Resuelve la Contraloría sobre denuncia de diputados panistas

Sancionan a 3 ex funcionarios del GDF

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

La Contraloría General del Distrito Federal resolvió aplicar sanciones a Agustín Granados, Roberto José Antonio Peniche Sotres y Juan López Zertuche, ex funcionarios de la jefatura de Gobierno durante la gestión de Rosario Robles, al quedar acreditada plenamente su responsabilidad administrativa en diversas irregularidades.

Así, sancionó con un año de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Granados y a Peniche, ex director general de comunicación social y ex coordinador administrativo de la dirección general de comunicación social, respectivamente, mientras que a López Zertuche, ex director jurídico de la Oficialía Mayor del GDF, se le sancionó con la suspensión de sueldo y funciones por tres meses en el empleo, cargo o comisión que venga desempeñando en la administración pública.

De acuerdo con la resolución emitida por la Contraloría capitalina sobre la denuncia que presentaron los diputados locales del PAN Federico Doring y Walter Widmer, y el federal Mauricio Candiani Galaz, en contra de los tres ex servidores, por considerar que contravinieron disposiciones del Estatuto de Gobierno del DF, la Ley de Adquisiciones, el decreto de Presupuesto y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se encontraron elementos para sancionarlos.

En el documento se precisa que no "hay evidencia de que Agustín Granados con su conducta haya causado algún daño económico a la administración pública del GDF; sin embargo, sí puso en riesgo el erario local, ya que en la formalización y ejecución de los diversos actos contractuales se evidenciaron los vicios de los que adolecen".

Asimismo se establece que la antigüedad de Granados en el servicio público era de 14 meses, por lo que se le puede ubicar como una persona de poca experiencia en el desempeño de esta actividad.

Por lo que resuelve: "acreditada la responsabilidad administrativa en que incurrió esta autoridad resolutiva considera justo, equitativo y legal sancionarlo con la inhabilitación temporal por el término de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público".

En el caso de Peniche Sotres se señala que no hay elementos que permitan presumir que en las conductas que se le atribuyen hayan sido deliberadas; "sin embargo, del cúmulo de irregularidades que se le atribuyen y por la naturaleza de las mismas, las que se refieren especialmente al manejo del presupuesto que se le otorgó a la Dirección de Comunicación So-cial, quedó acreditada una reiterada violación a diversos preceptos legales a los que estaba obligado a observar".

De López Zertuche se manifiesta que la irregularidad que cometió en su carácter de director jurídico de la oficialía mayor no hizo las observaciones pertinentes para evitar que los actos contractuales adolecieran de diversas inconsistencias, pese a que contaba con los elementos necesarios, "lo cual originó la negligencia con la cual realizó el servicio que le fue encomendado".