Han aumentado las acciones represivas de gobierno y empresarios, indica el Cereal

Describen panorama adverso para derechos laborales básicos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La situación de los derechos humanos laborales presenta un panorama adverso, ya que han aumentado las acciones represivas del gobierno y los empresarios en contra de los trabajadores; se producen ataques a la libertad sindical; no hay justicia laboral, y han empeorado las condiciones para los obreros.

El cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos Laborales en México, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) sintetiza con la frase "2002: trabajando entre amenazas", lo que ha ocurrido con la fuerza laboral del país en el último año.

Según apunta el centro, la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores se desarrolla bajo el riesgo y la amenaza. El año pasado, tanto en lo individual como en lo colectivo, el saldo de la actividad de los defensores contabiliza golpes y/o despidos "dando la sensación de que en el ambiente laboral-sindical, el tiempo democrático hubiera detenido su marcha y se estancara, empantanara o paralizara bajo la hegemonía de la fuerza, de la impunidad y el descaro".

El informe, presentado por Rodrigo Olvera, coordinador del área de Derechos Humanos Laborales del Cereal, destaca que el aumento de violaciones a estos derechos tiene que ver con la política de abandono por la Secretaría del Trabajo de su función tutelar de defensora de este sector. Planteó que México acumula 28 denuncias por violaciones a los derechos humanos del trabajo, más que otras naciones, como Cuba.

Al documentar las violaciones más marcadas se refirió al caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), donde se ha querido desconocer al sindicato a fuerza de golpes, amenazas y despidos; así como el asunto del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, donde se ha asumido una política contra los derechos laborales de los agremiados.

La información refiere violaciones a los derechos humanos laborales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); de empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia y contra muchas otras organizaciones gremiales.

Concluye que el Poder Ejecutivo debe retomar el papel tutelar de los derechos de los trabajadores; que el Legislativo tendrá que evitar a toda costa la aprobación de medidas regresivas en la Ley Federal del Trabajo y que el Judicial tendrá que garantizar el derecho de justicia laboral.