"Los carniceros de hoy al servicio del Presidente
serán las reses del mañana": Fidel Herrera
Con base en certezas razonables, el IFE ratifica
multa histórica al PRI
Por más dudas que haya "todos saben que el dinero
fue enviado desde Pemex": Pablo Gómez
MIREYA CUELLAR Y ALONSO URRUTIA
Fue un ajuste de cuentas, un desquite histórico.
Mil millones de pesos de multa al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) por "todos los robos multimillonarios de fondos de la nación".
Miguel Angel Yunes entró ufano al salón de sesiones del IFE,
pero acababa de ocupar su asiento en el redondel cuando trastabilló.
Comenzó a hablar y José Woldenberg lo regañó
por desconocer el reglamento de sesiones del consejo; le pidió que
esperara turno y se tuvo que callar. Ya no pudo levantar la cabeza.
Esta sesión de consejo, decía el diputado
priísta Ranulfo Márquez, es "una revancha", "una catarsis
histórica". Pero nada pudieron hacer los del tricolor. "El
arma secreta" que presumió Fidel Herrera por la mañana -según
esto, lista para ser disparada durante el consejo- nunca apareció.
No hubo siquiera un petardazo.
Cien millones de dólares
La
correlación de fuerzas en el Consejo General del Instituto Federal
Electoral permitió que, a partir de una serie de "certezas razonables"
se pudiera dictaminar que el PRI recibió 500 millones de pesos del
sindicato petrolero. La tradición dice que la multa es por el doble
del monto no declarado a la autoridad electoral. Así que le recetaron
mil millones de multa, la más alta de la historia. A ningún
partido en ningún lugar del mundo se le ha sancionado así:
casi cien millones de dólares.
"Los carniceros de hoy al servicio del Presidente serán
las reses del mañana", sentenciaba Fidel Herrera en los pasillos
del IFE, afuera del salón de sesiones, porque tuvo que ceder su
asiento a Yunes, encargado de la defensa jurídica en el Pemexgate.
Pablo Gómez, representante del PRD ante el IFE,
fue el más vehemente en sus acusaciones. Que el PRI dispusiera de
los recursos públicos (de los contribuyentes) para financiarse era
"natural, consuetudinario, costumbrista". Así que el "hecho histórico
es que por primera vez será sancionado por ello". Por más
"dudas jurídicas" que pueda haber, "todos en el país saben
que el dinero fue enviado desde Pemex". Buscar las firmas de Labastida
y Zedillo "es tiempo perdido". Se trata de un acto de "justicia a secas",
"un acto testimonial de dignidad. Que venga la multa", clamó Gómez.
"Nos están sancionando con base en prejuicios y
suposiciones", intentó revertir Yunes. Jugó a lo largo de
la sesión con dos posiciones: la de víctima y la de inquisidor.
Ninguna se le dio, pero acusó al IFE de convertirse en un "instrumento
del poder", a José Woldenberg de decir mentiras, a Alonso Lujambio
de "tibio" frente a las investigaciones contra los Amigos de Fox. Una revoltura
de argumentos y actitudes que al final lo llevó a enfocar las baterías
contra sus propios compañeros de partido.
Fue así como reclamó a los consejeros que
sus "suposiciones" y "certezas razonables" no los llevarán a concluir
que los 500 millones de pesos que salieron de Pemex fueron a dar a las
dos asociaciones civiles creadas por los amigos de Francisco Labastida.
Hizo señalamientos muy precisos. Joel Hortiales y Andrés
Heredia -dijo Yunes- eran parte de Impulso Democrático AC. ¡Ah!
y Jorge Cárdenas, el secretario de Finanzas de PRI, era también,
recordó, secretario técnico de Nuevo Impulso, la otra asociación
que se formó en torno a Labastida.
Y es que no hay "pruebas documentales" de que el dinero
que salió de Pemex ingresó a las arcas de la campaña
priísta, así que pudo haber ido a las asociaciones de los
labastidistas, alegó Yunes. El IFE fue atando eslabones, juntando
piezas y en el rompecabezas le faltó esa donde se dijera de puño
y letra (en una firma sobre un cheque, en un oficio, en un estado financiero)
que los dineros se recibieron en Insurgentes y Violeta. Para los consejeros,
los documentos firmados por los priístas que recibieron el efectivo
en el banco son prueba suficiente de adónde fueron a dar.
