En el Senado, buscan quitar el fuero a militares involucrados en la guerra sucia

El PRD propone eliminar reservas de convenios firmados por México

Pedirán al Ejecutivo la visita del alto comisionado de la ONU, como en el caso de Cuba

ANDREA BECERRIL

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República tiene listo un proyecto de reforma, encaminado a eliminar las reservas y declaraciones interpretativas que se adoptaron en convenios internacionales que impiden que se juzgue a militares e integrantes de organismos de seguridad que ejecutaron y desaparecieron a cientos de mexicanos durante la guerra sucia de los años 70 y la matanza estudiantil de 1968, como Miguel Nazar Haro.

La senadora perredista Leticia Burgos -acompañada por Raúl Alvarez Garín y Raúl Jiménez, integrantes del Comité del 68- informó que en la sesión del próximo martes presentará la iniciativa para modificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de que no impidan el trabajo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Ambos instrumentos, precisó la senadora perredista, fueron ratificados por el Senado de la República en diciembre de 2001, pero con una reserva y una declaración interpretativa "que hoy son motivo de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia", toda vez que impiden juzgar a quienes ordenaron y ejecutaron las desapariciones forzadas en la década de los 70.

A qué se refiere la reserva

La reserva al artículo noveno de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es en el sentido de que en la Constitución existe el fuero de guerra, que libra militares que hayan cometido el delito encontrandóse en servicio. "Con ello se violenta el derecho fundamental que tienen los familiares de desaparecidos políticos de ver que los responsables de esos crímenes sean sometidos a la jurisdicción civil", señaló la legisladora.

Sobre todo, "porque el delito de desaparición forzada no tiene como bien jurídico tutelado la disciplina militar, sino por el contrario, el derecho que tienen las víctimas y familiares de su libertad, integridad y seguridad jurídica, así como el acceso a la justicia pronta y expedita".

Tal situación, precisó la senadora Burgos, "se agrava y nos preocupa por la reciente negativa del juez cuarto de distrito en materia penal, con sede en Monterrey, de girar las órdenes de aprehensión en contra de Miguel Nasar Haro, Luis de la Barreda Moreno y Carlos Solana, responsables de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, hijo de nuestra compañera Rosario Ibarra, bajo el argumento de una aparente prescripción de los hechos, sin siquiera revisar a fondo el expediente que dio origen a la causa penal".

Ante tal situación, el grupo parlamentario del PRD en el Senado decidió presentar una iniciativa para que se retiren la reserva y la declaración interpretativa en esos instrumentos internacionales, ya que son contrarias a los fines de esas convenciones, de la propia Constitución mexicana y a los principios del derecho universal.

Al respecto, tanto Raúl Alvarez Garín como el abogado Raúl Jiménez, integrantes del Comité del 68, consideraron que esa modificación legal es indispensable y pertinente, para evitar que los responsables de la matanza estudiantil de Tlatelolco y del secuestro y asesinato de cientos de luchadores sociales queden impunes.

Hicieron notar que contra el criterio de que los delitos ya prescribieron, la desaparición forzada se trata de crimen de derecho internacional, o de lesa humanidad, que se rige por una jurisdicción internacional, de la que México no se puede abstraer. De tal forma, Jiménez precisó que si no se sanciona a los responsables en México, los afectados pueden recurrir a cualquiera de las otras naciones firmantes de los acuerdos, como ocurrió con el juicio de Pinochet en España.

Pedirán a Fox un acto de congruencia

Leticia Burgos comentó que paralelamente a la iniciativa, el PRD demandará que el Congreso solicite la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, a fin de dar seguimiento a las investigaciones sobre la guerra sucia de los años 70.

"Tenemos que convencer primero al Legislativo y por ello la propuesta la vamos a llevar los perredistas al Senado, con miras a convencer luego al Ejecutivo", agregó, e hizo notar que si el gobierno de Fox es congruente no se negará a pedir la visita del alto comisionado de la ONU, como lo hizo en el caso de Cuba, al votar en Ginebra por la visita a la isla de un representante del organismo internacional.

Comentó que si el gobierno foxista está tan preocupado porque la ONU supervise la situación de los derechos humanos en Cuba, "no creo que se niegue a que el alto comisionado acuda a México para conocer de las investigaciones sobre desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura que se han encargado a un fiscal especial dependiente de la Procuraduría General de la República".