Francisco López Bárcenas

Elecciones y pueblos indígenas

En tiempos electorales no sólo se mueven los partidos y la clase política tradicional, también lo hacen los pueblos indígenas, sus comunidades y sus organizaciones. Algunos se mueven dentro de los mecanismos que el sistema político les brinda, sobre todo buscando un lugar dentro de la próxima Cámara de Diputados federal, porque, aseguran, el Congreso de la Unión es la principal trinchera de resistencia para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta postura en muchos casos no es coyuntural sino una concepción estratégica que igual se da en otros países de América Latina, como Ecuador o Colombia, con la diferencia de que en esos lugares las organizaciones indígenas han tenido más cuidado de lanzar candidaturas cuando tienen posibilidades de ganar.

Otros actores, en cambio, prefieren ensayar vías distintas de resistencia, búsqueda de alternativas novedosas para crear su propio poder, en lugar de luchar por un espacio dentro de los cánones tradicionales. Por ejemplo, hace meses varias autoridades del pueblo rarámuri, en el estado de Chihuahua, hicieron una invitación pública a debatir la posibilidad de rechazar las elecciones, como forma de protesta porque el Congreso de la Unión se ha negado sistemáticamente a reconocer en la Constitución federal los derechos indígenas. Si ellos no nos escuchan nosotros no tenemos por qué escucharlos, pareciera ser la lógica de la propuesta, que al final busca forzar el reconocimiento de los otros, los excluidos, los negados: los pueblos indígenas. Más recientemente, algunas comunidades pertenecientes al pueblo triqui y otras del pueblo mixteco, en el estado de Oaxaca, han formulado declaraciones públicas afirmando que no votarán, no recibirán candidatos en campaña e incluso impedirán que las autoridades electorales instalen casillas si antes de las elecciones no se resuelven sus añejos problemas sociales. Como en el caso de los rarámuris, los triquis y los mixtecos apelan a una posición de fuerza para hacerse escuchar.

El asunto merece reflexionarse. Las organizaciones y los líderes indígenas que han decidido participar electoralmente en las actuales condiciones políticas de sometimiento de sus pueblos por el aparato estatal no están aportando nada novedoso en la construcción de las autonomías indígenas o en la defensa de los derechos colectivos de sus pueblos y, hasta se podría afirmar, de manera indirecta están fortaleciendo al sistema político al que dicen combatir y, por lo mismo, legitimando el escamoteo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Cualquiera sea el interés que mueve a quienes optan por esta vía, es claro que se mueven en arenas engañosas, las que el sistema político brinda y bien se cuida de controlar, lo mismo que el ejercicio del poder, cuando se obtiene el puesto. Además, se trata de una práctica que algunas organizaciones han impulsado por más de una década y que bien valdría hacer una evaluación de sus resultados.

Por su lado, los que se oponen a las elecciones buscan nuevas formas de construcción y ejercicio de la ciudadanía y la democracia, al tiempo que cuestionan las viejas prácticas corporativas -no sólo priístas sino de todos los partidos- de llegar a imponerles candidatos y candidatas, que ellos muchas veces ni conocen, igual que los programas que buscan impulsar como representantes populares para los cuales no les pidieron su opinión. Cuestionan que se les trate como ciudadanos de segunda, sin derechos plenos, pero además que al no reconocerse sus derechos políticos de pueblos, ellos no puedan participar electoralmente de manera diferenciada.

Como en años anteriores, ahora que los partidos dan el triste espectáculo de pelear las representaciones populares sólo por tener una chamba más o no vivir fuera del presupuesto, los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas vuelven a poner el debate en un asunto que no es sólo de ellos sino del país entero, y con ello nos recuerdan que, por definición, no puede haber un solo tipo de democracia, y menos aquella que sólo cuida las formas. En el fondo quieren que las reglas para el ejercicio de los derechos políticos no excluyan a nadie, por muy diferente que sea, y que los compromisos se cumplan. En síntesis, cuestionan el autoritarismo disfrazado de alternancia. Ellos sí buscan quitarle el freno al cambio. Pero su lucha no es sólo por ir más rápido, sino también por modificar el rumbo.