ChoicePoint la hace de Big Brother para Washington

Sesenta millones en México, vulnerables al espionaje de EU

Oscuro pasado de la empresa que presuntamente compró la información sobre licencias: GDF

BERTHA TERESA RAMIREZ

Las autoridades capitalinas investigan la presunta venta del registro de licencias local a la empresa estadunidense Choice Point, informó el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez.

De acreditarse esta irregularidad, dijo, el gobierno abrirá un proceso judicial ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para identificar al responsable. Sin embargo, el funcionario advirtió que tratándose de un asunto internacional, los canales para iniciar dicha investigación son fundamentalmente federales.

Aun cuando no se tiene identificado el año del que dataría el padrón de licencias que presuntamente habría adquirido la empresa estadunidense, el Gobierno del Distrito Federal irá a fondo en la investigación que realiza para conocer cómo estaría operando esta información ChoicePoint.

Encinas Rodríguez dijo que hasta ahora los informes recabados sobre la citada empresa revelan que se trata de una compañía que tiene su sede en Atlanta y se presenta como líder en el manejo del sistema de servicios de identificación y verificación de credenciales individuales.

Añadió que se trata de una empresa que tiene un pasado oscuro, la cual sin embargo ha tenido a su cargo investigaciones importantes en Estados Unidos, ya que a través de su laboratorio de DNA hizo la identificación de las víctimas del 11 de septiembre; al mismo tiempo es la asesora del sistema de seguridad y transportes de la administración Bush.

En torno al padrón electoral federal, que según versiones periodísticas tambien se vendió a ChoicePoint, el funcionario dijo que el gobierno de México debería efectuar una investigación a fondo; para ello podría recurrir a varios mecanismos. El primero es que el IFE interponga una denuncia para que se hagan las investigaciones correspondientes por parte de la Procuraduría General de la República.

Un segundo camino sería que a través de la Secretaría de Economía se presentara una queja ante la Comisión de Controversias del Tratado de Libre Comercio.

En tercer lugar, agregó, el gobierno puede solicitar la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que esta información se utilice para controlar a la población mexicana que emigra a Estados Unidos.