Están por entrar 3 mil soldados a desalojarlos, dicen

Desconfían en Montes Azules del acuerdo con lacandones

HERMANN BELLINGHAUSSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 8 de mayo. "No creemos la tregua que dicen el gobierno y los lacandones", declararon hoy los representantes de las comunidades Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael, en Montes Azules, en relación con el muy publicitado acuerdo entre Pablo Salazar Mendiguchía y los representantes de la Comunidad Lacandona, firmado ayer en Tuxtla Gutiérrez.

Negaron tener contacto con autoridades del gobierno, aunque sí van a las comunidades enviados de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), de la Secretaría del Medio Ambiente y de la de Marina. "No nos saldremos de nuestras comunidades", reiteraron. "No queremos diálogo con el gobierno hasta que no cumpla con la ley de derechos indígenas".

José Jiménez Cruz, de Nuevo San Rafael, "del municipio de Maravilla Tenejapa", leyó una relación de las agresiones y amenazas que las semanas recientes han recibido de la Comunidad Lacandona, ante la presencia impávida de funcionarios federales. Diversas comunidades asentadas en Montes Azules, dijo, "en estos momentos nos encontramos amenazados de que nos van a desalojar. Ahora el gobierno se ha quedado callado después de sus constantes amenazas de desalojarnos. Ahora deja que actúen los caribes junto con otros grupos de la llamada Comunidad Lacandona".

Rumores y coincidencias

Los indígenas aseguraron haberse enterado hoy de que "próximamente entrarán a Montes Azules 3 mil soldados y marinos". Se trata, en todo caso, de un rumor que hoy se esparció en los pueblos de la zona. Coincide, por cierto, con las "recomendaciones" hechas esta semana por Conservation International y diversas figuras del PRI (como el presidente en turno de la Cocopa, Agustín Trujillo Iñiguez), para que se establezcan patrullajes y vigilancia en la reserva se la biosfera. La línea dura gana terreno del lado de las autoridades. Se anuncian "listas definitivas" de comunidades a desalojar en las próximas semanas y se conocen versiones confiables de que se estarían preparando operativos en el corto plazo, involucrando, cuando menos, a la Secretaría de Marina y a la PGR.

De ser así, ¿estará el gobierno del estado tratando de ganar tiempo al pactar una tregua con los "dueños" lacandones y choles? (por la cual debió comprometerse, claro, a conceder mayores espacios de gestión en la Reserva de Lacantún entre otras "prestaciones", a estos reyes de las prestaciones que son los lacandones. Al menos, el gobierno salazarista trata de evitar un pleito fratricida que lo obligaría a intervenir judicialmente. Como sea, lo único que aceptó la comunidad lacandona fue ampliar su ultimátum de desalojo.

El documento leído por José Jiménez Cruz esta tarde dice: "constantemente tenemos la amenaza de desalojo por parte de Héctor Trujillo Gómez, delegado de la Profepa, quien dice que nos van a correr de estas tierras, que ya tenemos orden de aprehensión porque estamos asentados en la reserva, que la estamos destruyendo, pero nosotros no estamos destruyendo, porque trabajamos de acuerdo con nuestra cultura, cuidamos nuestro territorio.

"Nosotros no vendemos madera, como hace el gobierno, que da permiso para que las empresas talen la selva; nosotros no queremos que se acabe la naturaleza, por eso nos organizamos para trabajar con autonomía."

En su documento, los pobladores de Nuevo San Rafael y Nuevo San Isidro proclaman: "ahí vamos a estar, dispuestos a entregar la sangre por dignidad, por nuestros hijos que están creciendo. ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno que no cumple los Acuerdos de San Andrés?"

Agregan: "sabemos que el gobierno es responsable de los enfrentamientos en las comunidades, después de amenazarnos con desalojarnos con sus fuerzas armadas. El representante de la Comunidad Lacandona afirmó que aunque el gobierno no resuelva el problema ellos pueden hacer lo que quieran como pueblo lacandón, que no van a andar dando vueltas con el gobierno. Uno de ellos dijo: 'ya estoy cansado de cuidar estas tierras, porque el gobierno no me está pagando', que ellos van a resolver como ellos quieran".

Mientras se acusa a los nuevos pobladores de Montes Azules de "destruir la selva", en Frontera Corozal (comunidad perteneciente a la Comunidad Lacandona), uno de los muchos incendios de la temporada, además de consumir una buena porción de monte, mató a un comunero chol que luchaba por apagar el siniestro. Esta tragedia revela cuán delgadas pueden ser las líneas divisorias de los distintos bandos indígenas en la selva.

En su documento de denuncia los pobladores amenazados señalan: "en varias ocasiones los lacandones han dicho que son los dueños de la selva. Entonces, ¿por qué dejan que el gobierno la destruya dando permisos para talar árboles? (Nos dicen) que ellos no llegan a provocar, que no llegan armados. Pero si siempre llegan acompañados de la Marina y el Ejército", concluyen.