El despertar de los pueblos indios, cada día más extendido y fuerte, no tiene por qué poner en riesgo la convivencia pacífica de todos los mexicanos. Es, por el contrario, la oportunidad histórica para saldar cuentas con un pasado indigno, de ceguera, injusticia y abandono, para abrir paso a una tolerancia y pluralidad sin precedente. Quizás entonces podamos hablar de "democracia" sin dobleces.

Ante los vientos de guerra y vasallaje imperial que soplan sobre nuestras cabezas (todas las cabezas del planeta), habrá quien diga: "malos tiempos para la democracia" (las libertades, la igualdad, la paz). No, si se toma la decisión de resistir y compartir la resistencia.

Resulta evidente que en los esquemas de dominación domésticos y foráneos se consideran necesarias la división, la represión, la agudización de los conflictos, la supresión del "otro". El campo mexicano es hoy el escenario "privilegiado" de esta estrategia que permea las acciones y omisiones del Estado y los grandes propietarios; ellos quieren un México dividido. Que entre la sociedad mayoritaria y los indios medie un abismo. Que los campesinos firmen su acta de defunción y se enrolen en la maquila, la errancia y el desarraigo. Que los pobres, en general, dejen de importunar a los ricos.

No llamaremos aquí "mestiza" a la sociedad mayoritaria, pues en este país todos participamos, incluso los indígenas, en continuos y portentosos mestizajes --no sólo, y no necesariamente, en sentido étnico; también cultural, político, religioso, lingüístico.

Del Bernalejo en Durango/Zacatecas al ramillete de "conflictos" avivados en Oaxaca y las resistencias efervescentes en Puebla, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas, prueban que los indígenas han tomado la conducción de su propio destino. ¿A quién le importa ya el viejo indigenismo, a quién el nuevo altruismo sahaguniano?

Facciosos y racistas, los gobernadores Ricardo Monreal, José Murat, Miguel Alemán y Arturo Montiel impiden las conciliaciones, agudizan el descontento indígena y garantizan la continuidad de la represión.

La atonía del gobierno federal permitió que fracasaran las reformas para legislar los derechos de los pueblos indios. Un Congreso de la Unión irresponsable y manipulado fue incapaz de escuchar a los pueblos y permitir que el Estado honrara sus compromisos. Cómplice y pasivo, el poder judicial consideró "improcedentes" las impugnaciones de los pueblos indígenas (y sectores amplios de la sociedad civil) a las reformas aprobadas: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró impotente, siendo que no lo era.

¿Qué poderes son éstos que, ante sus responsabilidades más elementales, optan por la impotencia? Érase un grupo político que vendió la idea del cambio para garantizar que nada cambiara.

Que el Estado se encuentre tan lejos del acuerdo entre mexicanos y tan cerca de los compromisos (comerciales, políticos, militares, legislativos) impuestos por Washington, no resta claridad ni urgencia a las demandas indígenas y campesinas. Los pueblos saben, primero que nadie, que tienen la razón. Que si ellos ganan, el triunfo será de todos, aún más grande y generalizado (y generoso) que haber sacado al PRI de Palacio.

Cuando los derechos de los pueblos indios sean reconocidos realmente, sólo los enemigos de México podrán sentirse derrotados.