En el presupuesto de egresos se deberá incluir una partida especial para el rubro

Aprueba el Senado la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El Senado de la República aprobó ayer por unanimidad la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la cual se establece la obligación de autoridades y órganos públicos de adoptar todas las medidas que estén a su alcance para hacer que se cumpla lo dispuesto en esa norma.

La ley reafirma que además de tener que adecuarse a lo establecido en la Constitución, las autoridades deberán apegarse a lo señalado en tratados y convenciones internacionales que México ha signado contra la discriminación.

Prevé que en el presupuesto de egresos de la Federación, en cada ejercicio fiscal, se deberán incluir en un apartado especial las asignaciones correspondientes para promover medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades a que se refiere el capítulo tercero de la norma mencionada.

El senador priísta Antonio García Torres resaltó que toda persona debe recibir un trato digno, sin importar su condición natural o desarrollo, pues "en un país como el nuestro no puede tener cabida la discriminación".

La realidad es que en México persiste la cultura de la discriminación. "Las víctimas temen sufrir represalias por parte de sus agresores, lo cual provoca una ausencia de denuncias sobre esta actitud de intolerancia", expresó.

El senador resaltó que las personas discapacitadas -que suman más de 10 millones y de las cuales 2 millones padecen algún tipo de discapacidad grave- muchas veces son objeto de discriminación.

Por su parte, la senadora panista Micaela Aguilar González resaltó que la desigualdad y la discriminación son una realidad en el país "que queremos y podemos cambiar, que debemos prevenir y eliminar, y que nos exige a todos respuestas y acciones sociales, culturales, jurídicas y políticas contundentes e inmediatas para avanzar por el camino de la solidaridad y la subsidiaridad".

Señaló que una de las coincidencias entre todos los grupos parlamentarios fue la necesidad de establecer como organismo público descentralizado un consejo nacional para prevenir la discriminación, cuya operación resultaba fundamental para la aplicación de la ley y la instrumentación de las estrategias en la materia.

Por el PRD, la senadora Leticia Burgos expuso que con la aprobación de dicha ley "hoy damos un paso en el debate de la reforma al artículo primero constitucional". Recordó que su partido propuso en tribuna, el 20 de noviembre de 2000, que además de elevar a rango constitucional el derecho a la no discriminación había que dar el paso para crear los instrumentos y mecanismos para prevenir y eliminar toda forma de discriminación en el país.