El remate de los bienes no alcanzará ni para cubrir 2% de los adeudos

Decretan la quiebra de Banco Unión y Banco Obrero; venderá activos el IPAB

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En una decisión histórica, una autoridad judicial decretó la quiebra de las instituciones financieras Banco Unión y Banco Obrero, intervenidos desde 1994 y 1997.

El juzgado duodécimo de distrito en materia civil ordenó la venta de los activos de esas instituciones y el pago de por lo menos 200 mil millones de pesos, para subsanar las obligaciones vencidas y no vencidas de ambos bancos.

Pese a que desde finales de 2001 a ambos bancos les fue retirada la autorización para seguir operando, para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) la existencia de Banco Unión y Banco Obrero le representaba reconocer créditos que deberían ser pagados por el erario.

Según la decisión del juez Guillermo Campos Osorio, la solicitud de reconocimiento de quiebra promovida por el IPAB resultó procedente toda vez que incurrieron en incumplimiento generalizado de pagos y obligaciones.

En ambos casos, el representante del Poder Judicial de la Federación ordenó al IPAB que venda los activos fijos y circulantes, así como sus bienes muebles, inmuebles y derechos, en busca de obtener el mejor dinero posible para pagar a los acreedores.

De acuerdo con información obtenida, al 19 de diciembre de 2002, Banco Unión tenía un total de pagos vencidos y no vencidos por 113 mil 862 millones 476 mil pesos.

Ahora el IPAB tiene la necesidad de obtener por la venta de sus activos, cuando menos, mil 651 millones de pesos.

Sin embargo, los activos líquidos con que cuenta Banco Unión para cubrir sus deudas es de apenas 1.7 por ciento del total, y el número total de acreedores es de 912 personas morales, entre ellas Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, dependiente del Banco de México.

Banco Unión fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en septiembre de 1994, por insolvencia. Sin embargo, las investigaciones revelaron que Carlos Cabal Peniche, presidente del consejo de administración, había desviado 25 millones de dólares, que fueron puestos a disposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo 1992-94, mediante varios fideicomisos de la propia institución.

Posteriormente, ya intervenido, el 30 de septiembre de 1999 se cedió su cartera de créditos a otra institución que se encargaría de recuperarlos durante el lapso de cuatro años. JP Morgan fue el banco designado como agente colocador.

Banco Obrero fue intervenido en mayo de 1997. Sólo tiene seis acreedores, pero en el juzgado se pudo establecer que durante su operación se cometieron graves irregularidades y se entregaron créditos a empresas inexistentes.

El total de las obligaciones vencidas asciende a más de 10 mil 383 millones de pesos, y sus activos líquidos apenas suman 181 millones 657 mil pesos, es decir, apenas podrá cubrir 1.74 por ciento de sus deudas con la venta de sus activos.