Esto no es evaluación, es propaganda, dijo Julio Boltvinik respecto al informe

Cuestionan investigadores logros del programa Oportunidades

Gómez Hermosillo admitió que un millón de familias en pobreza extrema no gozan de asistencia

ALMA E. MUÑOZ

Entre cuestionamientos de académicos como Julio Boltvinik y de miembros del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) se presentó la evaluación más reciente del programa Oportunidades. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del plan, estableció que 10.2 por ciento de los 1.7 millones de personas que se encuentran en la escala más baja de apoyo ya superaron la línea para entregarles los insumos y, por tanto, es tiempo de buscar mecanismos que los hagan pasar a otro segmento.

Gómez Hermosillo aceptó que aún falta por cubrir un millón de familias que padecen pobreza extrema, y para cumplir con ello se necesitan al menos 4 millones de pesos más de presupuesto. También reconoció que uno de los puntos que requieren revisarse es el de salud, porque la demanda rural está rebasando los servicios que se prestan.

Boltvinik cuestionó en entrevista que la calificación del programa Oportunidades quede en manos del mismo gobierno, y se dijo avergonzado de los académicos que participaron en la evaluación. Es lamentable, sostuvo, leer el informe que presentaron el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el CIESAS, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y las universidades Iberoamericana y de California, en Berkeley.

"Esto no es evaluación, es propaganda", sostuvo el académico de El Colegio de México. No es válido que "el evaluado contrate a los evaluadores, porque entonces se convierten en proveedores, y éstos lo que quieren es quedar bien con el cliente. Se trata de contar con un organismo totalmente autónomo que sea contratado por un órgano independiente".

Frente a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud cuestionó la definición de la agenda. "No es auténtica, porque mide los impactos obvios de un programa instrumentado para incentivar la asistencia a la escuela y los servicios de salud". Tú sabes, encaró a Rogelio Gómez, que es en la selección de comunidades donde puede haber "mano negra y uso electoral de los programas sociales".

Este último resaltó la importancia de valorar el programa Oportunidades "para saber si la inversión que realiza el gobierno federal está dando resultados", y según los datos expuestos, éstos son buenos en materia educativa. Entre 1997 -cuando surgió el plan con el nombre de Progresa- y 2002, aumentó 23 por ciento el número de jóvenes que terminaron la secundaria en zonas rurales, y en ese mismo lapso se generó un incremento de 35.7 por ciento en la matrícula del primer grado de nivel superior para hombres y 40.1 para mujeres.

Además, se expuso que después de tres años de incorporación al programa, todos los hogares mejoraron su condición socioeconómica y aumentaron en promedio su ingreso mensual en casi 20 por ciento.

El optimismo de Gómez Hermosillo por los avances en la educación fue minimizado por Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí. La primera lamentó que se eduque a gente para ser migrante. "Sin empleos, la educación es secundaria, porque no garantiza subir el nivel de vida". Y el segundo descartó una consolidación del proceso que permita superar la pobreza. "La situación no cambia en localidades muy marginadas, muy afectadas por la reforma del campo y donde los asalariados son muy débiles. Por sí mismos no lograrán salir adelante", dijo.

Al acto acudió el director del IMSS, Santiago Levy, quien propuso una investigación sobre las derramas económicas que se originan a partir de Oportunidades. Mauricio Hernández, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, anunció que ya hay avances en la distribución del ingreso y el ahorro a mediano plazo para tener lista la evaluación en 2005. Se toma en cuenta la tendencia de las familias para incorporarse al programa, el impacto en el control de enfermedades crónicas y cómo disminuyen sus gastos en salud y utilizan los recursos para otras cosas.

Se pronunció en favor de realizar un análisis sobre los posibles efectos adversos del programa, como la violencia doméstica, el uso de tabaco, alcohol y drogas entre los jóvenes por el aumento en sus ingresos -que en el caso del programa es en promedio de 550 pesos mensuales por familia-, así como el aprovechamiento escolar.

Falta ver, insistió, si los años adicionales de escolaridad -dado que los beneficios ya abarcan hasta educación profesional- se traducen en mayores ingresos, porque "Oportunidades puede incentivar la migración, ya sea para continuar estudios o para buscar trabajos mejor remunerados".

Finalmente, Luis Rubalcava Peñafiel, del CIDE, planteó la necesidad de considerar las condiciones socioecónomicas de los beneficiarios para su recertificación y establecer criterios para dar de baja a los hogares que ya abandonaron la línea de pobreza extrema. "No quisiéramos generar dependencia", precisó.

Señaló que de 1997 a 2001, 10.2 por ciento de familias dejaron de calificar como pobres de acuerdo con los estándares del esquema, y dentro de ese porcentaje 3.9 no son elegibles. El resto reporta un aumento en sus ingresos mensuales de mil 915 pesos a 2 mil 225.