Pendiente, la decisión sobre el conflicto con el Legislativo nayarita por el presupuesto estatal 2003

Admitió la Corte nuevo recurso contra Antonio Echevarría

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer la controversia constitucional 37/2003 del Congreso nayarita contra el gobernador Antonio Echevarría Domínguez por su negativa a publicar en la gaceta oficial del estado los decretos 8487 y 8488 del Congreso. El primero contiene los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los municipios para el ejercicio fiscal 2003.

Además, la Corte deberá resolver también sobre el conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Nayarit sobre el presupuesto de 2003, un caso que se convertirá en precedente en la materia. Tendrá que determinar si procede o no que cuando no se haya aprobado en tiempo el presupuesto de egresos de una entidad se aplique de manera temporal el del año anterior.

En el marco del conflicto legal entre Echevarría Domínguez y el Congreso local, la Corte dio entrada a la controversia constitucional y a un incidente de suspensión con el que se pretende dejar sin efecto el Acuerdo Intersecretarial de Gestión y Financiamento, que a instancias del mandatario aprobó la aplicación temporal del presupuesto de 2002 en Nayarit.

En este contexto, la SCJN requirió a Echevarría para que en un plazo máximo de tres días le entregue los documentos solicitados o, de lo contrario, se hará acreedor a una multa de mil pesos.

Esta controversia legal es inédita, en razón de que el máximo tribunal de justicia del país decidirá el procedimiento a seguir cuando por diversas causas un determinado estado de la República no cuente con un presupuesto aprobado para el primer día en que se deban ejercer los recursos.

El 24 de diciembre pasado, el Congreso de Nayarit aprobó el presupuesto para 2003, en el que fueron evidentes las "diferencias de opinión con el Poder Legislativo" de parte del gobernador Echevarría en relación con la distribución del gasto.

Las fracciones de PRI, PRD, PAN, PT y Convergencia por la Democracia aprobaron recursos para el campo y la Universidad Autónoma de Nayarit, ignorando la intención del Ejecutivo de reducir fondos a esos rubros. También hubo diferencias en cuanto al aumento presupuestal para los ayuntamientos, ya que en algunos casos el gobernador había solicitado incrementos que no fueron tomados en cuenta. También se aumentaron partidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Tribunal de Arbitraje Médico, a la Asociación de Discapacitados y al Consejo Estatal Electoral.

El coordinador de la fracción perredista, Juan Manuel Mier Pecina, señaló que la distribución del gasto se había aprobado de esa forma por ser "rubros prioritarios a los que no podemos, por ningún motivo, restarles dinero, pues son base del desarrollo de Nayarit".

En respuesta, Echevarría vetó el presupuesto de egresos, impidiendo su aplicación, luego de que los legisladores rechazaran su petición para realizar un periodo extraordinario de sesiones para modificarlo.

En febrero pasado Echevarría interpuso ante la SCJN una controversia constitucional contra el Congreso local, argumentando que la negativa a citar a periodo extraordinario de sesiones "coartaba su derecho de convocatoria" previsto en la Constitución local.

En respuesta, los legisladores interpusieron el incidente de suspensión contra el Acuerdo Intersecretarial de Gestión y Financiamiento, el cual está en proceso y a la espera de que el ministro Juan Díaz Romero -quien sustituye al ministro instructor Vicente Aguinaco Alemán, por estar de vacaciones- determine si procede o no el recurso contra la aplicación de recursos con base en el presupuesto de 2002.

Aun cuando la Corte conoce de dos controversias constitucionales que versan sobre la posible aplicación del presupuesto para el presente ejercicio fiscal, tendrán que resolverse por separado debido a que la ley no prevé la acumulación de éstas.