"Reconocemos las limitaciones y los riesgos" del documento, señala Carlos Ramos

Con visiones opuestas, Fox y líderes agrarios firman el Acuerdo Nacional para el Campo

Se pactaron las "grandes directrices políticas y de inversión": el Presidente Se revisará el TLCAN: dirigentes Somos socios de EU y Canadá, no competidores, afirma Usabiaga

JUAN MANUEL VENEGAS Y ANGELICA ENCISO

Todos los actores políticos lo firmaron, pero cada uno lo interpretó a su manera y ofreció su propia y distante visión de los alcances del Acuerdo Nacional para el Campo. Así, mientras que para el presidente Vicente Fox quedaron ya "pactadas" las "grandes directrices políticas, financieras y de inversión" de los programas destinados a las comunidades agrarias del país, para los dirigentes de las organizaciones campesinas el texto que ayer se firmó es apenas el inicio de futuras negociaciones.

El caso del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus implicaciones en el campo mexicano marcó aún más las diferencias, pues al tiempo que los dirigentes campesinos interpretaron que en el acuerdo se contempla de "manera explícita" la revisión del TLCAN para excluir al maíz blanco y al frijol de las reglas actuales de desgravación, el gobierno federal, por medio del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, advirtió que en materia de comercio internacional "nos queda claro" que la finalidad del tratado con Estados Unidos y Canadá es fortalecer las economías de los países, por lo que la relación entre productores debe ser de "socios y no de competidores".

Sobre la situación del maíz y el frijol, el secretario -abucheado y descalificado en el acto de ayer en Palacio Nacional- aclaró que la idea del gobierno es "sanear y mejorar los procesos productivos y comerciales para hacer estos cultivos rentables, competitivos y defendibles".

Más: si para los dirigentes el documento firmado es "producto" de las movilizaciones y la lucha de los campesinos, tanto el Presidente como el secretario de Gobernación, Santiago Creel, fueron claros en su advertencia: desde ahora no aceptarán reclamos "que quebranten la ley" ni "fuera del marco" de las instituciones. "Esta nueva forma (de hacer política) implica un compromiso de todos para no violentar el estado de derecho", aseveró Fox.

Por lo pronto, lo que quedó claro fue la alerta del líder del movimiento El campo no aguanta más, Carlos Ramos Alba: "Reconocemos las limitaciones y los riesgos" de signar un documento que, según él y sus compañeros, tiene muchas reservas y limitaciones.

"Nueva era de la relación Estado-sociedad"

La ceremonia de firma del acuerdo para el campo se efectuó ayer en el patio central de Palacio Nacional. De los mil 200 lugares destinados para invitados, por lo menos 500 quedaron vacíos, destacando la falta de presencia campesina. Contados eran los hombres del campo que acudieron a la cita en la sede del Ejecutivo de la unión.

Fox festejó, sin embargo, la presencia de los dirigentes: "Es una victoria política de generaciones protagonistas de la larga marcha de la transformación democrática de México. El Acuerdo Nacional para el Campo es fruto de un amplio proceso incluyente, respetuoso y plural, generado desde las entrañas mismas de la sociedad rural y apoyado por una Presidencia de la República que se abre a la sociedad, que escucha sus demandas, que acepta sus propuestas y que responde con compromiso".

Consideró que el diálogo con las organizaciones campesinas y "el entendimiento" logrado significan el inicio de "una nueva era en la relación del Estado con la sociedad, (pues) sustituimos las tensiones, los desencuentros, las tentaciones por el descrédito, el envilecimiento de la política, por el acuerdo que abre el camino a un nuevo modo de hacer política".

Tras puntualizar que el acuerdo contiene de "manera implícita" el compromiso de todos para "mantener dentro de los cauces del diálogo los reclamos de solución a posibles problemas del futuro", el Presidente ofreció su visión de lo que se presentó ayer: "El acuerdo para el campo que hoy firmamos es imprescindible para edificar una sociedad rural nueva, justa, productiva y sustentable".

Quedaron "pactadas", subrayó, "las grandes directrices políticas, financieras y de inversión para activar programas de emergencia, elaborar presupuestos multianuales, identificar y transparentar los subsidios indispensables para consolidar las áreas de producción exitosas; para apoyar decididamente a los productores medios y para comprometernos con los productores de subsistencia y así definir también los precios objetivo y construir la nueva educación rural y superar la marginación de las familias" de las comunidades campesinas.

