Luis Linares Zapata
PAN: el fin y los medios
El fariseísmo de los panistas llega a extremos ridículos con motivo de su autodefensa en el caso Amigos de Fox. Sus abanderados, funcionarios relevantes, voceros, varios personajes tenebrosos (que también los tienen, y en creciente como notorio número), gerentes, militantes y demás afiliados, todos a una, se vanaglorian, de forma implícita, por haber incurrido en los trafiques para financiar su campaña de 2000. Pero a diferencia de los que a menudo califican de horrendos priístas, ellos admiten haberlo hecho con un fin noble y generoso: cambiar la antidemocrática ruta de esta República. Sin ese dinero oculto (sucio), Vicente Fox no se hubiera hecho de su cabañita en Los Pinos, afirman para justificar los que consideran sus "pecadillos de campaña".
Los panistas contemplan, allá en lontananza, un panorama idílico. Una nueva era repleta de sus buenas intenciones. Y, en el fondo, hasta con resultados moralizantes y liberalizadores para las conciencias tranquilas de sus seguidores. Están introduciendo, al menos lo dicen insuflando sus raquíticos aportes, una época de cambios significativos en la vida pública del país. Sin embargo, la marcha indetenible del proceso esclarecedor en el que intervienen muchas instituciones y personajes va revelando algo por completo distinto, pero al final de cuentas de positivo impacto para la transición democrática en que la sociedad mexicana se ha embarcado desde hace ya unos 40 años.
La reciente aportación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se eleva como piedra angular en todo este proceso de investigaciones y pujas por sacar a flote la verdad. La Corte ha mostrado, sin falsos pudores, las maniobras ocultistas de panistas, sus amigos (ya no tan reconocidos) y del gobierno, al publicar las razones de su determinación aun cuando mediaba el retiro de la controversia. Muy al contrario de lo esperado por los diseñadores de la estrategia de camuflaje para "sus pecadillos", la SCJN contrarió a los banqueros (Bancomer) en su intentona de, al menos, retardar las investigaciones a cargo del IFE. El famoso fideicomiso formado por el ínclito Carlos Rojas M., mediante el cual se canalizaron abundantes recursos al PAN, a la campaña y demás trastupijes, quedó descobijado. La capacidad hacendaria del Instituto Federal Electoral (IFE), de aquí en adelante, está firmemente asentada ante el sistema judicial y ya no habrá jueces que concedan amparos facilones. Pero no sólo eso, la Corte ha decidido ir un tanto más lejos todavía. Determinó hacer públicas sus ponencias, previas a sus laudos finales, con lo que se empuja, de manera específica, la apertura informativa, soporte de una adecuada rendición de cuentas. Ello obligará, entre otras muchas consecuencias derivadas, a una actitud similar en otras instituciones, el IFE, por ejemplo, donde todavía se retienen, fuera del escrutinio ciudadano, áreas críticas de discusión y acuerdos.
La maniobra del oficialismo para controlar daños, apresurando su tardía disposición a proporcionar detalles de sus operaciones bancarias al IFE, quedó desarmada y ahora se aproxima la hora en que los panistas, sus amigos y el gobierno empiecen a pagar facturas pendientes, que son muchas y algunas de ellas pueden llegar a ser harto onerosas. Cuatro, cuando menos, son las faltas administrativas en que incurrió el PAN, sujetas a penalidades. Una por no reportar ingresos. Otra por excederse del tope de campaña autorizado. Una más por recibir dinero de empresas (personas morales) y la cuarta debida a los montos prohibidos que, tanto personas físicas como morales, le transfirieron. Quedan, sin embargo, por determinar un quinto, un sexto y hasta un séptimo pecadillo adicional: la procedencia externa de los recursos, sus implicaciones fiscales (C. Robinson) y el tortuoso circuito con que se trató de disfrazar tal delito electoral (lavado de dinero). Estos sí que pasarían a niveles mayores, donde la misma figura presidencial quedaría en entredicho y con problemas de legitimidad.
Se tiene, trasmina hacia el público, una extendida como fincada confianza en los consejeros del IFE para que lleguen a las conclusiones debidas en el caso Amigos de Fox, a pesar de las extremadamente graves consecuencias que de éste pueden derivarse. Los balances internos del organismo, y que se han probado con éxito, aseguran el cumplimiento de una tarea por demás relevante para la vida pública de la nación. De no hacerlo así, tendrán que vérselas con la crítica social, con las posturas que, sin duda, adoptarán algunos consejeros o con la acción inmediata que desatarán en otros partidos (el PRD y el PRI) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El financiamiento indebido de la campaña de 2000 que hicieron tanto el PRI como el PAN ha pasado a ser, sin proponérselo, una especie de reactivos donde se prueba la reciedumbre del entramado institucional de la República. Han ido obligando a varios organismos a tomar parte en un proceso vital para finiquitar la transición democrática de México. Así, han participado de variadas formas y maneras, el IFE, la Suprema Corte, el TEPJF, los partidos mismos (mención especial del PRD), algunos jueces de amparo y tribunales colegiados, la Secretaría de la Contraloría y los medios de comunicación. Faltan por dejar asentados sus papeles tanto la Cámara (desafuero) como la Secretaría de Hacienda (lavado de dinero y delitos fiscales) y la Procuraduría General de la República. Esta última, envuelta en nebulosas sin fin y en dudas crecientes de su eficacia, independencia, confiabilidad y real capacidad por cumplir con su cometido en estos asuntos, sobre todo en lo que toca a los Amigos de Fox. Lo cierto es que todas estas instituciones y sus personajes han entrado en una especie de aprendizaje, de prueba y error, que ha ido sedimentando reflejos, normas, jurisprudencia y criterios que, en última instancia, harán de la nuestra una mejor vida política.