"Particular astucia" del PRI
El presidente de la comisión de fiscalización
convino entonces en que la manera en que se urdió la trama no revela
otra cosa que la "particular astucia" del PRI para cometer el delito.
Woldenberg y Mauricio Merino dijeron no tener dudas sobre
el diseño del PRI para llevar adelante la operación: Hubo
68 retiros (de una cuenta del sindicato petrolero) concatenados hasta sumar
500 millones de pesos efectuados en 10 días (del 9 al 20 de junio
de 2000) en los que participaban siempre dos personas, es decir, los retiros
se hicieron siempre en pareja, y para más señas, los encargados
de los retiros, Alonso Veraza, Andrés Heredia y Joel Hortiales,
testificaron ante la PGR que llevaron el dinero al PRI.
José Barragán, el único consejero
que se abstuvo, consideró que el dictamen estaba ''mal hecho'' y
''mal fundado'', porque nunca prueba que el convenio mediante el cual Pemex
le entregó los recursos al sindicato fuera ilegal. Según
él, ese era un aspecto que se debió precisar. Y al llamado
de Pablo Gómez en el sentido de que nadie debía votar en
contra o abstenerse porque lo estaría haciendo ''a costa de su propia
dignidad'', Barragán respondió que vivimos en "un estado
de derecho, no en un estado político".
Principalmente sobre este asunto gravitó la sesión:
la pertinencia política de multar en este momento al PRI. Acosado
toda la semana por los señalamientos de encabezar un "operativo
de Estado" contra el tricolor, Woldenberg respondió:
"el IFE no es un órgano para dispensar indulgencias, en el IFE no
hay fobias ni nos colocamos en los zapatos de los adversarios del PRI;
hay, eso sí, cumplimiento estricto de la ley, y si cualquier otro
actor hubiera cometido esta misma conducta tendría idéntica
sanción".
Las pruebas, como techos de cartón
¿Era
el momento adecuado para sancionar al PRI?, se escuchaba en corrillos en
los pasillos del IFE. El propio Jaime Cárdenas comentó fuera
del salón que había "una perversidad política" en
eso de los tiempos. Pablo Gómez planteó que era inútil
esperar a conseguir nuevas pruebas, porque ''después del desastre
priísta del 2 de julio de ese año, los recibos, la contabilidad
de más de 500 millones de pesos, es convertida en láminas
de cartón para ser repartidas en Ecatepec (...) Las pruebas documentales
del gasto no las tiene el IFE ni el Ministerio Público; sirven de
techo precario en las viviendas de las víctimas de la corrupción
pública".
Jaime Cárdenas objetó algunos aspectos del
dictamen por considerar, precisamente, que era importante hacer nuevas
indagaciones para poder sancionar al PRI con una multa más alta.
Por eso Barragán dijo: ''nos precipitamos''.
¿Por qué no respetar los principios constitucionales
de equidad y de igualdad en la contienda sincronizando la solución
de las denuncias contra el PAN y el PRI?, ¿por qué violenta
y arbitrariamente cerrar la instrucción por acuerdo del presidente
del consejo y anunciar la sanción al PRI cinco días antes
de las elecciones del estado de México?, cuestionó Miguel
Angel Yunes.
Al final el único que terminó defendiendo
al PRI fue Gustavo Riojas, de la Sociedad Nacionalista, porque su nuevo
aliado electoral, el Verde Ecologista, guardó silencio durante toda
la sesión, y Jorge Alcocer, ex colaborador de Francisco Labastida
en el PRI y hoy dirigente de Fuerza Ciudadana, ni siquiera se paró
por la sesión de consejo.
Convencidos de que el PRI merecía la multa, los
consejeros hicieron oídos sordos a las amenazas de apelar ante el
tribunal para que ''por enésima vez'' le ''enmiende la plana al
IFE'', porque, como diría uno de ellos al final de la sesión,
ya sin micrófonos, ''no es buena la venganza, pero sí la
desquitanza". O como resumió el consejero Jesús Cantú:
"prescindir de las presunciones" del caso podría llevar a la impunidad.