Con la parte del fomento productivo, añadió, "šestamos haciendo una reforma estructural! Que da certidumbre, competitividad y rentabilidad a nuestros productores mediante programas y presupuestos de largo plazo.

"En la parte social, en tanto, estamos comprometiendo a incrementar los recursos y fortalecer los programas para llevar más microcréditos y proyectos productivos; más educación y becas; más salud y seguro popular; más alimentación y nutrición; más vivienda y servicios para la población rural", indicó.

$2 mil 800 millones extras

Para lograr esos objetivos, anunció que a los 117 mil millones de pesos que este año se autorizaron para el sector se sumarán otros 2 mil 800 millones, de los cuales 400 millones se destinarán a "incrementar y mejorar los servicios de salud" de las familias del campo, particularmente a través del seguro popular; 500 millones irán a los programas para "adultos mayores"; 100 a los proyectos productivos para mujeres, y 260 millones para "iniciar" proyectos de vivienda rural.

En cuanto al capítulo agrario del TLCAN, Fox se limitó a señalar que en "la defensa" de los intereses y los ingresos de los productores mexicanos, "vamos a aplicar todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes correspondientes, para reducir el efecto de las asimetrías que causan los apoyos y subsidios en el exterior sobre nuestros productos y productores agrícolas y, en particular, atenderemos de manera prioritaria los cultivos de maíz blanco y frijol".

"No cumple" las expectativas de un cambio estructural, reviran dirigentes

Para los dirigentes agrarios, sin embargo, esto es apenas el inicio de futuras negociaciones. Fijaron posiciones. Por El campo no aguanta más, Carlos Ramos Alba acusó que la "correlación y posicionamiento político" de Fox "limitaron el alcance y las expectativas de un verdadero cambio estructural demandado por los campesinos", quedando en su lugar "un acuerdo limitado que no contiene ni los objetivos, ni las estrategias, ni los planes e instrumentos para llegar a los cambios anhelados por la nación".

Habló de lo que falta por revisar y negociar: soberanía y seguridad alimentaria; revisión "profunda" del capítulo agropecuario del TLCAN y otras iniciativas internacionales, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); revisión del artículo 27 constitucional que garantice y proteja la propiedad social de la tierra; instauración y ejercicio de un presupuesto multianual para el campo, y una ley de amnistía para liberar a cientos de luchadores sociales y dirigentes campesinos encarcelados, entre otras demandas.

Del Congreso Agrario Permanente, Rafael Galindo indicó que "somos realistas y no echamos las campanas al vuelo". Aclaró que el acuerdo "expresa sólo la voluntad para iniciar las reformas de fondo", por lo que su nombre ahí "no implica dejar la lucha campesina, ya que existen demandas insatisfechas". Estamos "por iniciar" el diseño y puesta en práctica de reformas estructurales, enfatizó.

Por El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, se concentró en el TLCAN. Según sus aseveraciones, el documento firmado "genera obligaciones y demanda al Presidente de la República presentar la solicitud formal para que en el marco de lo convenido entre nosotros (las organizaciones y el gobierno) se inicien de manera inmediata las consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para alcanzar el propósito de revisar el tratado y excluir el maíz blanco y el frijol de las reglas actuales de la desgravación".

Finalmente, por la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López habló de "la urgencia" de establecer "un acuerdo paralelo complementario en el TLCAN... que es posible y la opción viable para que nuestros productores puedan defenderse ante una competencia tan desigual y aplastante" frente a estadunidenses y canadienses.

Y sobre el acuerdo firmado, indicó que "puede ser la base de la gran transformación rural" y para la definición de un verdadera política de Estado y un programa de transición para la agricultura tradicional...

Así, según los dirigentes, el Acuerdo Nacional para el Campo es apenas el inicio de las negociaciones por venir.

Dirigentes insisten en que sean retiradas órdenes de aprehensión contra agricultores

Ya nadie tendrá pretexto para quebrantar la ley, advierte el gobierno a campesinos

ANGELICA ENCISO Y JUAN MANUEL VENEGAS

Sentados al lado de secretarios de Estado y gobernadores, los dirigentes de las organizaciones campesinas que firmaron ayer el Acuerdo Nacional para el Campo se encontraron con la advertencia del presidente Vicente Fox y del secretario de Gobernación, Santiago Creel de que a partir de este momento para hacerse escuchar "nadie tendrá justificación para quebrantar la ley".

