Banamex tendría que devolver 7 mil mdp, señala senador perredista

Resolución de la Corte abre la vía para disminuir cartera vencida del Fobaproa

Inasistencia de legisladores del PAN impide la reunión en la que se analizaría el caso

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ, VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone de nueva cuenta en la mesa de discusión el tema Fobaproa y obliga a la Secretaría de Hacienda a descontar de inmediato a Banamex 7 mil millones de pesos que obtuvo de manera ilegal durante el rescate bancario, manifestó el coordinador perredista en el Senado, Jesús Ortega.

Dijo que la resolución del ministro Juventino Castro, que declaró improcedente el amparo promovido por el Presidente de la República para dejar sin efecto la recomendación del auditor superior de la Federación por la cual se instruye a la Secretaría de Hacienda a descontar a Banamex de los pagarés Fobaproa 7 mil millones de pesos, es el inicio para recuperar cerca de 44 mil millones de pesos de cartera irregular, incluyendo a otros tres bancos: Bancomer, Bital y Banorte.

Sin embargo, el PAN no está de acuerdo en ello. El senador Fauzi Hamdan, uno de los artífices del Fobaproa, advirtió que Banamex no tiene que pagar nada, porque además de ese amparo que el Ejecutivo promovió, hay otros interpuestos por los bancos. En tanto, la fracción panista en la Cámara de Diputados boicoteó la reunión que celebraría la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para analizar los convenios propuestos a distintos bancos beneficiados por el Fobaproa, con el propósito de que éstos regresen al erario los 44 mil millones de pesos que el gobierno de Vicente Fox permite que se les siga entregando de manera irregular.

La Comisión de Vigilancia estaba convocada para reunirse ayer por la tarde en San Lázaro y sólo se presentaron los legisladores del PRI y el PRD, cuyo número no logró el quórum, ante la inasistencia de los panistas. El único diputado blanquiazul que llegó al encuentro fue José María Núñez Soto, quien informó que su partido consideraba inexistente la convocatoria y será hasta hoy cuando se presenten sus correligionarios para analizar el contenido de los convenios.

Y es que los diputados de PRI y PRD pretenden que instituciones como Banamex, Bancomer, Banorte y Bital regresen 44 mil millones de pesos que recibieron mediante el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, porque "no debieron participar, pues tenían índices de capitalización superiores a los establecidos en la normatividad aplicable".

No obstante el cuantioso monto de recursos públicos que serían regresados por obligación al gobierno, la fracción de Acción Nacional decidió hacerle el vacío a la convocatoria para reunir a la Comisión de Vigilancia, y dar la cara sólo para anunciar que se presentarán este día al encuentro.

Por separado, el senador perredista Jesús Ortega consideró, sin embargo, que es inadmisible que sea la propia Secretaría de Hacienda la que haya interpuesto un amparo en contra de la determinación de la Auditoría Superior de la Federación, de demandar que descuente a Banamex los 7 mil millones de pesos, a precio actualizado, resultantes de la adquisición de cartera irregular por parte del Fobaproa.

Afortunadamente, dijo, el ministro Juventino Castro, declaró improcedente el amparo, por lo que Hacienda debe cumplir la recomendación del auditor superior de la Federación. Hizo notar que las irregularidades identificadas por éste coinciden con las que ha venido denunciando el PRD, referidas a la adquisición, durante el rescate bancario, de pasivos provenientes de empresas en quiebra o suspensión de pagos, de créditos en litigio y de cartera adquirida con intereses moratorios.

Ese tipo de créditos no estaban autorizados, pero el gobierno permitió que entraran en el Fobaproa para beneficiar a los banqueros, situación en la que no sólo ha incurrido Banamex, sino también Bancomer, Bital y Banorte. En total, "los beneficios extraordinarios e irregulares que obtuvieron superan los 44 mil millones de pesos y deberán ser descontados por Hacienda del IPAB, advirtió Ortega. Dijo que es tal la magnitud de esa cifra, que basta compararla con los 2 mil 800 millones de pesos que se acaban de definir para sacar al campo de la crisis.