Magdalena Gómez
Los indígenas no son indigentes
El debate de los últimos años en materia indígena se abocó a responder a la clase política, lo cual impidió compartir con analistas y estudiosos de temas colindantes o referidos a la problemática indígena. Es el caso de la reciente referencia en el sentido de que 83.4 por ciento de los indígenas "son indigentes", así como de la definición que se da a esa condición: "son los miembros de aquellos hogares que cumplen, en promedio, menos de la mitad de las normas de ingreso, tiempo y necesidades básicas (Boltvinik Julio, Economía Moral, La Jornada, 11/4/03).
El concepto de indigencia empleado alude a indicadores de pobreza; si bien éste sería uno de los elementos de la indigencia, de ninguna manera define al conjunto del fenómeno de la misma, caracterizado por un proceso de desafiliación comunitaria y familiar que coloca a la persona en condiciones de absoluta imposibilidad de valerse por sí misma; en muchas ocasiones tan extrema soledad se acompaña con cuadros de padecimientos mentales y físicos. Si bien es cierto que la pobreza acompaña a la indigencia, en este caso es la pobreza emocional y social la que lleva a un individuo a la indigencia, por ello en diversos países se definen políticas de atención a los indigentes que buscan promover su reinserción social. Obviamente, no tienen nada que ver con las que se han definido desde el Estado para los pueblos indígenas, así hayan sido de corte asistencialista.
Por lo tanto, como regla general, los indígenas en extrema pobreza están lejos de corresponder a la situación de indigencia, ni en lo individual y menos aun como pueblos; precisamente la fortaleza que les da la vida comunitaria permite que no encontremos en sus pueblos niños abandonados cuando pierden a sus padres, a mujeres solas o a ancianos que vivan solos y sin cuidados. Inclusive esos vínculos no se pierden cuando algunos emigran de manera temporal o permanente, pues mantienen la cooperación comunitaria y, por supuesto, a la familia, traslados que si bien son generados por la pobreza lisa y llana, aún los coloca a mucha distancia de la indigencia.
Es importante distinguir estas situaciones para comprender cómo es que persisten estos pueblos a pesar del ambiente de pobreza y exclusión jurídica. Una de sus fuentes de defensa radica en los valores comunitarios, que, por lo demás, hoy en día no son exclusivos de los pueblos indígenas, ya que en barrios y colonias urbanas se practican también redes de solidaridad. Por ello, pese a las dramáticas cifras de pobreza y pobreza extrema no tenemos, por ejemplo en la ciudad de México, la cantidad de indigentes reales, desafiliados, que plantearía la mera correlación de datos sobre acceso a indicadores básicos.
Una visión como la planteada por Boltvinik, seguramente al margen de su intención, se conecta con quienes han promovido la noción de "grupos vulnerables" que las organizaciones indígenas han cuestionado activamente, sobre todo en su proceso de lucha por el reconocimiento de derechos, en especial de la autonomía, que justamente es una de las vías que demandan para definir sus estrategias de desarrollo y combate a la pobreza.
Los indígenas demandan reconocimiento y participación como pueblos incluso en la definición de políticas públicas, situación muy lejana a la actual oferta del gobierno federal y al marco constitucional aprobado en 2001. Todos estos años se ha enfrentado desde el Estado la demanda indígena con la visión de que es la pobreza y no la falta de derechos el problema y a la vez se ha eludido el reconocimiento de que las políticas que han aplicado por décadas no han resuelto la situación de extrema pobreza de los pueblos indígenas.
Por otra parte, es justo señalar que mi objeción al concepto de indigencia endosado a los indígenas no impide valorar el trabajo del autor de la columna semanal Economía Moral, pues ofrecer un panorama de los principales indicadores de la pobreza relativa a indígenas es, sin duda, una herramienta indispensable para determinar la magnitud del fenómeno, muy útil para el movimiento indígena, y en teoría debería ser un referente para la definición de la propuesta gubernamental.
