantes en la ciudad, ante la actitud de las autoridades de procuración de justicia, seguridad pública y reclusorios, de soslayarlos al no calificarlos en sus términos.

El hecho de que la tortura ya no se ejerza como práctica política o para fabricar culpables al obtener con ella una confesión, de ninguna manera quiere decir que no exista, y el caso al que se refiere la recomendación es una clara evidencia, apuntó.

La recomendación 2/2003, dirigida al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Héctor Cárdenas San Martín, por tortura, violación a la integridad personal y a la protección judicial, se refiere a la golpiza que recibió el interno Martín Bañuelos González en el Reclusorio Norte, a instancias del custodio Noé de la Cruz Jiménez, a quien denunció junto con el custodio Francisco Barrios, quien le exigió el pago de 200 pesos para anotarlo en el pase de lista.

Alvarez Icaza refirió que el año pasado la CDHDF no pudo continuar 23 quejas por tortura, la mayoría presentadas por presos, quienes se desistieron por temor a represalias. En el caso de Bañuelos, el ombudsman recordó que en tres ocasiones se pidió a las autoridades del penal adoptar medidas cautelares para garantizar su integridad física y moral, y sin embargo fue agredido en varias ocasiones.

Entre los puntos de la recomendación, la CDHDF pide formular denuncia por tortura contra Noé de la Cruz, ante el Ministerio Público, dar vista a la Contraloría interna por acciones u omisiones en que incurrieron el jefe de Seguridad y Custodia, Raúl Cano Escalera; el responsable de Servicios de Apoyo, Alberto Esparza Mosqueda; el subdirector Jurídico, León Navarro Castro; la secretaria auxiliar de la dirección, Erika Mendoza, y otros funcionarios que pudieran estar involucrados. Asimismo, pide que en todos los casos en que la CDHDF solicite medidas cautelares -precautorias, de conservación o restitutorias-, se verifique que la adopción de éstas permita salvaguardar la integridad física y síquica de los presos, así como impedir que el personal de seguridad y custodia exija dádivas a los reclusos, así como elaborar un estudio sobre las opciones de supervisión y control de dicho personal.