Iniciativa en San Lázaro ''norma la contaminación
de agua, suelo y aire'', indica
Advierte Greenpeace aumento en México de residuos
tóxicos
La organización alerta sobre el riesgo de que
se autorice la incineración y el almacenamiento de desechos peligrosos
Demanda a diputados desaprobar el proyecto de ley y no legislar al
vapor
CAROLINA GOMEZ MENA
Ante la inminente presentación de la nueva Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
al pleno de la Cámara de Diputados -probablemente hoy-, Greenpeace
México los exhortó a ''no legislar al vapor y por tanto no
aprobar la iniciativa, pues ella promueve la incineración y el establecimiento
de confinamientos de residuos peligrosos''.
La
incineración se prevé en los artículos 62, 63 y 67,
entre otros, y los confinamientos en el 65 y el 66.
En el artículo 65 se especifica que la distancia
''mínima'' de confinamientos de los centros de población
''iguales o mayores a mil habitantes'' será de ''cinco kilómetros'';
en el 66 se menciona que ''quienes generen y manejen residuos peligrosos
y requieran de un confinamiento dentro de sus instalaciones deberán
apegarse a las disposiciones de esta ley y a las que establezca el reglamento...''.
Sobre la incineración, el artículo 62 dice
que esa práctica ''deberá restringirse a las condiciones
que se establezcan en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas''.
Ley en favor de la industria
Mariana Boy Tamborrell, coordinadora de la campaña
de tóxicos de Greenpeace, expuso que la incineración es descartada
por los países desarrollados por considerarla un proceso "sucio";
sin embargo, en la nueva propuesta de ley se dice cómo se deberá
incinerar, pero no se prohíbe esa práctica.
La activista criticó la actuación de los
integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara
de Diputados, quienes la semana pasada aprobaron el dictamen, el cual es
''totalmente contrario a la versión original que ellos mismos elaboraron
y enviaron al Senado, y que prohibía la incineración de 13
tipos de sustancias con la finalidad de evitar la generación de
contaminantes cancerígenos".
En entrevista, lamentó el "negativo viraje" de
30 de los 31 integrantes de la citada comisión, y consideró
que esta actitud ''es bastante cuestionable; después de esto habría
que preguntarse si los legisladores están realmente comprometidos
con la protección al ambiente o con la industria''.
La actual iniciativa, además de "legitimar el llamado
reciclaje energético, un eufemismo utilizado para referirse a la
incineración, es una ley hecha justo a la medida de la industria
sucia'', indicó la activista.
Según Greenpeace, la iniciativa original, aprobada
por los diputados en 2002, ''constituía en un instrumento legal
completo y efectivo", pero al ser modificada ''hasta en 90 por ciento''
por los senadores a finales del año pasado, y ahora aprobada por
la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, lo
único que hará este instrumento será ''normar para
que se contamine el agua, el suelo y el aire''.
La iniciativa ''violenta los convenios internacionales
de Basilea y Estocolmo, ya que permite la permanencia en el país
de residuos peligrosos generados a partir de materiales importados, pues
permitirá a las industrias, tanto nacionales como extranjeras, con
el pretexto del reciclaje energético, quemar sus residuos en el
país y ya no tener que regresarlos a las naciones de origen''.
En México la cifra oficial de residuos peligrosos
es de 8 millones de toneladas; no obstante, "en la realidad estimamos que
son entre 20 y 25 millones de toneladas anuales, y si ni siquiera somos
capaces de tratar efectivamente esa cantidad, ¿qué sucederá
cuando las maquiladoras y las trasnacionales opten por incinerar sus residuos
o bien establecer confinamientos? Es evidente que esto será un caos",
comentó.
La incineración ''lejos de destruir los materiales,
los transforma en subproductos más tóxicos, tales como las
dioxinas, furanos y policlorados. Todos ellos no se degradan en el ambiente,
sino que por el contrario se acumulan en los tejidos grasos de los seres
vivos".
Los compuestos organoclorados se transmiten a través
de la cadena alimentaria y afectan el sistema inmunológico, neurológico
y reproductivo. Las dioxinas y furanos causan cáncer y deprimen
el sistema inmunológico.