En el patio central de Palacio Nacional, donde entre los "invitados especiales" sólo había unos cuantos campesinos del Congreso Agrario Permanente (CAP), El Barzón, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el movimiento El campo no aguanta más, y una gran mayoría de funcionarios de distintas dependencias, los representantes de las organizaciones agrarias escucharon desde el principio del acto -varias veces aplazado- que con el acuerdo también habrá nuevas reglas, no escritas, para manifestarse.

En el momento culminante de cuatro meses de negociación, el escenario preparado lucía medio vacío minutos antes del acto; apareció una deslucida protesta campesina en la plaza del Zócalo; ningún discurso sacudió a los asistentes, más que el de Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, que fue recibido, como casi siempre ocurre, con abucheos y rechiflas.

Ahí, el Presidente dijo a los grupos campesinos que "esta nueva forma implica un compromiso de todos para no violentar el estado de derecho; implica un compromiso para mantener -dentro de los cauces del diálogo- los reclamos de solución a los posibles problemas que se puedan presentar en el futuro".

Los líderes agrarios que negociaron el acuerdo y lo aceptaron con todas sus "limitaciones" se dieron cuenta, en la esperada ceremonia donde se establecería la nueva relación con el Estado, de cuáles serán los cambios de esta nueva "forma de trabajar".

Creel les precisó que "nadie tendrá el pretexto para actuar fuera del marco de las instituciones, y nadie tendrá razón para tomar el camino de la violencia con afanes justicieros".

Y esta fue, quizá, también la última respuesta a la demanda de los dirigentes para que se diera solución a los 300 procesos penales que pesan sobre campesinos, precisamente por haber protestado contra la política gubernamental hacia el campo. La mayor parte de esos casos se refiere a manifestaciones frente a instituciones crediticias, bloqueos de carreteras, tomas de vías generales de comunicación y cierres de puentes fronterizos.

Una persona que representaba esos casos estaba ahí. Sentado en el presídium a sólo cuatro sillas del Presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón, tiene un proceso penal por su presunta participación con el grupo que el año pasado entró por la fuerza a la Cámara de Diputados, lo cual presumiblemente habría tenido el objetivo de hacerse escuchar por legisladores.

Sin respuesta

Aunque los dirigentes mantuvieron todo el tiempo su demanda de cancelación de las órdenes de aprehensión y el sobreseimiento de los procesos penales de los campesinos, no consiguieron ninguna respuesta, pero por fin estaban todos ahí sentados, algunos inconformes con los resultados del acuerdo, pero listos para firmarlo.

En el pronunciamiento del movimiento El campo no aguanta más quedó olvidada referencia alguna a las cuatro de sus agrupaciones que no suscribieron el acuerdo.

Sólo Ramírez Cuéllar las mencionó someramente, al indicar que "los organismos sociales aquí presentes y muchos otros que no asisten fuimos los promotores de este acuerdo y vamos a honrar nuestra palabra".

La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal y el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano fueron cuatro de las 12 agrupaciones del movimiento que rechazaron firmar el acuerdo, por considerar que no fueron consideradas sus demandas fundamentales de renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la revisión del artículo 27 constitucional.

Los discursos de los campesinos transcurrieron uno a uno sin despertar los ánimos de los "invitados especiales", hasta que se anunció el turno del secretario de Agricultura, lo cual hizo que de inmediato se escucharan los gritos y rechiflas de los asistentes. Y como esto ya se volvió costumbre, el funcionario, con amplia y nerviosa sonrisa, expresó: "Gracias por la porra".

Y la "porra" se repitió en varias ocasiones a lo largo de su intervención, hasta que dijo que "es necesario reconocer la diversidad de las realidades que conviven en el campo mexicano, al circular acciones que atiendan puntualmente las necesidades tanto de los productores tecnificados como de los tradicionales, con posibilidades de mejorar su competitividad". Fue entonces cuando los chiflidos del ala izquierda del patio se convirtieron en un unánime "¡Fuera, fuera!" El secretario, sonriente, regresó a su lugar, cerca del presidente Fox.

En seguida, inesperadamente el campesino Gustavo Guerrero rompió el protocolo y se subió al podio para hacerse del micrófono y agradecer su apoyo al mandatario federal. Entonces éste se levantó, se dirigió al hombre que, al igual que Javier Usabiaga, recibió innumerables y constantes chiflidos del público, además de los señalamientos de "¡palero panista!" El jefe del Ejecutivo lo abrazó, le dirigió unas palabras y Guerrero bajó del estrado.

