Miguel Concha

Amenazas reiteradas de muerte

El jefe de la oficina de Acción de los Cristianos contra la Tortura (ACAT) en Oaxaca recibió por tercera ocasión una carta que lo amenaza de muerte. Esta vez es tan directa que evidencia a sus autores materiales, aunque no a los intelectuales. Con detalles de las últimas diligencias ministeriales, dice que la ejecutará en cuanto salgan de prisión los injustamente procesados por la masacre de Agua Fría. De manera que los "principales sospechosos", que para ACAT son miembros de la Policía Judicial de Oaxaca, se han tomado muchas molestias para inculpar a los miembros de una comunidad, Teojomulco, de haber asesinado a los de otra vecina, Santiago Xochitepec. Sin embargo, ninguna de las dos inculpa a la otra. Ante la impunidad reinante, ante lo repetitivo de este tipo de situaciones, hay que hacer pública una serie de hechos que conduzcan a la verdad y al castigo de los auténticos culpables.

El 31 de mayo de 2002, en una masacre perpetrada en el paraje de Agua Fría, municipio de Santiago Textitlán, hubo un saldo de 26 campesinos ejecutados, un herido y un sobreviviente ileso, todos vecinos de la comunidad de Santiago Xochiltepec. Los occisos viajaban en la parte trasera de un camión de volteo, por un camino sin pavimentar, cuando fueron interceptados por un grupo de individuos armados. Tras ser obligados a bajar del vehículo, fueron ejecutados a balazos por los pistoleros. Como consecuencia de los asesinatos, la Policía Ministerial de Oaxaca realizó un operativo en la comunidad de Las Huertas, municipio de Teojomulco, en el cual detuvo a 17 personas, sin órdenes de aprehensión, con lujo de violencia, causando destrozos en sus domicilios, sembrando armas y robándose bienes y pertenencias de los familiares.

Las autoridades y los habitantes de Teojomulco emitieron un comunicado el 3 de junio, en el que señalan que si bien es cierto que existe un conflicto de límites entre Xochiltepec y Teojomulco, es verdad asimismo que la primera los tiene también con otras comunidades con las cuales colinda. Cabe mencionar además que los hechos sucedieron en territorio de Santiago Textitlán, fuera de la jurisdicción de Teojomulco. Esta comunidad añade que repudia la masacre y que exige una investigación exhaustiva.

En un comunicado, el 5 de junio el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) denuncia "la existencia de bandas de delincuentes organizadas, directamente ligadas al cacicazgo político del Partido Revolucionario Institucional, por medio de las delegaciones regionales de gobierno o de los diputados locales y federales, etcétera". Han creado -dice- el clima propicio para la destrucción del tejido social de la región, que se expresa en actos violentos como el ocurrido, o en la existencia de movimientos armados. Concluye con esta importante reflexión: "Pensamos que es mucha casualidad que en donde existen recursos estratégicos nazcan 'conflictos intercomunitarios', asesinatos y la existencia de grupos paramiliares, o se generen desplazamientos por medio de la violencia institucional. Todo indica que esta matazón será el pretexto para decir que los indígenas no podemos vivir en paz en nuestras comunidades, y por eso van a establecer una base de operaciones mixtas (militares y policías)". En consecuencia, CIPO-RFM llama "a no dejarnos engañar por el gobierno de José Murat sobre un trasfondo único del sangriento suceso, sino que se vean todas las vertientes del mismo, incluidas las relacionadas con las riquezas de la región, dado que la misma es abundante en biodiversidad, mantos acuíferos, recursos forestales, y uno de los yacimientos de hierro más impotantes, que comparte Santa María Zaniza con la comunidad de Santiago Textitlán, así como los importantes yacimientos de plata y oro de Santo Domingo Teojomulco. En relación con el hierro, se sabe además de la concesión que mantiene el Grupo Acerero del Norte y el interés de la trasnacional Aceralia de España, todo esto, suponemos, ligado al Plan Puebla-Panamá".

El problema va entonces más allá de descuidos e indiferencias gubernamentales para resolver las necesidades de las comunidades indígenas y campesinas, como lo sostiene, entre otros organismos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como lo señaló una comisión de mujeres mixtecas del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca: "En la masacre de Agua Fría, por como actuaron, pensamos que se ha tratado de paramilitares. Nosotras creemos que esos son los medios que se emplean en una guerra de baja intensidad, para desplazar a los pueblos, en particular donde existe coordinación y organización. El objetivo de esa represión es evidente: desplazar a las organizaciones para poder saquear las riquezas del lugar: agua, bosques y minas". Por eso, los gobiernos federal y estatal, junto con las empresas mineras beneficiadas, pueden ser los presuntos autores intelectuales de las amenazas a los trabajadores de ACAT y, muy probablemente, también de la masacre de Agua Fría