Alejandro Nadal

Estéril acuerdo para el campo

Las agrupaciones campesinas -entre ellas varias integrantes del movimiento El campo no aguanta más- tuvieron que negociar con el gobierno de la continuidad neoliberal y así llegaron a un acuerdo para el México rural. Las organizaciones que acabaron firmando el acuerdo pueden alegar que ese documento es una aportación para el campo, o por lo menos para paliar el desastre del sector agropecuario y la miseria de los productores del campo y sus familias.

Pero el documento final no permite configurar un cambio sustantivo para el campo en la economía neoliberal. Además, no es la primera vez que un gobierno federal firma un acuerdo de esta naturaleza. Y ni el presidente Fox ni el secretario Usabiaga tienen la credibilidad necesaria para garantizar el cumplimiento cabal de los escuálidos compromisos adquiridos por el gobierno. En 1993, cuando se negociaba el TLCAN, el gobierno federal también acordó establecer un periodo de transición de 15 años para el cultivo más importante. Y como hoy lo hace Fox, Salinas también se comprometió a otorgar un apoyo excepcional para el desarrollo rural en el marco de la apertura comercial. Pero esas promesas vacías no importan: en el edificio neoliberal, el campo mexicano no tiene cabida.

Ningún acuerdo para el campo tiene sentido si está dominado por una política macroeconómica que genera pobreza y favorece el estancamiento. Mientras el eje de toda la política macroeconómica sea el control de la inflación y su prioridad sea cuidar la esfera financiera, no hay manera de contar con políticas sectoriales adecuadas. El crédito no puede fluir a la inversión productiva y no se puede incorporar progreso técnico a la producción. Tarde o temprano las contradicciones de una economía artificialmente sostenida estallarán. El espacio rural es el lugar más propicio para el estallido.

La política fiscal neoliberal tampoco permite canalizar recursos en cantidades adecuadas para el desarrollo rural. El monto arrancado al gobierno federal en calidad de fondo emergente por las organizaciones signantes no hará diferencia en el maltrecho estado en que se encuentra el medio rural. La arquitectura del modelo neoliberal no cambiará ni un ápice. Todo lo demás es retórica vacía. El acuerdo para el campo está muy por debajo de las expectativas y de lo que necesitan el campo y el país.

Precisamente en el terreno de la apertura comercial, el nuevo acuerdo adolece de un enorme defecto. Es inexplicable que las negociaciones no cubrieran el tema de los aranceles causados en el régimen arancel-cuota para el maíz y que nunca han sido cobrados. Esta historia ha sido contada varias veces, pero no ha recibido la atención que merece. En la traición más brutal de la política para el sector agropecuario, el periodo de transición del maíz, originalmente fijado para 15 años, fue truncado por los gobiernos neoliberales y reducido a 34 meses.

El régimen de transición para el maíz estaba basado en un sistema de arancel-cuota: la cuota libre de impuestos fue inicialmente fijada en 2.5 millones de toneladas y por encima de ella las importaciones debían pagar un arancel, que se iría reduciendo a partir del primer año de vida del TLCAN. Hasta los 15 años de entrado en vigor el TLCAN las importaciones de maíz estarían liberadas totalmente. Se dijo en 1993 que ese periodo de transición sería suficientemente largo y que permitiría a los productores adaptarse a la apertura.

Aunque las importaciones de maíz han rebasado la cuota libre de arancel durante todos los años (menos uno) desde que entró en vigor el TLCAN, nunca se hizo el cobro de los aranceles correspondientes. Ninguno de los gobiernos neoliberales aplicó lo que era el instrumento central de la apertura comercial para el cultivo más importante de la agricultura mexicana. Las consecuencias fueron funestas para todo el sector agropecuario. Los precios domésticos del maíz se desplomaron y en sólo 34 meses alcanzaron el nivel que se suponía debían tener al final del periodo de transición (mientras, el precio de la tortilla aumentó 500 por ciento). El gobierno ha dejado de percibir unos 3 mil millones de dólares en total al no cobrar ese arancel.

El cobro de los aranceles no tenía que negociarse con Estados Unidos, así que lo más lógico hubiera sido comenzar la negociación exigiendo esos aranceles y la asignación de esos recursos a inversiones en el medio rural, en obras de infraestructura productiva o en proyectos de vivienda, salud, educación y servicios sanitarios. Inexplicablemente el tema no fue tratado en las negociaciones. En su lugar, hay muchas migajas y pocos cambios sustantivos. Otro acuerdo más en la larga lista de traiciones demagógicas.