La decisión da la razón el Ejecutivo local en su disputa con la ALDF: consejera jurídica

Sin efecto, la controversia en torno al SUVA, resuelve la Corte

El recurso interpuesto por los diputados de PRI, PAN y PVEM quedó sin materia al aprobar la Asamblea Legislativa la nueva Ley de Transporte, explica María Estela Ríos

ELIA BALTAZAR Y RAUL LLANOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobreseer la controversia constitucional presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por su negativa a obligar a los automovilistas del DF a contratar el Seguro Unico de Vehículos Automotores (SUVA). El argumento central fue que la ALDF le fijó al gobierno de la ciudad, en diciembre pasado, un plazo de cuatro meses para emitir el reglamento de la Ley de Transporte, y con ello "quedó sin materia".

El 20 de mayo del año pasado, las fracciones de PRI, PAN y PVEM interpusieron dicho recurso legal ante el máximo tribunal del país, alegando que la administración capitalina incumplía con las normas en materia de transporte, según las cuales los automovilistas que circulan en esta ciudad tendrían que contratar un seguro de daños a terceros, o se harían acreedores a una multa de 20 salarios mínimos.

La controversia constitucional siguió su curso en la Corte, pero el 11 de diciembre de 2002 dichas fracciones, y además la del PRD, aprobaron la nueva Ley de Transporte del DF, donde se establecía la obligación del SUVA, pero se incluía un artículo en el cual se fijaba un periodo máximo de cuatro meses para que el jefe de Gobierno emitiera el reglamento respectivo, mismo que tendría que especificar el mecanismo de aplicación de las multas.

Ante esta situación, la segunda sala de la SCJN decidió sobreseer la controversia, pues los cambios aprobados por los legisladores dejaron sin efecto el recurso legal. No obstante, si el jefe de Gobierno no reglamenta en ese plazo, la Asamblea Legislativa del DF podría volver a acudir a la Corte para entablar una nueva inconformidad.

De acuerdo con la consejera jurídica del Gobierno del DF, María Estela Ríos, la resolución de los ministros deja sin materia y sin efecto el recurso presentado por los legisladores. Aunque la funcionaria advirtió que las autoridades capitalinas no han sido notificadas del fallo de la Corte, consideró que los ministros de la segunda sala tomaron en cuenta el hecho de que la base de la controversia es el artículo 66 de la Ley de Transporte, que ya no está vigente, pues fue modificada en diciembre pasado. Es decir, hay una nueva ley, que dejó sin efecto la anterior, por lo que no hay materia.

Aunque la nueva legislación en materia de transporte incluye en su artículo 67 la obligación del jefe de Gobierno de reglamentar las multas para quienes no contraten el SUVA, también le otorgó cuatro meses para llevar a cabo la reglamentación.

Los cuatro meses, sin embargo, no significan un plazo perentorio para que el jefe de Gobierno cumpla con la aplicación de multas, pues en este caso las autoridades se reservan su derecho a "dejar madurar la ley" y analizar si en realidad hay necesidad de reglamentar. Y "hasta ahora se cuenta con un reglamento de tránsito vigente, que se aplica".

El fondo de la disputa, para las autoridades capitalinas, es defender la facultad que otorga la Constitución al Ejecutivo local para reglamentar si lo considera necesario.

Es decir, el Poder Legislativo no puede imponer al Ejecutivo la obligación de elaborar un reglamento, explicó la consejera. María Estela Ríos aseguró que incluso hay jurisprudencia en la Corte que da la razón a las autoridades del DF en el tema de las facultades del Ejecutivo.