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México D.F. Viernes 9 de mayo de 2003

Las FARC serán "sacadas" de la selva, advierte Uribe

Aprobación parcial a proyecto de ley antiterrorista en Colombia

AFP, DPA Y REUTERS

Santafe de Bogota, 8 de mayo. El Congreso colombiano aprobó hoy en primer debate un proyecto de estatuto antiterrorista que otorga facultades de policía judicial a las fuerzas militares, para la intercepción de comunicaciones sin orden judicial y permite arrestos y allanamientos sin previo aviso.

El presidente Alvaro Uribe celebró de inmediato la aprobación parcial del proyecto de ley de los legisladores, pues es apenas el primero de ocho debates que deberán llevarse a cabo, cuya aprobación en definitiva tendría una vigencia de tres años, prorrogable por otros tres, conforme siempre al Congreso.

En uno de los apartados del texto, conocido como estatuto antiterrorista, se establece que "para combatir el terrorismo y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista autoridad judicial a la que se pueda acudir de forma inmediata o por circunstancias excepcionales, la Fiscalía podrá conformar unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las fuerzas militares, los servicios secretos o la Policía Nacional".

Para el caso de las intercepciones de comunicaciones, detención de personas o registros de domicilios de casos sospechosos, se debe informar de manera inmediata a la Procuraduría General y poner en conocimiento los hechos a una autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes para resolver la situación judrídica. Además, el gobierno podrá llevar un informe de residencia de habitantes el país.

Uribe comentó que el proyecto facilitará la lucha contra los grupos alzados en armas para enfrentar al flagelo del terrorismo, pero sin "violar las libertades". El mandatario sostuvo que ya no habrá contemplaciones y que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serán "sacadas" de la selva.

Mientras, miles de personas acudieron en Medellín al sepelio del ex gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, uno de los ejecutados por las FARC junto con su asesor de paz, Gilberto Echeverri, y ocho soldados, en hechos ocurridos el lunes.

En medio de nuevas condenas internacionales a las ejecuciones de los rehenes, familiares de otros secuestrados en manos de la insurgencia reiteron su llamado al gobierno para que evite nuevos intentos de rescate, e insistieron en que pugne por un acuerdo humanitario para resolver esta crisis, luego que ayer el gobierno reiteró que es su obligación rescatar a los rehenes.

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