En la mente de muchos estaba el próximo proceso electoral, y fue reiterada la mención tanto por el gobierno como por los productores de no hacer uso político del acuerdo. Y por eso, ya casi de salida, el líder panista Luis Felipe Bravo Mena se detuvo para decir a los reporteros que varios de los que aparecían en el presídium "andan de candidatos" -entre ellos Ramírez Cuéllar y Víctor Suárez, aspirantes a diputados por el PRD-, y "debemos cuidar que el acuerdo no sea instrumento de manipulación electorera".

Como en diversas ocasiones durante los pasados cuatro meses de negociaciones, estuvieron sentados otra vez líderes y secretarios, pero ya no frente a frente, sino codo a codo, para firmar con sonrisas, rápidamente y al mismo tiempo, el Acuerdo Nacional para el Campo.

Atrás quedaron los rostros descompuestos de los secretarios por la insistencia de los representantes agrarios en que se modificara el artículo 27 constitucional, y atrás quedaron las manifestaciones y protestas campesinas de los años recientes.

El documento firmado ayer sólo tiene "buenos deseos", asegura Alberto Gómez

La UNORCA y la FDC seguirán luchando para sacar al agro de crisis

El pacto es más un instrumento político-electoral que una nueva relación: Víctor Quintana

ANGELICA ENCISO, MIROSLAVA BREACH Y JESUS SAAVEDRA REPORTERA Y CORRESPONSALES

La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), una de las organizaciones que formaron parte en la negociación del Acuerdo Nacional para el Campo y que no lo firmaron, continuará con su lucha para sacar al campo de la crisis, porque ese documento sólo contiene "buenos deseos".

Su coordinador ejecutivo, Alberto Gómez, dijo que el gobierno federal impidió la negociación real para mantener acciones que sólo engrosarán el blindaje agropecuario del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y se obtuvo únicamente lo que estuvieron dispuestos a dar.

Ahora lo más importante será, agregó, mantener la unidad del movimiento campesino, porque el documento común que prepararon para la negociación del acuerdo contiene las verdaderas demandas. Detalló que en los próximos días buscarán reunirse con los secretarios de Gobernación y Agricultura para resolver problemas específicos de la UNORCA.

Estimó que no lograron concretar sus demandas porque "el movimiento no quiso insistir en asuntos de fondo para no romper con la Confederación Nacional Campesina y el Congreso Agrario Permanente, y no hubo tiempo suficiente para que en el documento quedaran estipulados las principales demandas".

Por su parte, el Frente Democrático Campesino (FDC) no firmó el acuerdo por considerar que no existe un compromiso del gobierno federal para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia agropecuaria y porque son insuficientes las restricciones a las importaciones de maíz blanco y frijol.

Víctor Quintana Silveyra, Pedro Torres y Miguel Colunga, integrantes de la dirigencia del FDC, en declaraciones en la ciudad de Chihuahua sostuvieron que su negativa a respaldar el acuerdo que hoy firmaron otras organizaciones que integran El campo no aguanta más se debe a que en el convenio no existen suficientes garantías para proteger la agricultura mexicana de la desigual competencia con los productores de Estados Unidos y Canadá.

Consideraron insuficiente el incremento presupuestal de 2 mil 800 millones de pesos para emprender la reactivación del campo y señalan que no se concretó una política que garantice a campesinos y productores que obtendrán por sus cosechas un precio por encima de los costos de producción.

"Que el gobierno federal no acceda a las reivindicaciones que las bases del FDC consideran como más importantes hacen que veamos el acuerdo más como un instrumento político-electoral que como el inicio de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad rural. Por eso el FDC no lo firmó", indicó Víctor Quintana.

Insistió en la necesidad de lograr un plan estratégico para el campo, el cual no se conseguirá con las acotaciones que se hicieron a las condiciones del pacto firmado ayer.

En otro asunto, alrededor de 200 indígenas de la Organización Revolucionaria Emiliano Zapata, el Frente de Defensa Popular (FDP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur tomaron por ocho horas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal en la región de la montaña, en Guerrero, en demanda de la entrega de 3 mil toneladas de fertilizante para una decena de comunidades.

