Sin derecho de apelación

Poco después del fracaso del Acuerdo de Lizarra, que pretendía tender puentes para un diálogo político entre la organización separatista vasca ETA y el Estado español, en 1995 el presidente Ernesto Zedillo acordó revisar el tratado bilateral de extradición con el gobierno de Madrid. Según el nuevo pacto, México se compromete a conceder la extradición de ciudadanos españoles a petición de la policía ibérica, aun cuando ésta no demuestre la razón jurídica de su petición.

Desde entonces a la fecha los gobiernos de Zedillo y Vicente Fox han entregado a la justicia española a más de 20 ciudadanos vascos, aunque la mayoría han sido deportados en procesos "de policía a policía" sin permitirles a los detenidos el derecho de apelación.

Antes de Llona, solamente Oscar Cadena fue enviado a España en el marco de la ley de extradición.

Abierta la puerta a la persecución extraterritorial para la policía española, la comunidad de refugiados de Euskadi en México empezaron a vivir las consecuencias casi de inmediato. Un grupo de refugiados de facto de los años 70 y 80 recuerdan que fue entonces cuando, fuera de cualquier marco legal existente, empezaron a actuar en México agentes del Centro Superior de Informaciones de la Defensa (Cesid) de España.

Suelen llegar precedidos por dos agentes judiciales mexicanos a los domicilios de los residentes vascos. "Vienen conmigo dos amigos que quieren platicar contigo. Te aconsejo que los recibas", dicen. Bajo esa presión, pocos se resisten a recibir a los agentes de inteligencia militar española. Su modus operandi es similar al que denuncia la familia Llona Orozco. Piden que el refugiado "colabore" poniendo el dedo sobre algún otro compatriota extraditable y le ofrecen una tregua. De lo contrario, amenazan con activar alguna vieja orden de captura internacional, tenga o no sustento con la realidad.

Todo parece indicar que los agentes del Cesid están nuevamente de cacería por México. En marzo, precisamente durante los días en que Lorenzo Llona fue amenazado en su casa en Zacatecas, el Centro Vasco de México fue visitado por policías de esta institución. Acompañados por judiciales mexicanos, los agentes del gobierno de José María Aznar vigilaron la entrada y salida de los socios del club y el restaurante aledaño durante tres días, hasta que finalmente decidieron entrar. Abordaron al portero, le exigieron nombres de los socios y ante la negativa del empleado, lo amenazaron.