Efraín Torres Fierro, dirigente del FDP, informó que desde hace tres meses demandaron a las autoridades federales este insumo agrícola. "La gente no tiene para comer y espera con ansiedad la llegada del fertilizante para poder cosechar sus tierras; eso no lo entienden estos burócratas del estado."

De dónde saldrán los recursos para reactivar el agro, pregunta constante

Legisladores, empresarios y especialistas, escépticos ante el pacto para el campo

"Es una ironía que se firme un acuerdo que ya tiene desacuerdos", afirmó Sauri Riancho

ROBERTO GARDUÑO, VICTOR BALLINAS Y DAVID ZUÑIGA

El acuerdo nacional para el campo fue recibido con escepticismo por legisladores, líderes políticos, empresarios, investigadores universitarios y hasta por funcionarios del actual régimen, porque desde su punto de vista se carece de los recursos económicos suficientes para remediar el rezago y la problemática del sector agropecuario del país.

Para diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra latente el riesgo de despertar al México bronco en caso de que no se obtengan resultados positivos del acuerdo o que se convierta en "un barril sin fondo", si no se cuenta con las instituciones necesarias y especializadas en administrar los recursos que se destinarán al campo.

En tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la clave de la "nueva política agropecuaria" anunciada ayer por el presidente Vicente Fox es la disponibilidad de recursos para crear infraestructura. Por su parte, la titular de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, calculó en 30 mil millones de pesos lo que se requiere para llevar servicios básicos a todas las comunidades de más de 100 habitantes.

A su vez, el investigador de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Dussel Peters, advirtió que cualquier programa de apoyo para el campo no tendrá éxito a menos que forme parte de una política integral con enfoque sectorial y regional. Y la senadora priísta Dulce María Sauri Riancho sintetizó: "es una ironía que se firme un acuerdo que ya tiene desacuerdos".

En el Palacio Legislativo, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados e integrante del PRD, Oliverio Elías Cardona, consideró que el problema del campo no se circunscribe a conceder mayores recursos económicos, "es un conflicto que se genera por la ausencia de tecnología e estructura para competir en el ámbito internacional".

Consideró insuficientes los próximos tres años para solucionar la situación que priva en el campo, porque "la desatención ocurre desde hace dos décadas, cuando empezaron a desmantelarse todas las instituciones y empresas que le daban certidumbre". Habló de Fertimex, Agroacemex, de Banrural, de los precios de garantía y las tarifas eléctricas. "Aquí el Presidente de la República tiene la obligación histórica de empezar a dar solución a este problema", dijo.

El diputado Librado Treviño, integrante del grupo de legisladores campesinos del PRI, dijo que el acuerdo representa "un sacrificio" para millones de trabajadores del campo, porque incluye criterios de un grupo de productores altamente beneficiados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y se contrapone a los pequeños productores, que son la mayoría en el medio rural.

El presidente de la Comisión Especial de Ganadería, Arturo de la Garza Tijerina, advirtió que el Presidente de la República tiene la obligación de "no salirse por la puerta de atrás y asumir su responsabilidad ante millones de mexicanos que se encuentran en la indefensión total".

Mientras tanto, en el Senado, la priísta Sauri Riancho resaltó la importancia de haber alcanzado un conjunto de medidas para atender la situación de emergencia en el campo, sobre todo por la concertación entre organizaciones de productores, el gobierno federal y los estados y llamó a rechazar intereses mezquinos que saboteen los resultados del acuerdo.

Desde el punto de vista del CEESP, el acuerdo firmado ayer se convertirá en una presión más para las finanzas públicas junto con la baja en los precios internacionales del petróleo y el aumento del subsidio a las tarifas eléctricas.

En un estudio, el organismo se preguntó de dónde provendrá el dinero que se requiere si el país se encuentra en un ambiente de bajo crecimiento económico y sin una reforma fiscal que aumente la recaudación, la cual apenas representa 11 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Y si bien la falta de recursos económicos se plantea como un problema para alcanzar los objetivos del acuerdo para el campo, el investigador universitario Dussel Peters consideró que es necesario, entre otros aspectos, detectar y compensar los factores que afectan a los sectores agrícola y agroindustrial, desde la falta de infraestructura, hasta la ausencia financiamiento.

Recordó que en la crisis de 1994-95 el gobierno federal aceptó utilizar 20 por ciento del PIB para pagar el Fobaproa. "Y si en esa época se encontrar recursos para rescatar a un grupito de empresas, ¿por qué no hacerlo ahora para ayudar a 25 por ciento de la población del país?"